Un rápido comparativo de precios de medicamentos evidencia diferencias abismales
entre productos de la misma calidad. El sondeo muestra disparidades de hasta 2 mil por ciento y, en menor medida, del 90 por ciento.
Ejemplos: una pastilla para la diabetes de Metformina de 850 miligramos (mg) en farmacias comerciales cuesta 36 quetzales, mientras que en los centros del Programa de Accesibilidad de Medicamentos (Proam) su valor se reduce a 2 quetzales con 90 centavos. Y hablamos de genéricos. Un Irbesartán de 150 mg de 30 tabletas tiene un costo en comercios privados de 184 quetzales, pero en los locales que promueve el Gobierno se cotizan en 9.
La diferencia del Enalapril, que combate la hipertensión arterial, es más notoria: 5 quetzales contra 330 el paquete de 30 tabletas de 20 mg. Fármacos para infecciones, dolores o reducción hepática muestran las mismas tendencias.
Lo cierto es que la apuesta del Gobierno para acercar y abaratar los medicamentos va en marcha. A todo ritmo. Estrategia, por cierto, pensada en los guatemaltecos de menos recursos económicos. Aquellos a quienes se les ha arrebatado el derecho a la salud. A componentes médicos al alcance de la mano, que prioricen al ser humano y no al comerciante.
Que quede claro que en estas líneas no se censura la posibilidad de emprender y comercializar. No, esa libertad está más fuerte que nunca. Inquebrantable. Sí se cuestiona la voluntad y compromiso de administraciones anteriores, que, teniendo en sus manos soluciones de esta naturaleza, priorizaron los negocios, lícitos e ilícitos.
Sin duda, falta mucho para lograr que los compatriotas, como ciudadanos de países vecinos, sientan que el Estado se preocupa por ellos y sus bolsillos. Que los protege y
cuida, pero el Ejecutivo avanza en ese sentido. Con hospitales y centros de salud abastecidos como nunca antes.
Esperemos que estas acciones impulsen otras iniciativas, en especial, en el Congreso de la República, que sigue sin aprobar una normativa que regule la importación y comercialización de las medicinas. Una ley que detenga los abusos y las componendas que, literalmente, han desangrado a los connacionales.
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