Morfín: “Si vamos a resolver, debe ser con objetividad”

A la hora pactada para la entrevista, Gladys Annabella Morfín llegó sola a la oficina que ayer terminaba de cerrar y entregar los últimos expedientes. Dejará atrás 46 años de ejercicio profesional, solo interrumpidos por algunos cargos públicos. A partir de hoy y durante cinco años, será magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Con el inicio del período constitucional 2026-2031, la CC abre otra etapa institucional. En un momento clave para el sistema de justicia, la virtual presidenta de la institución analiza los desafíos de la magistratura, la urgencia de reducir la mora judicial y el compromiso de devolverle a la institución su rol estrictamente constitucional, alejado de intereses particulares.

En una entrevista exclusiva con el Diario de Centro América (DCA), la abogada envía un mensaje de confianza a la población y destaca la necesidad de depurar la “amparitis” que satura al alto tribunal.

Además, garantiza compromisos de transparencia, probidad y legalidad, así como la firme postura de que la Corte debe dejar de ser vista como un ente “celestial”, para convertirse en un órgano de estricta legalidad.

¿Cuáles son las primeras acciones que va a impulsar al frente de la Corte de Constitucionalidad?

Tengo previsto, como una de las primeras acciones, conversar con los magistrados, convocar al Pleno con el objeto, en primer lugar, de conocernos un poco más en términos laborales. Todos somos colegas y sabemos quiénes somos; sin embargo, el gremio ha crecido tanto que a los dos designados por el Consejo Superior Universitario no tenía el gusto de saludarlos.

Esa será una de las primeras cosas: intercambiar opiniones sobre la doctrina legal que ha venido presentando la Corte de Constitucionalidad en algunos fallos y la necesidad de que revisemos los criterios que se han sustentado, porque creo que en algunos aspectos la Corte ha ampliado mucho sus competencias.

¿Qué implicaría la revisión de esos criterios que eventualmente pudieron haberse excedido?

Que en casos semejantes, la Corte mantenga su criterio con respecto a circunscribirse al ámbito de violación a la Constitución, dejando de conocer aspectos que se extrapolan; por ejemplo, asuntos que corresponden a la jurisdicción ordinaria o le competen a cualquiera de los otros órdenes.

¿Ya no habrá más una corte celestial?

A eso aspiramos. Nunca fue celestial y, en realidad, ha sido un calificativo que, desde mi punto de vista, es despectivo. 

No es celestial en primer lugar y, en segundo, creo que el hecho de que la Corte entre en todos los campos, muchas veces fuera de su propia competencia, ha provocado esta situación. Tenemos que resolver únicamente los casos que lleven implícita una violación a la Constitución.

¿Qué compromisos asume con los guatemaltecos al frente de la CC?

En primer lugar, transparencia. En segundo, probidad. Y muy por encima de esas dos: legalidad.

¿Una nueva cara de la CC?

A eso aspiro. Recuerde que es un organismo colegiado y, por consiguiente, las decisiones se toman por mayoría (tres de cinco magistrados). Hay que hacer un ejercicio importante de fundamentación de las resoluciones y un buen análisis considerativo a efecto de que vayan cambiando las actitudes.

Por consiguiente, que las resoluciones sean más objetivas, relacionadas no solo con el caso concreto, sino con la competencia de la Corte de Constitucionalidad.

¿Cuáles considera son los retos y desafíos de la nueva magistratura?

Eso, precisamente: Circunscribirnos a lo que corresponde al ámbito constitucional y tratar, en la medida de lo posible, que se desarrollen campañas informativas sobre que la acción de amparo es una acción extraordinaria, no es un recurso común como se utiliza en forma generalizada. 

Eso ha dado lugar a esa amparitis. Estoy enterándome de que hay cerca de 10 mil acciones de amparo planteadas el año pasado; en este trimestre me dicen ya hay 3 mil y tantas. Se está desdibujando el papel de la Corte.

“No es celestial en primer lugar y, en segundo, creo que el hecho de que la Corte entre en todos los campos, muchas veces fuera de su propia competencia, ha provocado esta situación”.

Un aspecto que se ha mencionado antes, sobre que alguien debe tener representatividad y últimamente no se ha acatado, ¿se ordenará eso nuevamente?

Esa es una norma contenida en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: el efecto erga omnes (frente a todos) lo debe tener solo el procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público en algunos casos, pero se ha generalizado tanto el criterio que cualquiera puede plantear un amparo no siendo legítimo su interés o no habiendo acreditado la vulneración de su derecho. Debemos trabajar en eso.

Hablamos del trabajo en grupo, pero en lo particular, ¿hay un reto que a usted le llame la atención?

Ser muy directa con respecto a los aspectos que le competen a la Corte y dar, porque es lo que la
población espera, muestras de transparencia en todos los aspectos, tanto financieros como los que competen a la jurisdicción constitucional.

Sobre temas actuales, como el de la Universidad de San Carlos, ¿considera que la CC debe tomar alguna acción?

Como usted comprenderá, es un caso que se da en este momento y amerita la atención de toda la ciudadanía porque es la única universidad pública que tenemos. Me abstengo de contestarle, porque será algo que en un momento tendré que resolver.

Se han cuestionado algunos fallos al considerar que han favorecido la impunidad, ¿cómo puede corregirse eso en futuros casos?

Si vamos a resolver, debe ser con objetividad, no con criterios selectivos. Eso es lo que yo garantizo: absoluta objetividad en el análisis de los casos, sin identificar banderas políticas ni intereses selectivos, tratando de hacer las cosas de una manera totalmente imparcial e independiente.

