La ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario, anunció que trabajarán con el Congreso de la República una tabla comparativa de dos iniciativas de ley sobre el Convenio 169 de la OIT, para socializarla con las comunidades interesadas.
En esta socialización serán incluidos los sectores privados e interesados en materia de consultas comunitarias para que, junto a los pueblos indígenas, “envíen sus recomendaciones al Congreso”, y así incluirlas en la reglamentación del Convenio 169, el cual fue aprobado hace 22 años, sin que haya sido aplicado hasta el momento.
De las dos iniciativas trabajadas, una en la Comisión de Pueblos Indígenas y otra en la de Trabajo, solo esta última se encuentra bajo análisis para dictamen, y cuenta con “retroalimentación” de un comité de expertos de la OIT.
Teleguario aseguró, durante una citación de la Comisión de Trabajo del Legislativo, que después de tanto tiempo “el problema se ha agudizado”, por lo que dijo estar en la disposición para contribuir con el Congreso a que se cumpla con su obligación de regular las consultas.
Recordó que en 2017 la Corte de Constitucionalidad pidió al Organismo Legislativo trabajar “una iniciativa para viabilizar las consultas a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169”, luego de haber detenido la operación de la hidroeléctrica Oxec I y II, subsidiaria del grupo Energy Resources Capital Corp, registrada en Panamá.
El congresista opositor de la Unidad Nacional de la Esperanza, Marco Lemus, le solicitó a la ministra un “listado” con los nombres de los líderes indígenas que participaron en la guía para elaborar el reglamento que realizó el Ministerio el año pasado, y así dejar establecido a quién se le harán las consultas.
“Tenemos la necesidad de proteger el medioambiente y las costumbres de los pueblos, pero también debemos proteger las inversiones que hay en el país”, concluyó el parlamentario.
Este dará “certeza a los trabajadores” siempre y cuando exista una iniciativa de ley o un acuerdo para que tenga “validez”, por lo que la propuesta de acuerdo ministerial está bajo análisis de la Procuraduría General de la Nación, concluyó.
