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COLUMNAS

María Calvo: “Impera un concepto de igualdad deconstruido” (II)

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Blanca Rodríguez Gómez-Guillamón 

Revista Nuestro Tiempo

Hay que llevar la realidad científica a las leyes”. En esa propuesta, le parece imprescindible que la universidad sea campo de reflexión y de diálogo. De hecho, fue en una universidad donde Concepción Arenal abrió un debate al ser descubierta; ante su insistencia y el bagaje que demostró en un examen, le permitieron continuar de oyente. Sin embargo, la reivindicación de los derechos de la mujer viró más de cien años después.

Es en mayo del 68 cuando María Calvo advierte la primera ruptura: “La maternidad cobró un nuevo sentido y se consideró una amenaza para la igualdad, como si tener hijos y dedicarse a ellos fuera frustrante o esclavizante”. Se planteó la liberación de la mujer a través del aborto, la planificación y la anticoncepción. “A partir de entonces, explica, el hombre se convirtió en un enemigo al que había que eliminar y se empezó a rechazarle como padre por resultar inútil, perjudicial y prescindible”. Siguiendo esta tesis, la mujer renunció a la maternidad como se había entendido hasta entonces y también a la figura del padre.

”Si se desmorona el padre, se desmorona una columna de nuestra civilización“.

Hubo un hecho que a María, como jurista, le llamó la atención especialmente. En el real decreto ley que en marzo de 2020 amplió el permiso de paternidad, “no se recoge la palabra padre”. En su lugar, se puede leer “progenitor distinto de la madre biológica” u “otro progenitor”. “Me asustó ver cómo las leyes son capaces de eliminar una figura que pertenece a la cultura occidental desde hace siglos y que está en su base. Si se desmorona el padre, se desmorona una columna de nuestra civilización”. De esta preocupación, del intento de responder a por qué el padre está desapareciendo de la familia, surgió Paternidad robada (2021), una obra en la que María Calvo profundiza en el discurso hipermoderno (término acuñado por el sociólogo francés Gilles Lipovetsky), que ve al hombre prescindible en la crianza y en la educación de los
hijos.

“La maternidad en soledad está creciendo muchísimo”, añade María. Las estadísticas muestran un cambio de tendencia significativo. El 48.4 por ciento de los nacidos en 2019, última cifra recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE),  son de madre no casada. La apreciación “no casada” no se corresponde con “soltera”, pero ya en 2017 el INE subrayaba que la cifra de 44.5 por ciento era el “valor más alto de toda la serie histórica”. Un dato que crece un uno por ciento todos los años. 

  Continuará…

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Prevención del suicidio: una tarea que nos involucra (II)

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Patricio Ramírez Azócar

Director Centro de Apoyo al Desempeño Académico

Con estos antecedentes asociados a las edades de mayor riesgo, es evidente el relieve que toman las políticas que pueden ser estimuladas en la comunidad, especialmente, aquellas que podemos realizar dentro de los planteles de educación superior. Si bien en los estudiantes universitarios no hay más riesgo de cometer suicidio que sus pares que no están en la educación superior, la matrícula actual en estas instituciones entrega un escenario propicio para favorecer el cuidado de la salud mental de este grupo y, en específico, prevenir el suicidio en ellos.

Estar atentos a esas alertas implica interesarse por todos.

Es más, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio de 2013 incluyó dentro de sus componentes, la implementación de programas preventivos en los establecimientos educacionales como principal estrategia para prevenir el suicidio en niños, niñas y adolescentes, considerando de manera explícita la participación de la comunidad educativa, sean estos estudiantes, sus familias, los docentes y todo el equipo de gestión de los establecimientos.

La prevención completa del suicidio en los entornos educativos debiera contemplar que se estimule un clima protector, tener un amplio programa de prevención de problemas de salud mental, realizar sensibilización y educación sobre el suicidio, detectar estudiantes en riesgo, generar protocolos para el manejo y acciones posteriores a la ayuda, y tener una coordinación con la red de salud para apoyar a los estudiantes y sus entornos cercanos.

La prevención dice relación con estar alertas, como, por ejemplo, a si el estudiante ha buscado formas de quitarse la vida, ha dado mensajes de despedida, se ha hecho lesiones. O señales indirectas, como alejarse de familia y amigos, disminuir su asistencia a clases y su compromiso con las actividades académicas, y un deterioro de su imagen personal. 

Estar atentos a esas alertas implica interesarse por todos con quienes se interactúa dentro de la comunidad universitaria, involucrarse activamente, no dudar en activar los protocolos que, por cierto, deben ser lo suficientemente discretos y cuidadosos de la intimidad personal.

