Consejo Editorial Conadi
En los últimos, años, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial, las mujeres son las principales víctimas de la trata de personas: representan el 46 por ciento y las niñas el 19 por ciento de todas las víctimas de la trata. A nivel mundial, 1 de cada 3 víctimas detectadas es un niño.
Estudios han revelado que las mujeres y niñas con discapacidad que viven en situación de pobreza y pobreza extrema suelen estar más expuestas a formas de explotación, maltrato y la trata con fines de explotación laboral y sexual.
Ante una situación que afecta no solo a Guatemala sino que es a nivel mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) creó una campaña llamada Corazón Azul, la cual se identifica el compromiso ante la lucha contra la trata de personas. En 2016, el Estado de Guatemala, a través de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), se adhirió a la campaña Corazón Azul.
Desde 2013, todos los años, el 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas.“
En su último informe, la Unodc hace un llamado a los gobiernos, las fuerzas del orden, los servicios públicos y la sociedad civil para evaluar y mejorar sus esfuerzos en fortalecer la prevención, identificar y apoyar a las víctimas, y poner fin a la impunidad.
Hace el llamado a los gobiernos que deben fomentar más la cultura de la denuncia de la trata, ya que es un factor indispensable para la disminución de las consecuencias agravadas sobre las víctimas, así como para lograr la finalización del círculo de violencia que se genera por parte de los agresores.
El Conadi ha unido esfuerzos con la Svet, con la finalidad de realizar actividades en conjunto enfocadas a prevenir los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas con discapacidad visual, auditiva, psicosocial, intelectual y física, debido a su vulnerabilidad ante los referidos delitos.
Es necesario intensificar los esfuerzos desde una perspectiva más amplia e interseccional en la política pública sobre estas cuestiones, que debe reconocer y abordar los derechos y la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, según la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
