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EDITORIALES

Más agentes para garantizar la seguridad

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La Policía Nacional Civil (PNC) cumplió ayer 24 años de servicio a la población. El primer contingente que se hizo cargo de la seguridad ciudadana salió a las calles el 15 de julio de 1997, sustituyendo a la Policía Nacional.

La institución surgió a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, entre el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el 29 de diciembre de 1996, con el compromiso de fortalecer el resguardo de la población.

Durante todo este tiempo transcurrido, las fuerzas del orden han ido creciendo en cantidad y en calidad pues, además de sumar personal cada año a sus filas, también se ha promovido la profesionalización en la institución.

En el marco del aniversario de las fuerzas de seguridad, el pasado miércoles se graduaron 1 mil 512 agentes, con los cuales el Gobierno avanza en el cumplimiento del proceso de fortalecimiento de la institución.

Los nuevos agentes mejorarán las acciones de resguardo ciudadano y lucha contra el crimen organizado, como el narcotráfico y las pandillas, así como en el combate de los delitos que se cometen en los ingresos terrestres y aéreos del país.

En ese sentido, del total de los nuevos efectivos, 300 irán a la División de Puertos, Aeropuertos y Fronteras, y el resto a las subdirecciones generales de Análisis de Información Antinarcótica, de Investigación Criminal, de Prevención del Delito y de Operaciones, de acuerdo con las autoridades del Ministerio de Gobernación. 

Hasta antes de la graduación, se estimaba que la institución contaba con aproximadamente 43 mil integrantes, entre mandos superiores, intermedios, oficiales y agentes, al servicio de la población guatemalteca.

Con el lema “Proteger y Servir”, con el cual se identifica la PNC, los uniformados recién incorporados también se sumarán al trabajo de prevención del delito, acercamiento a la comunidad y apoyo a las acciones humanitarias en casos de emergencia, como hasta ahora lo ha hecho la institución. 

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Garantizar la movilidad humana y comercial

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La Constitución Política de la República establece de manera clara los derechos a los cuales tiene acceso la ciudadanía, así como las acciones que debe tomar la autoridad cuando las garantías son violentadas.

Entre los citados derechos está la libre locomoción de los guatemaltecos, en todo el territorio nacional, así como el derecho a manifestar, siempre y cuando se haga en pleno respeto del orden y de la propiedad pública y privada.

En los recientes días, el país se vio afectado por una serie de medidas de hecho por parte de grupos de transportistas que bloquearon por más de un día las principales carreteras del territorio nacional, lo que imposibilitó el libre tránsito de personas y vehículos, así como de mercancías y de instituciones humanitarias y de socorro.

Esa situación causó caos y la inconformidad de millones de guatemaltecos, que necesitaban trasladarse a sus actividades laborales o acudir a realizar alguna diligencia importante.
Por ello, la Corte de Constitucionalidad (CC) aprobó un amparo interpuesto por la Cámara de Comercio, con el fin de garantizar la libre locomoción.

En cumplimiento de lo resuelto, las fuerzas de seguridad procedieron a desbloquear los puntos, recurriendo al diálogo con los manifestantes.

La institución encargada de ejecutar la disposición de la CC fue el Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil (PNC), que desde la madrugada de ayer comenzó a liberar las vías por donde transita gran parte de la actividad social, comercial y turística de Guatemala.

Los transportistas que bloquearon las carreteras exigían la derogatoria del Acuerdo Gubernativo 17-2020, que autoriza la contratación de un seguro para terceros, pero que está suspendido por el Organismo Ejecutivo desde hace meses.

Las diligencias de ayer, para desbloquear las rutas, se llevaron a cabo en el marco del respeto a los derechos humanos. En ese sentido, los agentes de la PNC recurrieron al diálogo, lo que finalmente dio como resultado el despeje de las vías y la reactivación de las actividades socioeconómicas.

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Más oportunidades laborales

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La unidad es importante para el Gobierno de la República, pues con ella se logran objetivos favorables para la población, especialmente la vulnerable a problemas socioeconómicos, cuya atención no se había dado en años.

Asuntos como la falta de empleo que afecta a miles de guatemaltecos, son de alta prioridad para las autoridades del Ejecutivo, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei,
quien ha dado directrices a donde corresponde para buscar soluciones a estas situaciones.

Desde que se inició la presente gestión gubernamental, se ha hecho hincapié en la búsqueda de puestos laborales para los interesados. Afortunadamente, el sector empresarial y las municipalidades se han coordinado para llevar a cabo actividades en las que se ofrecen oportunidades de trabajo.
En ese sentido, la primera Feria Nacional de Empleo 2022 se inició ayer, con el objetivo de generar oportunidades de trabajo digno e incentivar el desarrollo personal y familiar de los
guatemaltecos.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) inauguró la citada actividad en el municipio de Villa Nueva, donde más de 25 empresas ofrecieron contratar a vecinos de la localidad.
La feria se realizó de manera simultánea en la Región 1 y, posteriormente, se hará en el resto del territorio nacional, de acuerdo con las autoridades del Gobierno.

El programa comenzó ayer en los departamentos de Guatemala, Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez, y continuará hoy en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y Petén.

Mañana y pasado mañana se realizará en Chiquimula, El Progreso, Izabal, Jalapa, Zacapa, Escuintla, Jutiapa, Santa Rosa y Suchitepéquez. Finalmente, el próximo viernes la feria llegará a Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Totonicapán, para así abarcar todo el país.

Una de las novedades de la Feria de Empleo es que se firma un convenio interinstitucional con las comunas, que permite implementar la Ventanilla Única Municipal de Empleo (VUME), la cual facilita las oportunidades laborales para los guatemaltecos.

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Acciones que benefician a los más necesitados

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En entrevista proporcionada al Diario de Centro América, Vinicio Arreaga, viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), destacó que en 2021 los programas de la cartera llegaron al área rural, garantizando con ello la provisión de alimentos y la producción agrícola a la población en situación de pobreza en el país.

El viceministro Arreaga destacó que, de acuerdo a los lineamientos solicitados por el presidente Alejandro Giammattei y el titular del MAGA, José Ángel López, el ministerio tiene el compromiso de mejorar la capacidad de producción e impactar en la seguridad alimentaria de los sectores con mayor vulnerabilidad en el área rural. El año pasado, por medio del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), el MAGA entregó 581 089 raciones de alimentos por medio de sus tres programas, que incluían a quienes fueron afectados por la emergencia sanitaria del Covid-19, el denominado Asistencia Alimentaria y el de Alimentos por Acciones (APA).

Entre las acciones destacan la instalación de huertos familiares y huertos escolares que actualmente producen alimentos para el autoconsumo y para la comercialización de los excedentes. Como valor agregado, se inició la producción de especies animales, incluso la producción piscícola.

Los programas de ayuda alimentaria y fortalecimiento de la producción agrícola familiar se implementan a escala nacional. Cabe destacar que existen 114 municipios con mayor atención y que integran la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. La cartera también tiene presencia en las áreas que conforman el Corredor Seco, y las familias que se atienden son las que se encuentran en vulnerabilidad alta a la inseguridad alimentaria.

En 2021 fueron varias las comunidades afectadas por las tormentas Eta e Iota, por lo cual el MAGA entregó  montos de Q1000, denominados Estipendios por Acciones, esto a cambio de reestablecer las capacidades productivas que fueron afectadas por las inundaciones o deslaves.

La cartera agrícola, con el apoyo de cooperantes, benefició a 33 mil familias, quienes trabajaron en la conservación de suelos y limpieza de canales de riego, en Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango y Quiché.

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