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EDITORIALES

Más acciones en favor del medioambiente

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La protección del medioambiente es otra de las prioridades del Gobierno de la República, que cada día acciona para cuidar el entorno y eliminar todo tipo de contaminación en el país.

La erradicación de centenares de basureros clandestinos, la siembra de árboles, la limpieza de playas y ríos, así como la preparación de guardianes ecológicos son, entre otras, las tareas impulsadas por las autoridades para avanzar en el mencionado objetivo.

Ayer se dio otro paso más en la materia, con la presentación, por parte del presidente Alejandro Giammattei, del Acuerdo Gubernativo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes.

La herramienta, que está a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, busca establecer normas para asegurar la salud humana y reducir toda contaminación en el país, por medio de la recolección, traslado y división de la basura.

Esta iniciativa involucra a todas aquellas personas, individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que, como resultado de sus actividades, produzcan residuos o desechos sólidos comunes, y deben separarlos al momento de su generación.

El reglamento está vigente desde agosto de 2021, pero hasta ayer fue presentado de forma oficial. A dos años de su implementación, la clasificación de la basura es primaria y en el tercer año comenzará la separación secundaria (papel y cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa y otros), y será obligatoria.

Para la verificación y ejecución de la citada normativa se contará con el apoyo de las 340 municipalidades del país. Este instrumento es un hito en el tema ambiental, y los gobiernos locales jugarán un papel importante en su ejecución.

Esta es la primera normativa en Guatemala que regula, de manera integral, la separación desde el hogar, oficina, empresa o industria, la recolección, traslado, almacenamiento, tratamiento y disposición final de la basura.

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EDITORIALES

Ampliación al subsidio de combustibles

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La crisis económica mundial, generada por diferentes factores, ha impactado en las finanzas de los guatemaltecos, quienes se han visto afectados por el incremento de los precios de algunos productos esenciales.

Debido a esta situación, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tomado acciones para apoyar a la población, y entre las iniciativas se puede mencionar el apoyo a los consumidores de gas propano, por medio del subsidio al citado insumo, lo cual favorece a los usuarios.

El Ejecutivo también promovió en el Congreso ampliar la ayuda económica a los consumidores de gasolinas y diésel, que se encarecieron debido al conflicto vigente entre Rusia y Ucrania.

El pasado martes, el Gobierno de la República envió al Congreso otra iniciativa de ley, que modifica el monto del subsidio a la gasolina regular y al diésel, que eran los únicos que contaban con ese apoyo, con Q2.50 y Q5, respectivamente, y amplía el aporte a la gasolina superior.

Afortunadamente, los diputados aprobaron ayer de urgencia nacional el apoyo económico temporal a los consumidores de carburantes, por un período de dos meses, tal y como lo solicitó el Ejecutivo.

De esa cuenta, el Decreto 28-2022, respaldado por el Congreso, establece que el subsidio al galón de gasolina superior, que antes no gozaba de este beneficio, será de Q5, e igual monto para el de la gasolina regular, así como de Q7 para el diésel.

La nueva normativa, que reformó el Decreto 20-2022, pretende mantener los precios de la canasta básica en el ámbito nacional, de los servicios del transporte y de otras necesidades de la población guatemalteca.

La fuente de financiamiento del apoyo temporal son los saldos de caja que provienen de la buena recaudación de 2021, por lo que no se afectarán las finanzas del Estado.

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Avances en la rendición de cuentas

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Entre las acciones que impulsa el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, está la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución del gasto público.

Con ello se pretende cristalizar los procesos en relación con los proyectos, para que la población pueda enterarse cómo marchan los mismos y en qué se está invirtiendo el dinero producto de sus impuestos.

Se ha puesto en marcha una serie de acciones que incentivan la fiscalización o auditoría social sobre los programas a cargo de las instituciones públicas, como los ministerios y secretarías, entre otras instancias que manejan fondos del Estado.

La Política Nacional de Datos Abiertos es una de las iniciativas que promueve tales ejercicios ciudadanos, y la entidad encargada de monitorear los resultados es la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, con el apoyo del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Entre sus beneficios se menciona que se puede analizar libremente los ingresos y gastos gubernamentales. Los ciudadanos pueden conocer las inversiones en infraestructura y se promueve la participación dinámica en la toma de decisiones sobre temas relevantes.

Las autoridades de la mencionada comisión y del Mingob presentaron ayer los resultados del programa, correspondiente al período 2018-2022, en los cuales se pudo constatar el cumplimiento de metas establecidas en la política, los avances de las estrategias e implementación del Portal Nacional de Datos Abiertos.

En el índice de cumplimiento, las entidades mejor evaluadas superaron una ponderación de más de 8.1 de calificación, y son 12 instituciones las que lograron el nivel alto.

Las variables evaluadas fueron los Comités de Datos Abiertos conformados, el porcentaje de información publicada en los portales web, los conjuntos de cifras dadas a conocer en el Portal Nacional de Datos Abiertos y la información de normas legales, entre otras.

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Alimentación Escolar como política de Estado

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El Programa Alimentación Escolar (PAE) es una de las iniciativas insignia del Ministerio de Educación (Mineduc), que tiene como objetivo ayudar en la nutrición de la niñez estudiantil del sector público.

El PAE cuenta con aliados en el ámbito nacional, entre ellos las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), que administran los recursos otorgados para el proyecto y son las encargadas de garantizar los alimentos para la niñez.

A pesar de la pandemia del Covid-19, el mencionado programa no dejó de llegar a los alumnos de preprimaria y primaria del país. La alimentación fue distribuida de manera puntual a los padres de familia.

Con el citado proyecto escolar, Guatemala se ha posicionado como uno de los países que tiene como política de Estado el referido sistema de apoyo a la población estudiantil.

Ese liderazgo fue reconocido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), durante una actividad que celebró los 10 años de las Escuelas Sostenibles de América Latina y el Caribe.

Un informe de la institución internacional destaca que en los últimos 10 años se han aprobado e implementado leyes de alimentación escolar en Guatemala, Paraguay, Honduras y Ecuador, con base en la metodología de Escuelas Sostenibles.

En el caso de nuestro país, según los informes proporcionados por el Mineduc, el Gobierno se ha fijado metas de beneficiarios por año, lo cual es determinante para definir y programar el presupuesto anual que se requerirá.

Las autoridades han anunciado que está por iniciarse la tercera entrega de fondos del PAE, que implica un presupuesto de Q789.2 millones. Se beneficiará a 2.6 millones de educandos de preprimaria y primaria, de 29 459 escuelas oficiales del país.

Además, este año cobró vigencia el aumento de Q2 por tiempo de comida aprobado por el Congreso de la República, lo que permitió elevar a Q6 la inversión por alumno. Con ello, el Gobierno reafirma su compromiso con la niñez en edad escolar.

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