COLUMNAS
Necesario paréntesis (II)
Si aquello se hubiera hecho, se habrían fortalecido los aciertos y corregido los errores.
15) La decisión de Guatemala de convenir esta Comisión con la Organización de las Naciones Unidas fue una decisión valiente a la que muy pocos países en el mundo jamás se atreverían –quizá ninguno, incluidos los donantes–todos, absolutamente todos, sin excepción alguna susceptibles de precisar, en más de algún tema, de esfuerzos semejantes.
(16) Tal y como se habla erróneamente de la Comisión como una Comisión de las Naciones Unidas –que no lo es– también se habla erróneamente de esta como de una comisión contra la corrupción, palabra, la de corrupción ¡increíble, pero cierto! que no se menciona ni una sola vez en el tratado; tratado pensado, y así ratificado, para la defensa de los derechos humanos de grupos y aparatos clandestinos de seguridad que atentan contra los mismos, la desarticulación de esos grupos y aparatos y la persecución y castigo de los crímenes por estos perpetrados.
(17) La Comisión, desde el final de su tercera prórroga, empezó a preocuparse del tema corrupción y a desarrollar una lucha de resultados variopintos en contra de la misma, mediáticamente impresionante en algunos casos, como la renuncia y procesamiento de la vicepresidenta y del presidente de la República, ambos sin sentencia pero –desde hace más de tres años– en prisión preventiva; la detención y procesamiento de un expresidente de la República y de su Gabinete, en pleno, incluido quien fue su ministro de Finanzas Públicas, como consecuencia de haber sancionado y refrendado un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros por ser este inconstitucional –a criterio de la acusación– inconstitucionalidad que incluso, hasta la fecha, no ha sido declarada por tribunal alguno, libres y sin persecución –por el contrario– los empresarios que se habrían beneficiado del acuerdo, con defraudación del patrimonio del Estado y sin persecución alguna, para recuperarlo, la totalidad del dinero defraudado. Luces y sombras, entre estas últimas, la mediatización publicitaria de los casos y sus fracasos en acusaciones internacionales en España, en Austria e incluso en Suiza, donde se repite el proceso que instara, así como las detenciones rechazadas en España por considerarlas inconsistentes.
(18) La lucha contra la corrupción interesa sobremanera al Gobierno de la República y a todos los Guatemaltecos, y por ello, precisamente, fue por todos bien recibida y alentada, pese a no encontrarse
contemplada en el acuerdo.
(19) El acuerdo celebrado entre Guatemala y la ONU dista mucho de ser un acuerdo perfecto y, tan imperfecto es, que salta de su cláusula doce a la catorce (no contiene cláusula trece) pequeño error –podrá pensarse– pero que dice mucho de su cuido. Sin embargo, su mayor defecto no fue su redacción y contenido originales, sino el no haber previsto su modificación, importante modificación, por ejemplo como la de haber adicionado entre sus fines la lucha contra la corrupción y haberla dotado de todos los elementos necesarios para hacerla triunfar, necesariamente apolítica, como bien lo señalara la embajadora de los Estados Unidos de América ante la ONU, y realizada más como lo hace el FBI, en el sentido de que todos saben que hace su trabajo pero que no pretende acaparar las primeras páginas de los medios de comunicación social todos los días.
(20) Encantados estuvieron algunos funcionarios internacionales al visitar Guatemala cuando supieron de tantos detenidos por corrupción, pero quedaron escandalizados de inmediato cuando supieron que tan solo se encontraban en prisión preventiva, sin condenas y propiciándose, con tal medida, la percepción de una eficiencia inexistente.
(21) El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y la rosca de funcionarios que constituyen su rosca (en todas partes se cuecen habas y la ONU no constituye excepción alguna) no son sino servidores de la misma, Organización integrada por los Estados miembro, uno de ellos, Gua-
temala, siendo grave la responsabilidad de ese secretariado y concretamente del secretario general, de no haber atendido la solicitud formulada por Guatemala a la Organización en agosto de 2017 –hace más de un año– cuando se le pidió NO la remoción del comisionado de la Comisión, sino la auditoría y evaluación de su mandato, aciertos y errores, evaluación y auditoría que, hasta la fecha, con la insolencia e ineficiencia que ello implica, no se ha realizado: Responsable directo, el secretario general, de que Guatemala, un año después de haber hecho aquel requerimiento y un año antes del vencimiento de la última prórroga, haya decidido y notificado a la Organización que ya no prorrogaría más su mandato, por lo que este, inexcusablemente, deberá concluir el 3 de septiembre de 2019, fecha en la que habrá de haber ya transmitido todas sus capacidades a nuestras instituciones ordinarias y finalizado su total desmovilización. También responsable directo, el secretario general, de que se haya decidido, adicionalmente, que no ingrese más al país el comisionado. Lo que la evaluación y la auditoría quisieron superar se encargó el secretario general,
–por culpa o dolo sea suyo o de su rosca– que no se superara. Si aquello se hubiera hecho, se habrían fortalecido los aciertos y corregido los errores; no se habría cerrado el camino para que otros Estados buscaran intentarlo y no se habría puesto en riesgo que el dinero de los donantes –el dinero de sus contribuyentes– pudiera dejar de alcanzar –al menos a plenitud– sus generosos objetivos, extremo este que, poco a poco, ya lo ha comprendido uno, llegarán a comprenderlo todos.
