Como parte de las condiciones del acuerdo para convertirse en colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la Vicepresidencia, acusado de integrar la estructura La Línea, se comprometió a devolver bienes y dinero producto de actividades ilícitas.
La medida se establece en el punto sexto del documento del acuerdo entre Monzón, el Ministerio Público y la Justicia, al cual tuvo acceso el Diario de Centro América.
El ente investigador sospecha que esos bienes forman parte de las ganancias que habría obtenido la red de defraudación aduanera.
El castigo que recibiría el señalado se basa en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero, la cual ordena duplicar la sanción pecuniaria.
De esa cuenta, el acusado debe devolver Q1 millón 560 mil, además de 5 bienes inmuebles, 10 motocicletas y 1 carro.
Una de las casas está en Residenciales San Ángel, zona 15, cuyo costo sería de Q9.3 millones, según el escrito; otra se encuentra en la aldea El Pumpo, Taxisco, Santa Rosa; 2 más en Villas Oratova, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, además de una oficina en el Edificio Sixtino II, zona 10.
Penas mínimas
En el punto quinto del documento legal se contempla “el derecho penal premial”, que la Ley de Delincuencia Organizada ordena en el artículo 90, en el cual se listan los beneficios que podrían aplicarse al colaborador eficaz.
En este sentido, Monzón podría recibir una pena de 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita; 3 años y 4 meses por cohecho pasivo; 2 años y 9 meses por lavado de dinero y 5 años y 1 mes por abuso de autoridad.
El exfuncionario se incluye en la carpeta judicial que se identifica con el número 01074-2015-00115, bajo control de Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado de Alto Impacto Grupo B.
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