EDITORIALES
Luchando contra la trata de personas
La explotación de hombres, mujeres y niños forzados a trabajar en contra de su voluntad mediante el uso de violencia, coerción o engaños, es la práctica delictiva conocida como trata de personas, que genera anualmente un aproximado de 150 mil millones de dólares, de acuerdo con informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También reporta la OIT que, alrededor del mundo, no menos de 21 millones de personas son víctimas de explotación y son traficadas para realizar trabajos forzados en fábricas, trabajos domésticos, tráfico de órganos y prostitución, entre otras actividades.
En Guatemala se han registrado casos de mujeres latinoamericanas explotadas en la prostitución, y mujeres guatemaltecas del área rural que son obligadas a realizar trabajos domésticos con jornadas de más de doce horas, sin el pago respectivo y con tratos inhumanos.
De acuerdo con registros del Ministerio Público, durante 2018 se atendieron 161 denuncias por explotación y 276 por trata de personas, lo cual significa que más de 400 personas fueron víctimas de este flagelo, sin contar los casos no denunciados, que suman varios cientos.
La Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC) da cuenta en sus informes que: “De manera global, una de cada cinco víctimas son niños, aunque en las regiones y subregiones más pobres, como en África y el Gran Mekong (subregión de países localizados en la cuenca del río Mekong: Laos, Vietnam, Camboya, Birmania y China), conforman la mayoría de las personas traficadas. Y las mujeres equivalen a dos tercios de las víctimas de la trata de personas en el mundo.
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas trabaja en programas especiales para la prevención y lucha contra este flagelo, y ha hecho que se sumen empresas privadas relacionadas con el turismo, como hoteles, restaurantes, operadores de turismo y líneas aéreas, para ayudar en la detección de esta práctica criminal.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible se propone que para 2030 se haya erradicado todo tipo de trabajo forzado y esclavitud en sus manifestaciones modernas, así como la explotación sexual de mujeres, hombres y niños, y con ello terminar con la trata de personas en el mundo.
Dudas, retos y prejuicios. Eso cargan en sus espaldas los nuevos magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tras la elección efectuada por los congresistas nadie quemó cuetes. Tampoco hubo ovaciones. Más bien hay un sentimiento de pragmatismo, que roza el optimismo. Un alivio que impone retos.
Como es de esperar, el mayor nivel de esperanza está del lado de quienes los eligieron, entre los que figuran representantes del Partido Movimiento Semilla, el grupo cercano al Gobierno. Sus argumentos pueden ser válidos. Por ejemplo, advierten que la CSJ quedó integrada con el aval de la mayoría de bloques, lo cual se respalda con los siguientes datos: de los 13 magistrados solo una no alcanzó la mayoría absoluta (107 votos) y siete rebasaron de 150 apoyos.
El otro argumento que exponen es el balance que caracteriza a la nueva Corte. Una particularidad que no los deja bien parados, porque supone que debieron incluir a candidatos poco idóneos o vinculados a las mafias, como también lo advierten, principalmente, quienes han sido perseguidos por razones políticas.
Pero más allá de la defensa de los parlamentarios, conviene reparar en comentarios que hacen algunos expertos que han seguido de cerca el proceso. El más contundente advierte que se logró depurar la CSJ, y aunque con sus grises y sombras, el cuerpo colegiado tiene en sus manos mucho del futuro democrático del país.
En un mensaje divulgado en X, el presidente Bernardo Arévalo les recuerda algunos de los compromisos que tienen ante los guatemaltecos. El primero, aunque no necesariamente el más importante, pasa por rescatar la credibilidad ciudadana en la justicia y en el respeto de los derechos humanos. El otro se relaciona con el fin de la impunidad, sobre todo contra aquellos que han saqueado, insaciablemente el erario.
Conviene insistir sobre la desconfianza justificada que tiene la ciudadanía sobre las nuevas autoridades del Organismo Judicial. Dudas que los próximos magistrados podrán resolver si actúan con decencia y alejados de ese cártel de corruptos que, poco a poco, se va quedando solo e indefenso.
