Un juez brasileño suspendió hoy el nombramiento del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como jefe de gabinete, alimentando las tensiones en un país paralizado por escándalos de corrupción que amenazan el mandato de Dilma Rousseff.
Lula había llegado previamente a tomar posesión del cargo en una ceremonia con ambiente de mitin político en el que su sucesora denunció maniobras golpistas, en tanto que el Congreso se preparaba a instalar este mismo jueves una comisión que evaluará si le inicia un juicio de destitución, por presunta manipulación de las cuentas públicas.
“La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo”, declaró la mandataria en el Palacio de Planalto, mientras en el exterior de la sede del gobierno la policía se interponía entre partidarios y adversarios del gobierno.
“¡No habrá golpe! ¡No habrá golpe!”, coreaban los asistentes al acto adentro y fuera del edificio.
Lula, investigado en una causa por presunto ocultamiento de bienes en el megafraude de la estatal Petrobras, dejó el salón sin hacer declaraciones, en medio de una marea de custodios, asistentes, políticos y periodistas.
Pero minutos después, un magistrado de la capital frenó la designación con una medida cautelar que busca evitar que consiga la protección de fueros privilegiados que otorga la condición de ministro y que lo sustraería a la justicia ordinaria, y en especial al juez Sergio Moro, que investiga el caso Petrobras y que devino en ícono de la lucha contra la corrupción en Brasil.
El gobierno informó que recurrirá la decisión.
El último cartucho… ¿de pólvora mojada?
La entrada de Lula al gobierno es vista por analistas como una última tentativa de Rousseff para evitar el juicio de destitución que impulsa en su contra la oposición en el Congreso.
Una severa recesión económica sin salida visible y las revelaciones de la estafa que asoció empresarios y políticos que le costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras fueron minando a la coalición de gobierno que lidera el PT.
Recomponer esa alianza será de los principales objetivos de Lula en el gobierno para frenar el intento de destitución.
“Cuento con su experiencia de expresidente, con su identificación con el pueblo de este país, con su incomparable capacidad (…) de entender a ese pueblo y de ser entendido y amado por él”, afirmó Rousseff en la ceremonia que marcó el regreso de Lula al Palacio de Planalto tras más de cinco años.
“Usted tiene la grandeza de los estadistas y la humildad de los verdaderos lideres”, agregó Rousseff, que ocupó cargos ministeriales, incluyendo el de jefa de gabinete, durante los dos mandatos de Lula (2003-2010).
Pero el impacto esperado ya había sido eclipsado en la víspera por la divulgación de una llamada telefónica en la que Rousseff le anunciaba al expresidente que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento para que pueda “usarlo en caso de necesidad”.
Esa frase alimentó la sospecha de que el nombramiento era una maniobra para dotarlo de fueros que le dan derecho a ser juzgado por la Corte Suprema, si es que se llega a esa instancia.
Poder ejecutivo vs poder judicial
La revelación de la conversación entre Rousseff y Lula movilizó a miles de personas durante la noche en varias ciudades para exigir la renuncia de la presidenta, un reclamo que también hicieron legisladores dentro del propio Congreso.
Las tensiones entre la justicia y el poder ejecutivo se agudizaron este mediodía cuando Rousseff pasó a la ofensiva, reiteró que el diálogo no tenía ningún propósito equívoco y denunció la filtración de la conversación telefónica por el juez Moro.
“No hay justicia cuando las garantías constitucionales de la propia Presidencia de la República son violadas”, proclamó este jueves una combativa Rousseff, levantando el entusiasmo de la sala durante el acto en el que Lula permaneció en silencio.
El fiscal a cargo del equipo que conduce las investigacion de la llamada “Operación Lava Jato” (lavadero de autos) en la causa Petrobras, Deltan Dallagnol, salió literalmente a la calle y pidió micrófono en mano que se mantenga la independencia del poder judicial.
“La fiscalía brasileña y la justicia no se amedrentarán y darán fiel cumplimiento a la Constitución y a las leyes (…) Todos somos iguales ante la ley”, señaló en un acto improvisado en el estado sureño de Paraná, donde se tramitan los juicios de Petrobras de la primera instancia a cargo de Moro.
El vértigo de la crisis se reflejaba en los mercados. A media tarde, la bolsa de Sao Paulo subía 6% y el real se fortalecía al ritmo de las crecientes dificultades de Rousseff.
“El mercado está celebrando el fin de este gobierno”, resumió André Leite, de TAG Investimentos.
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