Se dio en los últimos años a la tarea de luchar por la actualización de las leyes nacionales.
Entre otros compromisos adoptados por el Estado de Guatemala ante la ratificación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentra la armonización de la legislación con el espíritu de tan importante instrumento, avances de los que deberá informarse en agosto del 2017, según lo indicado por el Comité de Expertos de la ONU en las observaciones y recomendaciones realizadas a nuestro país, en ocasión del primer examen practicado el año anterior sobre el cumplimiento del tratado, la máxima herramienta mundial en pro de las personas con discapacidad.
Tras este objetivo el movimiento nacional de personas con discapacidad, se dio en los últimos años a la tarea de luchar por la actualización de las leyes nacionales, esfuerzo que derivó en la formulación de una propuesta de ley, que plantea retos para el país en su conjunto, e inclusive, el fortalecimiento de la institucionalidad que hasta ahora se tiene en la materia, ya que de un Conadi con participación de ministerios y secretarías de Gobierno, se propone la incorporación de delegados de los tres órganos del Estado y de las universidades.
La Comisión Sobre Asuntos de Discapacidad del Congreso de la República, que dio el acompañamiento necesario a este proceso, presentó la propuesta de ley al Legislativo en el 2016, alcanzando su discusión en tres debates, quedando pendiente su aprobación y redacción final por artículos, proceso que se detuvo por dudas surgidas entre los parlamentarios, lo que llevó a los distintos grupos a una nueva discusión del articulado.
En este segundo proceso se cometieron algunos desaciertos, ya que en lugar de un Conadi fortalecido, se propone retirarle los recursos que hasta ahora ha logrado gestionar para entregárselos a una secretaría del ejecutivo, propuesta que en ningún momento fue planteada y menos validada por las organizaciones representativas del colectivo; además, se retira un bono que se destina para los sectores de discapacidad en extrema pobreza.
Al abrirse esta nueva discusión, el movimiento nacional de personas con discapacidad plantea al Conadi, que retome el tema del bono y el debate sobre la institucionalidad, basado en el dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas, que señala entre otros aspectos, la dificultad del Estado en el financiamiento de dos entidades (una secretaría y un organismo bipartito) con similares funciones, que generaría la duplicidad de atribuciones sobre un mismo tema.
En la nueva consulta, las organizaciones representativas de personas con discapacidad, ratifican la propuesta de un Conadi fortalecido y rechazan la idea de una secretaría técnica desde el ejecutivo, primero por las competencias de una secretaría, y luego, porque se retira la toma de decisión de la sociedad civil sobre los asuntos que le conciernen, propuesta que ha sido entregada al Legislativo con más aportes.