Mencionó el alto número de amparos, ¿qué hacer para desahogar esos expedientes?

No estoy diciendo que todos los casos que ingresaron el año pasado estén pendientes de resolución, hablé del número de acciones planteadas. Tendrá que hacerse un esfuerzo importante con los letrados para que saquemos la mayor parte de esa presa de expedientes.

En cuanto a la conformación de los equipos, ¿cada magistrado es libre de designar a sus asesores?

Así es. Según me explican, porque todavía no he tenido la vivencia interna, cada magistrado integra a su equipo de trabajo con personas de su confianza. Normalmente, quien llega por cada uno de los órganos designantes recibe el equipo que tenía su antecesor. En mi caso, analizo las hojas de vida, las resoluciones, apoyos, actitudes, compromiso con la institución y vocación de servicio. Tendremos que analizar si continuamos con esos equipos o si son objeto de sustitución.

A la magistratura saliente se le ha criticado que resuelve dependiendo de quién es el interesado, así como los tiempos. ¿Cuál será el criterio a partir de hoy?

Insisto en la objetividad. No responder al interés de la persona, ya sea el amparista o la autoridad recurrida, sino ver el asunto con toda objetividad y legalidad. Ese es el criterio.

Si algún magistrado se saliera de esa línea que mantendrá en su presidencia, ¿qué acciones se pueden tomar?

Recuerde que cada magistrado tiene su propio criterio y la ley no obliga que las resoluciones sean por unanimidad. Puede haber un voto concurrente o disidente.

A partir de casos como del Congreso y de la Universidad de San Carlos, en los que magistrados tenían relación con el tema, ¿cómo se procurará que se inhiban cuando tengan algún vínculo?

La Ley de Amparo no le permite a la presidencia de la Corte compeler a un magistrado para que se separe. Cuando hay conflicto de intereses, es parte de la ética profesional separarse para no perturbar la resolución del Pleno. Pero no puede obligarlo la presidencia; es algo que tiene que decidir él, pero deja mucho que desear que alguien, teniendo interés en un asunto, lo conozca.

Incluso siendo ponente o con mayor razón…

Si es ponente, se tratará de que no lo sea para que no se dañe la confianza hacia la Corte.

¿Podrían fortalecerse las audiencias públicas para fomentar la transparencia?

Las audiencias públicas normalmente se hacen por petición de los interesados. Si una de las partes lo solicita, la Corte accede y señala la audiencia.

¿La transparencia implica una nueva política de comunicación?

Indudablemente, a través de la comunicación es que se puede ser transparente. Vamos a revisar, porque tampoco puedo decir con propiedad cuál ha sido el mecanismo de la Corte para dar a conocer su presupuesto y cómo se maneja. Pero sí creo que es importante atender esos aspectos.

¿Considera que deberían revisarse fallos o algunos que llamen la atención?

La Corte no puede volver hacia atrás si ya emitió una sentencia; no puede revertirse a menos que haya una situación muy grave que amerite una situación de esa naturaleza, pero esas serán las sentencias excepcionales que habrá que ver si se presenta un caso.

O una petición especial. Por ejemplo, la sentencia de Efraín Ríos Montt cuando se ordenó la inscripción, que después a petición de abogados se pidió excluir de la jurisprudencia.

Hace referencia a un caso específico. Claro, así es como se actúa. Porque si riñe totalmente con la Constitución de la República es cuestión de expulsarla de la jurisprudencia con el objeto de que no constituya un antecedente que en su día vaya a constituir doctrina.

En un caso particular, se han dado acciones de orden penal y se ha querido pasar sobre la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE). ¿Cómo se podría analizar esto, cómo garantizar que siga el TSE con su poder?

En primer lugar, la Constitución ha creado instituciones con funciones asignadas que deben ser respetadas. En el caso del TSE, dice, claramente, que le competen todos los aspectos relacionados con el tema electoral, regulados en una ley de rango constitucional, que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El Tribunal tiene que asumir su función porque no es simplemente un ente administrativo; es un tribunal y ejerce jurisdicción. Es importante que se empodere y cumpla con las funciones que su ley específica le asigna.

Hay dos magistrados reelectos cuyos fallos fueron cuestionados, ¿cómo integrarlos a este nuevo modelo?

Con argumentación basada en la ley, con fundamentos de derecho y tratando de persuadir sobre la importancia de preservar y fortalecer la institucionalidad del Estado.

¿Ha tenido algún acercamiento con el magistrado Roberto Molina Barreto, a quien conoce?

Sí, nos conocemos porque él fue parte del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), una entidad que yo tuve la dicha de haber constituido en 1993, con 25 colegas más.

Lo conozco y espero que, al igual que lo hicimos en el Cedecon, podamos llegar a la razón y al respeto de la Constitución, al emitir resoluciones.

¿Ya está lista para asumir?

Ya. Ya estoy lista para asumir.

¿Qué mensaje le envía a la población?

Un mensaje de confianza. Es importante recuperar la confianza en las instituciones. Ha habido un proceso muy desgastante en las últimas décadas, y las dependencias públicas se han ido deteriorando porque no cumplen con sus funciones, lo que genera frustración y desconsuelo en la población.

Estamos empezando un proceso en el cual hay esperanza porque la cosa cambie; yo haré todo el esfuerzo posible. Entiendo que es un órgano colegiado y un voto no cambia la situación.