EN EL PAÍS
MP presenta acusación por el caso TCQ
El Ministerio Público (MP) presentó la imputación contra el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, la exvicemandataria Roxana Baldetti Elías y 12 personas más, por su presunta implicación en la firma del contrato de usufructo de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El Ministerio Público (MP) presentó la imputación contra el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, la exvicemandataria Roxana Baldetti Elías y 12 personas más, por su presunta implicación en la firma del contrato de usufructo de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
La Fiscalía Especial contra la Impunidad detalló que cuenta con escuchas telefónicas, documentos bancarios, declaración de cinco testigos, correos electrónicos e informes de la Intendencia de Verificación Especial, así como la declaración de Juan Carlos Monzón Rojas, colaborador eficaz del proceso. El expediente contiene 649 folios que incluyen 607 medios de prueba.
Lo previsto
El Juzgado B de Alto Impacto, a cargo de Miguel Ángel Gálvez Aguilar, está por agendar la audiencia en la que se determinará si los sindicados enfrentarán juicio por los delitos que se les imputan.
De acuerdo con el ente pesquisidor, en 2012 la empresa TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años por un terreno de 34 hectáreas.
El MP asegura que de enero de 2012 hasta abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la ejecución del contrato, presuntamente liderada por Pérez Molina y Baldetti.
A la fecha, hay órdenes de captura internacional contra Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Ángel Pérez-Maura y Mauricio José Garín.
Una reunión con vecinos que rechazan la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, ofreció ayer el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez.
El anuncio lo hizo Jiménez luego de asistir al Congreso
para la continuidad de su interpelación, la cual se canceló por falta de cuórum en el Hemiciclo parlamentario.
A ese organismo del Estado llegó un grupo de personas que viven en los alrededores de donde se edificará el centro de privación de libertad a manifestar su descontento por el mencionado proyecto.
De hecho, dieron una conferencia de prensa en el área conocida como Los Pasos Perdidos, para comunicar su inconformidad con dicha obra, en compañía de la legisladora Sandra Jovel, quien lleva a cabo el juicio político.
Invitación
“Agradezco a la diputada Sandra Jovel por coordinar, organizar y traer al Congreso a algunos vecinos de Masagua”, afirmó el funcionario en su cuenta en X.
Luego, enfatizó: “Escuchar sus voces es fundamental. Están invitados el próximo lunes 30 de septiembre, a las 16 horas, en el Ministerio de Gobernación para intercambiar criterios y unir esfuerzos”.
Eliú Beltrán, quien es uno de los líderes del citado municipio que asistió el Legislativo, fue consultado respecto a la reunión anunciada por el titular de la cartera del Interior.
“Si es así, vamos a estar presentes. Eso es lo que necesitamos, sentarnos a una mesa de diálogo y solicitar que no se construya la cárcel”, respondió el entrevistado.
Una campaña de sensibilización para instar a la población a celebrar las fiestas tradicionales que se avecinan, evitando la contaminación de desechos sólidos, fue presentado por autoridades de Gobierno y entidades privadas ambientalistas.
La gobernación del departamento de Guatemala ha manifestado su compromiso de convocar a los representantes de las 17 comunas para que se unan a la iniciativa a fin de evitar, por ejemplo, que durante la quema del diablo, el 7 de diciembre, se dejen de producir unas 80 toneladas de residuos.
Rodolfo Girón, de Ecoquimsa, indicó que durante la Navidad y Año Nuevo, la calidad del aire alcanza niveles perjudiciales. Según mediciones de 2021, hubo momentos del día que el índice superó los 250, cuando el valor de alerta comienza en 101.
Foto: EFE
Derivado del olvido al que fueron aorillados por los gobiernos anteriores que obviaron llevar a cabo la reparación digna a las supervivientes de la violencia sexual durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996, un grupo de mujeres pidió en la Organización de las Naciones Unidas poner fin a este tipo de impunidad, según un cable de la agencia EFE fechado en Ginebra.
Conocidas como “las abuelas de Sepur Zarco”, estas damas han roto 30 años de silencio e hicieron historia en 2011 al presentar en un tribunal nacional el primer caso de delitos de este tipo en el marco de la disputa bélica.
No fue sino hasta durante el octavo aniversario de esta sentencia, específicamente la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, que se reconoció la valentía de este grupo poblacional y giraron instrucciones a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos que se cumpla con las medidas de reparación de este y otros casos.
