El ejercicio de la ciudadanía pone de relieve el concepto de la gobernanza, entendida como la reconfiguración de las relaciones entre Estado y sociedad, por medio de mecanismos de consenso y coordinación para decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, en aras de transformar la capacidad de respuesta ante los diversos desafíos que enfrenta el país en materia de desarrollo.
Varios instrumentos internacionales enfatizan la importancia del involucramiento de la ciudadanía. Con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el Estado se comprometió a tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país, lo que implica generar los mecanismos para asegurar este propósito. El ámbito político continúa siendo uno de los espacios en el que se expresa la inequidad y exclusión en que nos encontramos las mujeres, algunas más que otras, a pesar de las demandas y los esfuerzos por reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Aun cuando el derecho al sufragio nos habilitó a participar en la política, no hemos superado las desventajas impuestas por la subordinación y la discriminación de que somos objeto, a las que se suman otras como la etnia, la edad o el grupo social, pese a que dispongamos formalmente de idéntico estatus de ciudadanía con respecto a los hombres.
Esta calidad nos convierte formalmente en sujetos políticos responsables de proyectos colectivos, en su vínculo con la consolidación de la democracia y desarrollo, pero no precisamente legitima nuestro desempeño en espacios para la toma de decisiones y en el liderazgo de procesos inherentes al desarrollo. Estar sobrerepresentadas en el accionar social y comunitario no es todavía equivalente a nuestra representación y participación en los espacios de adopción de decisiones públicas, y esto da cuenta de una casi nulidad en el ejercicio de
nuestra ciudadanía
