Los recurrentes casos de corrupción que se conocen en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contribuyen en gran medida al descrédito de la administración pública en general, y en particular, a la aversión que la mayoría de la gente siente por la institución cuya finalidad es aplicar en beneficio de la población, “un régimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de protección mínima”, según su Ley Orgánica.
Conforme los escándalos por malos manejos salen a luz, suben de tono y de volumen los reclamos porque los servicios del IGSS se privaticen o que la seguridad social se desmonopolice. Esto me parece una simplificación de lo que el mecanismo de protección significa para un Estado en función de los intereses del mercado y del sálvese quien pueda pagar.
La seguridad social es definida por organizaciones especializadas como un conjunto de medidas que la comunidad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad, el desempleo, entre otras. Se trata de una creación basada en el principio de solidaridad, que si bien en Guatemala ofrece prestaciones en salud y pecuniarias, tiene una filosofía más profunda, la garantía del cuidado.
En un país como Guatemala, en el que priman la pobreza y la inequidad, una entidad como el IGSS es estrictamente necesaria. Es un gran valor de la institucionalidad nacional y no debe caerse en la trampa o en la pereza de analizarlo a la ligera, debido a su complejidad. El Estado, las instituciones públicas y las empresas adeudan al Instituto Q35 mil millones. Esto, aunado a los malos manejos, ha llevado a que los servicios de salud sean precarios y los dinerarios reducidos, pero aún así, su costo es mucho menor para la población beneficiaria en comparación con el ámbito privado.
El régimen debe ser perfeccionado y su administración rescatada. Lo que se debe exigir a sus autoridades, comenzando por la Junta Directiva, es un plan de fortalecimiento, transparencia, rendición de cuentas y divulgación activa de información como ejes principales para evitar el patrimonialismo y las relaciones espurias entre el IGSS y otros estamentos, que los han conducido a condiciones lamentables.