Las comparaciones no siempre son buenas, aunque, a veces, necesarias. Son las analogías las que permiten ver las diferencias. Buenas o malas. Si confrontamos, fácilmente, podemos medir avances o retrocesos. Calidades o deficiencias. Honradez o corrupción.
Entremos al punto. Diez meses atrás, Guatemala era una nación paria. Con autoridades desprestigiadas, ligadas a redes criminales que saquearon el erario. El Estado era una especie de red criminal que encubría a los delincuentes. Existía un pacto de corruptos, debilitado pero vigente, cuyo lema parecía ser: No te acuso, no te persigo y tampoco te juzgo.
Hoy, ese círculo vicioso comienza a romperse. El mundo nos mira con respeto. Nota los cambios. Jefes de Estado y de Gobierno le tienden la mano y se toman selfis con nuestros mandatarios.
Apenas ayer, valga el sentido figurado, las anteriores autoridades del Ejecutivo llenaban los listados de funcionarios censurados por Estados Unidos, dados sus evidentes vínculos con el descarado robo de los fondos públicos. Ellos, así como ministros, fiscales, jueces, empresarios y magistrados tienen cerradas las puertas de, en el peor de los casos, 40 naciones democráticas. No los quieren. Repudian la elasticidad de su moral.
En la actualidad, el propio Joe Biden y su esposa se acercan al presidente Bernardo Arévalo y a la primera dama, Lucrecia Peinado. Inmortalizan el saludo con una imagen que, seguramente, le duele a quienes fracasaron en sus intentos de abrirse las puertas en ese alto mundo de la política mundial.
En estos momentos en el país se desarrolla un Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, un caso inédito en la historia reciente. Al evento asisten representantes de la administración estadounidense que repudiaron y promovieron la repulsa contra ese pacto de mafiosos.
El desprecio cambió por sonrisas amigables, por saludos respetuosos y con la certeza de que se crearán estrategias que combatirán a los cárteles del crimen. Por supuesto, también aparecieron las comparaciones. En la gestión de Arévalo se ha incautado el doble de drogas que en la de su antecesor. Un hecho que marca un antes y un después. Una evidencia que pone al país en el lado correcto de la historia.
El exitoso operativo ejecutado ayer por la Policía Nacional Civil (PNC) evidencia algunas prioridades del Gobierno. El combate indiscriminado a la corrupción es una de ellas. No criminalizar a las personas migrantes, es otra.
Además, desarticular esa banda que traficaba seres humanos muestra la concordancia entre la teoría y la práctica que caracterizan el desempeño del binomio presidencial integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como el del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Acostumbrados a discursos incendiarios venidos de mandatarios, magistrados, jueces y fiscales que reprenden los saqueos y a las mafias, los cuales contrastan con acciones que protegen, miman o encubren a los delincuentes de cuello blanco y conciencia negra, los guatemaltecos observan hoy la coherencia entre el dicho y el hecho.
Hay que recordar lo siguiente. En todos los foros, nacionales y externos, en los que han participado los gobernantes e integrantes del Gabinete, el principal reto asumido es el de imponer un Estado donde prime la decencia. Una administración que vele por depurar las instituciones y evite el robo del erario.
Pero también existe un compromiso por respetar los derechos humanos de los indocumentados y combatir, con rigor y fuerza, a las redes que se aprovechan de las necesidades humanas. Eliminar las bandas que lucran con quienes, por necesidad, abandonan sus países en busca de mejores oportunidades.
Grupos que comercializan con los sueños y esperanzas de centroamericanos, caribeños o sudamericanos, por citar ejemplos. Delincuentes sin escrúpulos que prostituyen a niños y adultos, causantes, incluso, del tráfico de órganos.
Esta es la importancia del golpe propinado por el Ministerio de Gobernación (Mingob) a esta estructura de trata de personas. Un cártel en el que participaban 23 policías y otros dos agentes que estaban de baja, más 11 civiles.
Finalmente, conviene resaltar el mensaje que el Gobierno envía a la mayoría de integrantes de la PNC que desempeña un papel honroso y valiente. Un recado que advierte que la honestidad será premiada, mientras que a la indecencia se le perseguirá, sin importar uniformes ni cargos.
