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MP solicita penas de 5 a 28 años de prisión contra involucrados en caso IGSS-PISA
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), solicitó al Tribunal Undécimo de Sentencia Penal que se impongan penas de 5 a 28 años de prisión en contra de 21 personas acusadas de amañar un contrato entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería PISA.
Entre los procesados se encuentran exintegrantes de la Junta Directiva del IGSS y representantes de la firma farmacéutica.
Un castigo de 15 años de cárcel fue la petición contra Otto Molina Stalling, acusado por los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones, mientras que para Julio Suárez y los demás integrantes de la Junta Directiva del IGSS, acusados por fraude, se requirieron penas de 10 años de prisión.
Los hechos
A estas personas llevadas ante la justicia, el ente investigador les sindica de aprobar y avalar un contrato irregular con la droguería PISA de Guatemala S.A., quien proporcionaría servicios de diálisis peritoneal por Q116 millones.
A través de interceptaciones telefónicas se determinó que presuntamente se cobró a PISA entre el 15% y el 16% de comisión por el otorgamiento de dicho contrato.
Foto: Francisco Jiménez
Dos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron aprehendidos ayer, por formar parte de un “caso gravísimo”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a través de su cuenta de X.
El jefe de la cartera del Interior explicó que un equipo antisecuestros desarrolló la captura de quienes señaló como “dos malos agentes”. “No puedo creer que a las autoridades anteriores les diera miedo entrarle a estos casos”, puntualizó el funcionario en el texto.
La decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo de reducir la condena del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a un tiempo menor al establecido en primera instancia, solo incrementa la percepción de un sistema cooptado, porque “se sigue un patrón sistemático, en el cual la justicia favorece a los implicados en casos de corrupción”, señaló Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
Según Marroquín, la reciente resolución “es una muestra más de cómo el sistema judicial parece operar en beneficio de las redes de corrupción”, y afirmó que la impunidad de los corruptos “es una batalla desgastante”.
Como se recordará, el proceso legal contra Benito por el caso de los 122 millones de quetzales localizados en una casa en La Antigua Guatemala ha sido una montaña rusa de decisiones, desde la declaración de culpabilidad del imputado en febrero pasado, luego un aumento de la pena por parte de la Sala de Apelaciones, y finalmente una nueva reducción de la condena y multa.
Ante el constante robo de transportes pesados con la utilización de tecnología, los empresarios han incrementado su seguridad y servicios de rastreo, aunque no descartan que las organizaciones criminales mejoren sus técnicas.
Las ciencias aplicadas se han convertido en un aliado de las bandas criminales, que a través de aparatos que bloquean la señal GPS atracan los furgones. Llamó la atención de la Asociación de Transportistas Internacionales que en uno de los últimos hechos delictivos se encontró un dispositivo profesional para entorpecer el sistema de posicionamiento.
“Por ello hemos tenido pérdidas millonarias durante mucho tiempo”, expresó uno de los afectados y miembro de la gremial, quien no quiso identificarse por temor.
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