EN EL PAÍS
Mexicanos refugiados en Guatemala por el narcotráfico exigen soluciones a sus autoridades
EFE
Un total de 217 mexicanos del sureño estado de Chiapas permanecen refugiados en una pequeña comunidad fronteriza de Guatemala, en medio de una carretera de tierra entre montañas, tras huir de su país por los carteles del narcotráfico que se disputan el control del territorio.
«Salimos el 23 de julio porque hay balaceras todo el día en la comunidad. Salimos corriendo y dejamos nuestras casas, siembras y animales», contó a EFE este jueves uno de los refugiados, que pidió el anonimato, aunque detalló que dejó el municipio de Amatenango, en Chiapas.
Los mexicanos se encuentran en una comunidad denominada Ampliación Nueva Reforma, en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, unos 350 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Guatemala.
Hasta el momento al menos 217 mexicanos, entre ancianos, mujeres y niños, cruzaron la frontera y se refugiaron en la comunidad guatemalteca de Ampliación Nueva Reforma, entre las montañas que dividen a ambas naciones.
«Nuestro Gobierno nunca hizo nada. Tenemos cuatro años con este problema y ahora tuvimos que salir corriendo porque los balazos llegaban a mi casa», explicó otro de los ciudadanos mexicanos refugiados.
De acuerdo con las familias afectadas, el temor aumentó cuando los grupos criminales comenzaron a reclutar a jóvenes de las comunidades y por ello han pedido a las autoridades mexicanas que «tomen control» de la zona para poder volver a sus hogares.
Desde hace más de un año, Chiapas se convirtió en un campo de batalla entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para tomar control de las rutas de drogas y migrantes, de acuerdo con las autoridades mexicanas.
La mayoría de los refugiados se dedican a la siembra de maíz y venden su producto en el mercado del municipio de Comalapa, también en Chiapas, y aseguran que antes de tener que huir se encontraban cuidando sus siembras.
«Todas las tardes se escuchan balazos en el valle de Amatenango. No sabemos cuánto tiempo van a estar enfrentándose, pero no podemos volver», recalcó un mexicano de 64 años de edad.
En la comunidad de Ampliación Nueva Reforma, decenas de militares guatemaltecos han sido movilizados para resguardar la línea fronteriza y se encuentran situados en la misma escuela donde permanecen los mexicanos refugiados.
Los elementos del Ejército guatemalteco consultados por EFE aseguran que el conflicto entre los grupos del crimen organizado no ha traspasado la frontera y aseguran que siguen llegando personas procedentes del lado mexicano.
De acuerdo con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, son más de 500 los mexicanos que han buscado refugio en el país centroamericano, como mencionó en declaraciones a periodistas el miércoles, donde además indicó de que coordinan la ayuda humanitaria para los afectados.
Sin embargo, según testimonios de los refugiados en Ampliación Nueva Reforma, aún no han sido atendidos por instituciones oficiales.
Durante un en vivo en Tik Tok, el presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado sobre qué pensaba del proceso de interpelación en el que se encuentran cinco ministros de su Gabinete. Respondió que lo único que buscan es entorpecer el funcionamiento del Gobierno.
“Tengo a un ministro de Relaciones Exteriores, el responsable de la política exterior del país, quien debe organizar y coordinar”, pero no puede salir porque está en la cola para ser cuestionado por razones tontas, afirmó el mandatario, al considerar que lo que más les interesa “es entorpecer el funcionamiento” del Ejecutivo.
El jefe de Estado reiteró que son cinco funcionarios quienes tienen que estar todos los jueves sentados en el Congreso, en vez de estar trabajando en sus carteras. “Esto lo hacen para frenar la capacidad del Gobierno de laborar, y eso al único que daña es al pueblo de Guatemala”, manifestó.
Los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez; de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, y de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, esperan rendir cuentas ante el Legislativo, mientras el responsable del despacho de Gobernación, Francisco Jiménez, avanza en el proceso.
El gobernante estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Maynor Estrada, con quien abordaron distintos temas; entre ellos, víveres que han entregado a familias que viven en inseguridad alimentaria; apoyo a pequeños agricultores y caficultores y medidas que se están tomando para proteger los cultivos ante el exceso de lluvias.
EN EL PAÍS
Urge a tomar medidas contra los desechos sólidos
Vicepresidenta Karin Herrera exhorta a alcaldes para coordinar esfuerzos para enfrentar la crisis del agua
Durante su participación en el evento empresarial Value Summit 2024 Agua Limpia, la vicepresidenta Karin Herrera hizo un llamado urgente a los alcaldes para que tomen acciones concretas en la gestión de los desechos sólidos y destacó que este es un aspecto fundamental para la protección de los recursos hídricos.
La vicemandataria instó a asumir su rol con responsabilidad, y subrayó que es necesario dar un paso al frente por sus comunidades, “por la salud y el bienestar de sus jurisdicciones”.
También resaltó la reciente creación del Gabinete del Agua, que busca precisamente ser el espacio de coordinación entre comunas, sector privado, academia y sociedad civil, para generar soluciones concretas que protejan el líquido vital.
“Debemos trabajar unidos”, destacó, e hizo énfasis en que los esfuerzos aislados no son suficientes. Además, se refirió a la importancia de replicar buenas prácticas, como las iniciativas exitosas en la clasificación de residuos que ya se observa en algunos municipios.
Sin embargo, resaltó que aún falta mucho por hacer para garantizar un manejo eficiente que no afecte las fuentes de agua. La funcionaria también destacó que la protección acuífera debe ser una prioridad nacional, con compromisos firmes de todos los sectores. “Es un recurso vital y no podemos seguir fallando en su protección”, afirmó.
Por otra parte, la ambientalista del Movimiento Ciudadano HaciendoECO, Jeanne Samayoa, resaltó la importancia de abordar la contaminación y expresó su preocupación por el impacto en la salud infantil. “Si el 95 por ciento de nuestros ríos está contaminado, ¿cómo vamos a garantizar una vida digna a nuestros niños?”, cuestionó la analista.
Foto: MP
En seguimiento a las investigaciones del caso B410, por defraudación millonaria al Estado, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó ayer 11 allanamientos en inmuebles relacionados con nueve empresas acusadas de facturar la venta de bienes y servicios a entidades gubernamentales, con documentos y
direcciones falsas.
Además de los operativos, la Fiscalía presentó en la Contraloría General de Cuentas (CGC) 15 solicitudes de fiscalización que involucran a 13 organizaciones gubernamentales y municipalidades. Dichas instituciones realizaron adquisiciones de productos y servicios a un entramado de corporaciones, según fue expuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en agosto pasado.
De acuerdo con el ente tributario, entre 2021 y 2023, la red realizó ventas por 5 mil 730 millones de quetzales, pero solo declaró 26.9 millones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El MP indaga el uso fraudulento de recursos estatales, ya que la SAT denunció que el 75 por ciento de las 410 empresas involucradas fueron constituidas por el mismo abogado, y todas ellas contaban con el mismo representante legal.
Las pesquisas apuntan a que las compañías presentaban estados financieros con capitales mínimos y una relación de débitos y créditos inferior a lo habitual.