Continuará, “este largo paréntesis”.
Patricia Orantes Alarcón
patricia.orantes @gmail.com
Durante mucho tiempo las estrategias de las empresas solo buscaban maximizar el rendimiento para los accionistas y los inversionistas.
No había expectativa alguna de cumplir los objetivos de preservación ambiental o de responsabilidad social. La empresa se destinaba a cumplir las demandas únicas de sus
propietarios.
Sin embargo, hoy el escenario es diferente, ya que las organizaciones compiten en un contexto más complejo. Actualmente las entidades no solo toman en cuenta a los grupos de interés, sino a las generaciones futuras (Chiavenato & Sapiro, 2011).
Por ello, cada vez es evidente que el interés estratégico de las organizaciones es operar en ambientes saludables, considerando el ambiente y el entorno socioeconómico, porque solo en esas condiciones los mercados encuentran la oportunidad de crecer y prosperar.
El concepto de desarrollo sostenible en el ámbito internacional aparece en 1987 en un informe de las Naciones Unidas, en el que los habitantes del planeta gozan del derecho a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano.
Así el desarrollo sustentable, que satisfaga las demandas de todas las partes interesadas, se integra a la agenda de todo proceso de planeación estratégica de una organización cualquiera cuya meta sea alcanzar resultados de modo sustentable a largo plazo.
Por otro lado, también es evidente que el desarrollo sustentable no será tarea de una organización de manera aislada. El desarrollo sustentable es un concepto que extrapola los límites tradicionales de la organización y se necesita la participación de todos (del Gobierno a los consumidores, de los distribuidores a las ONG).
Así identificar y armonizar los intereses de los diferentes grupos objetivo en una premisa del concepto del desarrollo sustentable, que fomentará la credibilidad y el valor a largo plazo de las organizaciones según los autores Chiavenato & Sapiro.
De acuerdo con estos autores, se puede definir el desarrollo sostenible como patrón de uso de recursos y que al mismo tiempo cumpla las demandas humanas y organizacionales, preserve el ambiente de manera que no comprometa los recursos y las necesidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias demandas y necesidades.
Por su parte en el portal web https://www.certificaciondesustentabilidad.org/comunicacion-sostenible.html define a la comunicación sostenible como aquella que tiene como principal objetivo acompañar, facilitar y promover las formas sostenibles de desarrollo humano para sociedades sostenibles.
Asimismo, promueve los valores de la sustentabilidad, el diálogo, la identidad, la transparencia, la legitimidad, la gobernabilidad; crea comunidad y aumenta la sostenibilidad del sistema en su
conjunto.
Los medios de comunicación constituyen un agente moderador social de primer orden y pueden ser utilizados como un instrumento de control importante capaz de investigar y denunciar acciones inapropiadas de los poderes públicos, así como de educar, sensibilizar y movilizar acciones en defensa de los problemas ambientales.
La sociedad escudriña a las organizaciones a través de los medios de comunicación para analizar su accionar y decidir si les renueva o no la licencia social para operar. Ya no alcanza con hacer las cosas bien, sino que además hay que hacer que se sepan.
En este portal indica que aquello que no está en la arena mediática no es de dominio público por lo tanto prácticamente deja de existir.
A este problema se suma que la opinión pública considera que aquello que se transmite a través de los medios de comunicación y de interacción social es la realidad, y que además es verdad, desconociendo que solo hay que mirar, escuchar, leer y relacionarse con los medios para saber qué es lo que éstos dicen de la realidad.
Mathieu González
Facultad de Artes Liberales
Si en los próximos meses Ucrania logra mantener tanto el corredor de exportación agrícola, como también dañar de forma importante la capacidad de refinar petróleo de Rusia, la guerra evolucionará favorablemente en su dirección.