Universidad del Desarrollo
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COLUMNAS

Estado y democracia (III)

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Cristian Otoniel Montufar Vásquez

Coordinador de Programas de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. 

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Otra de las formas de gobernar es la llamada Aristocracia, en
la cual el poder de administración del Estado radica en un grupo social “privilegiado”, que posee algún linaje o vínculos con la realeza, el cual teóricamente ostenta las mejores facultades y competencias académicas, intelectuales o morales para ejercer dicho poder. En Hispanoamérica, fue el modelo que se utilizó para ejercer el poder luego de los procesos de independencia, debido a que los primeros funcionarios públicos que se encargaron de la administración política y económica de los territorios eran descendientes directos de los primeros terratenientes, quienes tuvieron vínculos con las monarquías europeas.

Otra manera de administrar el Estado es a través de la Democracia, la cual es una forma de gobierno que se caracteriza por dar preponderancia a la soberanía popular; es decir, al derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes; en este caso, a través del sufragio, por lo cual se dice que, el poder radica en el pueblo. Sumado a esto, se estipula que los asuntos públicos del país deben ser decididos por la ciudadanía, a través de mecanismos de participación directa o indirecta, los cuales se han definido previamente. Existen básicamente tres tipos de democracia:

Democracia representativa. En este tipo de democracia los ciudadanos eligen a sus representantes, quienes ejercerán el poder en nombre de dichos electores, los cuales por supuesto, tendrán siempre la responsabilidad de velar por que sus representantes cumplan con el compromiso adquirido.

Otra manera de administrar el Estado es a través de la Democracia.

Democracia participativa. En este otro tipo, se construyen marcos jurídicos que faciliten la organización ciudadana, de tal manera que ejerzan una influencia más directa e inmediata para la toma de decisiones gubernamentales. Algunos de los mecanismos legales de participación en este tipo de democracia son los referéndums, las propuestas de ley, los plebiscitos, las apelaciones de sentencias, las consultas populares y, en algunos casos, la revocación de mandato. Democracia directa. En esta variante, las decisiones gubernamentales se toman por medio del voto popular, a través de mecanismos como los referéndums vinculantes, elecciones primarias, asambleas de ciudadanos, etc. En el caso de Guatemala, el sistema de gobierno es republicano, democrático y
representativo.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Aspectos relevantes del Decreto Número 5-2021

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Aída Gabriela Morales Chamalé

MSc. Aída Gabriela Morales Chamalé

Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica

El Estado de Guatemala posee como fin primordial el bien común, que engloba grandes aspectos de desarrollo y evolución para el país, que permitan a la administración pública brindar un servicio eficiente y efectivo, considerando a su vez la necesidad de mejorar la organización y funcionalidad interna de las entidades gubernamentales; también es el encargado de asegurar el desarrollo y evolución tecnológica a nivel nacional, así como promover la aplicación e implementación de la ciencia y tecnología, tomando en cuenta su aplicabilidad dentro de la administración pública. Es por lo que el 01 de junio del presente año se publicó el Decreto Número 5-2021 que se refiere a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, con el objetivo principal de modernizar de la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización de trámites administrativos, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la interacción entre personas individuales o jurídicas y dependencias del Estado.

Se debe modernizar la gestión administrativa, simplificando los tramites.

En dicha normativa se contempla que la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico es el ente encargado de impulsar la simplificación de trámites administrativos, misma atribución que posee el Ministerio de Economía, pero específicamente en trámites vinculados a la facilitación del comercio exterior, atracción de inversión y registros públicos a su cargo. Siendo su ámbito de aplicación y obligatoriedad de la ley para todas las dependencias que conforman el Organismo Ejecutivo, en relación con los trámites administrativos que se llevan a cabo en la administración pública; pero las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas o que pertenezcan al Organismo Legislativo y Judicial, pueden adherirse o sumarse a la modernización de la gestión administrativa, por decisión de su autoridad máxima.

Otro aspecto importante es la relevancia que se le da a la Firma Electrónica Avanzada. Y, por último, la presente normativa establece que todas las dependencias a quienes les aplica esta ley deben ajustar sus procedimientos administrativos, planes y políticas internas, creando un plan de simplificación de trámites y servicios administrativos, cumpliendo con los plazos que se regulan en la misma, y tomando en cuenta el Principio de Legalidad regulado en el artículo 5 del Decreto referido, ninguna dependencia del Organismo Ejecutivo puede oponerse a la simplificación de procedimientos o a la utilización de medios electrónicos fundamentándose en normativas anteriores, normativas jerárquicamente inferiores o documentos administrativos internos.

Colaborador DCA
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Gobierno de Guatemala

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