Mingob y Ejército asestan golpe a la delincuencia común y organizada

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, lo sentenció: no es un simple despliegue, sino una decisión de Estado. Las palabras del funcionario definen y describen con exactitud la determinación del Gobierno de retomar el control de Escuintla, para dejar de ser el segundo departamento con mayores índices de criminalidad. La estrategia, denominada Operación Centinela, que implica una masiva movilización de elementos de seguridad civiles y militares, tiene un trasfondo humano y solidario: devolverle a la población honrada la paz, la calma y la certeza de que se puede ir a trabajar de manera tranquila y segura. Paralelo al blindaje de todos los municipios de Escuintla, el Organismo Ejecutivo ordenó una requisa en el Centro de Detención Renovación I, con el fin de evitar que los reclusos continúen delinquiendo desde las prisiones. Además, el Ministerio de Gobernación (Mingob) inauguró la Oficina 2 de Investigación Estratégica de casos de Delitos contra la Vida, instancia especializada en el análisis, sistematización y conducción de pesquisas complejas vinculadas a homicidios y delitos contra la vida.

Para dimensionar la necesidad de rescatar a Escuintla de las manos de narcotraficantes, extorsionistas, sicarios y contrabandistas, bastan algunas referencias. Es el segundo departamento que más aporta al producto interno bruto (PIB) nacional y asienta al principal puerto del país, de donde sale el 60% del comercio internacional; asimismo, registra la zona azucarera más pujante de la nación. Además, posee puntos turísticos naturales de relevancia (playas y volcanes), fuera de su reconocida producción de café, hule, banano, plátano y palma africana, todo lo cual genera riqueza y empleos. Como ha sido costumbre en las políticas de Estado que impulsa la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, el operativo de ayer se sustenta en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporabilidad, que será replicado en otras jurisdicciones para tomar el control, orden y gobernabilidad de un país cuyos exgobernantes destruyeron, ante la complicidad de un sistema de justicia cooptado por el crimen.