Unos 7 mil indígenas, junto a organizaciones civiles y religiosas realizaron este sábado una marcha en San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, frontera sur de México, para exigir justicia ante la crisis de inseguridad y violencia que afecta al estado y al país en general.
“Que el derecho a una vida digna se cumpla con justicia y libertad, ante tanta marginación, injusticia e impunidad que acontece en nuestro estado de Chiapas, dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga una simulación de estar resolviendo los problemas”, dijo Petra López, vocera de la organización Pueblo Creyente.
Los manifestantes rechazaron la versión institucional de que los problemas en el estado sean “de carácter social”.
La manifestación, convocada por la organización católica Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal, en compañía de organizaciones defensoras de los derechos humanos indígenas y ambientalistas partió del poniente y sur de la ciudad rumbo a la catedral, donde se llevó a cabo una jornada de oración.
El contingente lo conformaron indígenas de la etnia, tojolabal, tzotzil, tzeltal, zoque, mam, chuc, chol, cachique, quienes al llamado de los tambores y caracoles avanzaron de forma pacífica por las calles de la ciudad.
Los manifestantes, en su mayoría hombres y mujeres, portaban banderines blancos, morados, rojos, naranja, amarillos y banderines con la imagen de la virgen María además de pancartas con las leyendas “Rechazo Total a la Ley de Seguridad Interior”, “Pedimos paz y justicia para el sacerdote Marcelo”, ” Un solo corazón por la paz”, entre otras
Enviaron una exigencia de justicia, desarme y desarticulación del crimen organizado, así como verdad y castigo a quienes cometen asesinatos, y pidieron al gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, para que defina su postura: “Estás con el pueblo o estás con el crimen”, cuestionaron.
Piden fin a la violencia
La marcha finalizó con la lectura de un comunicado en el que los manifestantes demandaron el esclarecimiento de los hechos violentos, el reconocimiento público por parte del Estado de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal, y que el asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2024, no quede impune.
El obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, señaló que el gobierno de Chiapas está demostrando diversas acciones y se percibe cierta calma, sin embargo, dijo, “pedimos que vaya a la raíz, vemos que va actuando, y la raíz es la que hay que ver cómo arrancarla”.
En su participación el Nuncio Apostólico en México, Monseñor Joseph Spiteri, enfatizó que para “la reconstrucción de la paz falta la voluntad de cada una de las personas desde su realidad. Desde su posición, las autoridades civiles, los ciudadanos, líderes religiosos, cada uno tiene que poner su grano de arena para reconstruir la paz”.
La marcha se da en un contexto de violencia donde persisten los asesinatos y desapariciones en el estado, además de la incursión de grupos criminales en diversos municipios.
De acuerdo con organizaciones, cerca de 20.000 personas han sido desplazadas forzadamente de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.
Activistas, organizaciones y comunidades han señalado el clima de “guerra civil” que se vive en el estado por los conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizado y cárteles del narcotráfico, lo que ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
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