MP solicita medidas de coerción contra 51 sindicados

Fiscales del Ministerio Público (MP) solicitaron a Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, que imponga medidas de coerción contra 51 de los 53 sindicados en el caso Cooptación del Estado que fueron ligados a proceso ayer.

Mientras tanto, se les otorgó la palabra a los abogados defensores de los exfuncionarios, empresarios y banqueros señalados, quienes solicitaron a Gálvez que se dicten medidas sustitutivas para sus patrocinados.

Este día se reanudó la audiencia de primera declaración en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en donde el juzgador deberá anunciar si los involucrados en el caso serán enviados a prisión preventiva o serán beneficiados con medida sustitutiva.

Además, está pendiente de que se conozca el plazo con el que contará el MP para realizar el proceso de investigación.

La Fiscalía explicó que solicitó las medidas de coerción contra 51 de los sindicados por considerar que existe peligro de fuga y la posibilidad de obstaculizar la investigación.

Agregó que pidió medidas sustitutivas para Yac Irwin Cohen Cohen y Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, considerando el estado de salud que presentan actualmente. Estas serían de arresto domiciliario, prohibición de salir del país y evitar comunicación con los demás presuntos integrantes de organización delictiva.

La audiencia de primera declaración se inició el pasado 13 de junio y ha durado 28 días en los cuales se han analizado los medios de investigación presentados por el MP, se escuchó las acusaciones de la Fiscalía, los argumentos de los señalados y los alegatos de la defensa.

Según investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se presume que esta organización tuvo participación en el financiamiento ilícito en la campaña del Partido Patriota en 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti alcanzaron el poder. Además de cometer defraudación fiscal y realizar el cobro de comisiones para adjudicar contratos millonarios entre el Estado y empresas privadas.