La agencia calificadora de riesgo Moody’s Ratings mantuvo la nota Ba1 con perspectiva estable a los títulos de la deuda de Guatemala que se negocian en mercados internacionales. En su evaluación, destaca que la economía del país se caracteriza por un historial de crecimiento estable o poco volátil, con una gestión fiscal prudente y sin riesgo de vulnerabilidades externas.
Pero de igual manera hace énfasis en otras acciones positivas adoptadas por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, como un programa anticorrupción fortalecido, así como los esfuerzos para mejorar la transparencia en la toma de decisiones gubernamentales.
Esta firma prevé mayores inversiones en áreas donde Guatemala tiene altos déficits, como vivienda, agua, saneamiento, educación y salud, sin arriesgar la estabilidad fiscal. Se refiere a la mantención de un déficit moderado.
Pero no todo es positivo. Cita que hay dificultades políticas que deben sobreponerse para aspirar a un mejor palmarés de crédito. En ese sentido señala: “… el riesgo político es el principal factor que limita el perfil crediticio, incrementando las posibilidades de obstrucción en el Congreso, lo cual dificulta la implementación de reformas, así como la continua oposición de alguna facción del poder judicial”.
En esa línea, agrega que la calificación podría cambiar si las medidas políticas se traducen en una mejora en las condiciones financieras que hagan posible un mejor desempeño de la actividad productiva sobre bases sostenibles.
Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, consideró que, tras ese análisis de esta entidad, es necesario llegar a acuerdos políticos y coincidir en esos cambios. Pero según el académico “es obvio que el Gobierno necesita moderadores políticos para alcanzar consensos”.
Asimismo, David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), estimó que el objetivo es que algún día el país llegue al grado de inversión por medio de una agenda de trabajo clara, hasta atender los retos sociales que por ahora dificultan obtener ese sello.
“Somos percibidos como estables pero todavía no tenemos una certificación mayor, para que nuestros bonos sean considerados como parte de un portafolio de inversiones”, destacó Casasola.
Por ahora, la agencia menciona que Guatemala ha tenido un accionar productivo sostenido, con tasas anuales del 3.5 por ciento en los últimos 20 años, comportamiento que se espera persista en el futuro.
Menkos da cuentas a Standard & Poor´s
Autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas promocionaron ayer el comportamiento financiero del gobierno con representantes de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s Global Ratings (S&P).
Sobre el estatus del reajuste presupuestario solicitado al Congreso de la República, el ministro Jonathan Menkos destacó que, de ser aprobado, tendría un impacto en el crecimiento económico.
Además, sobre el avance del proyecto del presupuesto general de 2025 también les dijo que va dirigido a atender las grandes necesidades de la población y cumplir con el plan de gobierno.
Durante la reunión, el funcionario informó a S&P que, al 30 de junio pasado, la ejecución del presupuesto fue del 44.8 por ciento y la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 25.1 por ciento.
La reunión con la agencia fue un paso que el ministerio realizó con la finalidad de que los próximos informes sobre investigación financiera y análisis de acciones y bonos sean positivos para el país y mejoren en su calificación.
Hugo Pirique, director de Análisis y Política Fiscal de la cartera, agregó que en 2023 la carga tributaria alcanzó el 11.7 por ciento y que, para 2024 se proyecta se sitúe entre el 11.4 y el 11.7 por ciento.
