El ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda, justificó ayer la compra de dos aviones de cuarta generación denominados Pampa III, indicando que permitirán proteger el espacio aéreo y velar por la soberanía del país.
En declaraciones ofrecidas por el canal de Gobierno, explicó que estas aeronaves con características especiales, que alcanzan una velocidad de 840 nudos, superior a muchos de los aviones que ha tenido históricamente la Fuerza Aérea Guatemala (FAG), vendrán a fortalecer el espacio aéreo guatemalteco para la interceptación de aviones procedentes de Sudamérica con posibles ilícitos.
Estos poseen tecnología de punta que les permitirá interconectarse con los radares que ya posee la FAG, para ser más efectivos y eficientes en la lucha contra el narcotráfico, aseguró Ralda.
“Hicimos todas las consultas con los entes responsables, para poder llevar a cabo el convenio de cooperación con la República de Argentina.”
Luis Miguel Ralda
Ministro de la Defensa Nacional.
“Definitivamente es un salto cuantitativo y cualitativo el que vamos a dar con la adquisición de estas aeronaves, ya que estas nos van a permitir, en tiempo real, hacer frente a cualquier tipo de reactor que ingrese ilegalmente al territorio guatemalteco, para poder perseguirlo y obligarlo a que descienda en cualquier pista del país”, explicó el titular de la Defensa.
Agregó que la idea es establecer inmediatamente comunicación con las unidades en tierra, para coordinar las detenciones o capturas correspondientes y así judicializar, con personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), los posibles ilícitos que transporten las aeronaves desconocidas.
De acuerdo con Ralda, “los gastos de cooperación ascienden a US $27 millones 990 mil (unos Q212 millones), que incluye la adquisición de sistemas de navegación aérea, los dos aviones, los repuestos por 18 meses del entrenamiento para nuestro personal y el equipamiento en tierra, para poder poner a funcionar los aviones”, subrayó el ministro.
Se hicieron consultas
Para todo este proceso, dijo que se hicieron consultas a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al de Finanzas Públicas, así como a la Secretaría General de Planificación Económica, instituciones que dieron el visto bueno indicando que sí existía el espacio presupuestario y la capacidad por parte del Estado de Guatemala para poder adquirir, de manera transparente, dichas aeronaves.
