Tomando en cuenta la inversión realizada durante los cuatro años del gobierno anterior, Guatemala debería contar con un sistema vial de alta calidad. Pero no es así. Contrario a lo que pueda suponerse, el dinero se esfumó. Se lo robaron. Pasó a los bolsillos de la mafia incrustada en el Ministerio de Comunicaciones. El estado de puentes y carreteras en el país es deplorable.
Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoín) dan cuenta de una erogación de 7 mil 988 millones de quetzales en tareas de mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la red vial pavimentada, carreteras primarias, puentes y distribuidores de paso, entre 2020 y 2023. Dinero que se pagó sin efectivos controles de supervisión. Sí, pagaron, pero no supervisaron que se realizaran los trabajos.
Nadie sabe si lo hicieron o no. Analistas políticos dejan entrever que solamente pudo ser un asalto en descampado a las arcas del Estado. Es más, suponen que las mafias que se benefician pagando trabajos sin la debida supervisión siguen incrustadas en la cartera. Son las mismas que impiden que se transparenten procesos y que funcionarios que pretenden hacer bien las cosas terminen renunciando. Que se vayan desmoralizados.
Todos le achacan al presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera la paupérrima condición de la red vial. Hasta el sector privado lo ha hecho. Sin embargo, no se dan cuenta de que es una condición heredada de la administración anterior. De pronto, lo que sucede es que no quieren darse cuenta de ello.
Lo cierto es que para políticos y opositores resulta más fácil despotricar contra las actuales autoridades que tratar de investigar un poco y aportar para solucionar el problema. No voltean a ver las 198 denuncias de corrupción presentadas por el Gobierno ante el Ministerio Público, 34 de las cuales involucran a la cartera de Comunicaciones. De hecho, 25 de ellas son precisamente porque el avance físico de las obras es inferior a los fondos desembolsados.
Es más, ni siquiera se pronunciaron cuando el extitular del Ministerio de Comunicaciones José Luis Benito se declaró culpable del delito de fraude en el proceso que se le sigue por el caso del Libramiento de Chimaltenango, además de haber aceptado su participación en el lavado de más de 122 millones de quetzales localizados en una vivienda de La Antigua Guatemala en 2020. Deja mucho que desear el sistema.
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