Respecto a sus respectivos aliados, Rusia ha logrado mantenerse a flote gracias a la masiva ayuda militar de Irán (especialmente en cuanto a drones) y de Corea del Norte (sin los millones de obuses de artillería que esta última ha enviado, la artillería rusa estaría enfrentando problemas similares a los de la ucraniana).
A cambio de esta ayuda, Rusia ha ayudado a ambos países a violar las sanciones de Naciones Unidas que ella misma había aprobado anteriormente en el Consejo de Seguridad. Una reciente investigación ha mostrado cómo Rusia ha entregado importantes cantidades de petróleo a Corea del Norte por su apoyo (lo cual es otra muestra de la importancia que tiene para la estrategia ucraniana atacar la industria petrolera rusa).
Rusia ha logrado mantenerse a flote gracias a la masiva ayuda militar de Irán.
En cuanto a los apoyos a Ucrania, estos últimos meses han visto aumentar la separación entre Europa y Estados Unidos. En el lado europeo, el apoyo de los países escandinavos, bálticos y la mayoría de Europa Central y Oriental, así como del Reino Unido, sigue firme.
Notable es la evolución francesa con Macron, quien hace dos años tenía una posición y un discurso ambiguo respecto a Ucrania, y quien hoy en día se ha transformado en uno de sus principales apoyos.
Alemania continúa con su política de entregar ayuda militar masiva, pero se niega a proporcionar a Ucrania armas como los misiles Taurus, que podrían permitirle asestar golpes catastróficos a las capacidades rusas.
Al otro lado del Atlántico, la ayuda a Ucrania se encuentra bloqueada por disputas internas dentro del partido republicano y por la posición favorable a Putin de parte de Trump.
Continuará…
Felipe Schwember Augier
Profesor investigador de Faro UDD
Seguramente no resulta una temeridad conjeturar que la así llamada “permisología”, con todo lo que supone, es un fiel reflejo de la mentalidad recelosa, cuando no hostil al mercado, que lenta, pero inexorablemente, fue germinando en Chile en las últimas dos décadas.
Sus efectos avalan esa conjetura: la permisología retarda, obstaculiza, impide el desarrollo de proyectos de toda índole en el territorio nacional; desalienta, desmoraliza, disuade a los empresarios de invertir y, probablemente, incluso de buscar oportunidades de inversión.
Quizás las muchas desventajas que comporta la permisología no estaban en la mente de quienes promovieron las numerosas leyes ya medidas que, a modo de sedimentos, la fueron conformando.
Más bien deben haber pensado en la necesidad de atajar lo que le parecieron efectos indeseados de la actividad económica. No obstante, a estas alturas es claro que su razonamiento fue equivocado y que las medidas adoptadas (el sinfín de permisos) es contraproducente de cara al bienestar general de la población.
Las medidas adoptadas (el sinfín de permisos) es contraproducente de cara al bienestar general de la población.
Con todo, esa constatación no basta. Para conjurar los defectos de la permisología es necesario exponer y desechar la premisa en que con toda probabilidad descansa: la idea de que las dinámicas productivas del mercado son de suyo perjudiciales para el grueso de la población.
Sin esa premisa resulta difícil comprender que hayamos llegado tan lejos en la construcción de la burocracia imposibilitante que llamamos “permisología”.
Después de todo, es diferente regular con vistas a hacer posible una actividad, a regularla con vistas a dificultarla o hacerla improbable. La regulación del matrimonio, por ejemplo, es habilitante, no imposibilitante.
Esto último sería el caso si el legislador exigiera muchas y muy exigentes condiciones encaminadas a comprobar que los contrayentes no se van a hacer daño: declaraciones de los familiares, amigos y conocidos, certificados psicológicos, entrevistas, pruebas de fertilidad, etcétera.
Esto se complicaría aún más si los funcionarios encargados de llevar a cabo estos trámites no tuvieran un plazo fatal para hacerlo y, además, creyeran que la institución del matrimonio es dañina.
Este escenario kafkiano podría ocurrir si el regulador (y los funcionarios) creyeran que la institución misma es dañina (pero no derogable, sin embargo) yo que los contrayentes por regla general no saben lo que hacen ni lo que les conviene.
La idea de fondo que anima a la permisología debe ser abandonada, pues no puede sino llevar a legislar de un modo contrario a la libertad: si usted piensa que una institución es dañina, las medidas encaminadas a contener sus efectos pueden multiplicarse al infinito.
En tal caso, cada medida de control reclama, por sí misma, la medida de control ulterior que la asegure; cada medida adoptada para evitar un riesgo puede y debe ser complementada con otra ulterior que elimine el riesgo que ella misma causa.
La deriva distópica es obvia. Para evitarla, es preciso que la legislación sea habilitante, no
imposibilitante.
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