La última reunión ordinaria de 2023 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) permitió asegurar y prolongar la bienaventuranza conseguida en los 340 municipios, gracias al impulso de obras que elevaron los niveles de vida de los ciudadanos, en especial, de quienes viven en áreas que
permanecían ausentes de las políticas públicas.

En el encuentro, que reunió a representantes de sectores público y privado, comunas, academia e indígenas, se aprobó la construcción de 2596 proyectos, que implicarán una inversión de Q3931.6 millones en 2024. Como ha sido costumbre, los recursos se destinarán para reforzar la atención en salud, educación, infraestructura, medioambiente y agua y saneamiento, trabajos que han asegurado el beneficio integral de los connacionales.

Otro elemento trascendente es que este fue el último Conadur que dirigió Alejandro Giammattei como Presidente Constitucional. El momento fue oportuno para el intercambio de reflexiones. El dignatario manifestó que “ha sido un alto honor trabajar junto con ustedes en favor del desarrollo, y tomar decisiones de la mano de un grupo que representa a la sociedad guatemalteca que está en la misma sintonía del Organismo Ejecutivo: servir al país”.

Además de los aplausos, el gobernante recibió palabras de agradecimiento y reconocimiento. Por ejemplo, se valoró su visión y convicción municipalista, que lo ubicó como el jefe de Estado que más recursos y apoyos ha dado a los alcaldes, sin distinción de partidos o pensamientos ideológicos.

De igual manera, se le halagó el hecho de que las asignaciones presupuestarias llegaran cabales y a tiempo, así como su decidido esfuerzo por combatir la violencia contra las mujeres y el respaldo a los pueblos originarios.

En fin, la realización del Conadur concluyó como debe ser, entre optimismos por el país que se ha construido y, como afirmó Giammattei, con la satisfacción del deber cumplido “que nadie me va a quitar”.

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Ante las manifestaciones de poder que los cárteles de la droga han realizado en los últimos días en México, en especial en cercanías con comunidades guatemaltecas, la administración del presidente Alejandro Giammattei reaccionó y definió un dispositivo que, luego de implementado, ha mantenido la gobernabilidad en el territorio y ahuyentado a los grupos criminales.

Un buen resumen de los alcances de los operativos lo hizo recientemente el encargado del Ministerio de Gobernación (Mingob), David Napoleón Barrientos, cuando declaró a una radioemisora local: “Desde hace tres semanas, la criminalidad en estos lugares ha llegado a cero, no ha habido violencia y la presencia de efectivos ha generado confianza en la ciudadanía”.

Este éxito tiene muchos significados e importancias. Por ejemplo, permite que los comunitarios desarrollen sus actividades productivas, profesionales, académicas, deportivas, culturales, familiares, etcétera, con la confianza que ofrece un territorio seguro y protegido por fuerzas del Estado. Además, se envía un mensaje claro y contundente a los inversionistas extranjeros, quienes observan que el país es una oportunidad inigualable para la ampliación de sus empresas e iniciativas.

Sin embargo, el recado más trascendente lo reciben las mafias, porque reconfirman que el Organismo Ejecutivo no se detendrá ni escatimará esfuerzos para mantener el control y alejar a los delincuentes del territorio nacional y, sobre todo, de los connacionales.

De momento, las intervenciones de las instituciones combinadas de seguridad se han centrado en las localidades de Ayutla y Tacaná, San Marcos, así como en La Democracia y La Mesilla, Huehuetenango y, ayer, llegaron a Las Cruces y La Libertad, Petén.

Como anticipó el ministro Barrientos, los 2 mil efectivos de la PNC y Ejército se mantendrán en los lugares el tiempo que sea necesario, porque la misión es muy simple: servir y proteger a los compatriotas.

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El Gobierno, mediante la coordinación de los ministerios de Desarrollo Social (Mides), de la Defensa (Mindef) y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), continúa cumpliendo con la Ley Temporal de Desarrollo Integral, que tiene el objetivo de resarcir el servicio que los excombatientes del Ejército ofrecieron por la patria.

Un informe emitido por la cartera de Finanzas Públicas refiere que, de enero a agosto de 2023, el Mides ha desembolsado más de Q183.8 millones para cumplir con los pagos que los veteranos de guerra se han ganado mediante la realización de tareas de conservación, protección y mejoramiento del medioambiente.

Con la normativa, los congresistas crearon el marco jurídico que definió los procedimientos legales y las estrategias públicas que sirvieron de base para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes gubernamentales y del Estado, encaminados al desarrollo de quienes expusieron sus vidas para mantener la estabilidad social y política del país.

El presidente Alejandro Giammattei, principal defensor del decreto en mención, ha valorado la labor de quienes ofrecieron sus vidas a cambio de las libertades que hoy gozan los connacionales.

El plan de dignificación implica una remuneración de hasta Q36 mil a quienes se registren en el Mides, cantidad que se cancelará mediante 36 abonos de Q1 mil mensuales.

La Política General de Gobierno 2020-2024, que ha regido el accionar del Organismo Ejecutivo, en el eje de Desarrollo Social, establece la imperiosa necesidad de alcanzar la prosperidad individual, mediante la atención, directa y efectiva, de los más pobres y desvalidos, con la ejecución de compensadores sociales, focalizados y pertinentes a las condiciones de vida y trabajos prestados a la nación, compromiso que el dignatario no solo respeta, sino que hace valer en todo momento.

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