“Lucha debe traducirse en servicios eficientes”

Los progresos y metas en el combate al saqueo de los recursos públicos fueron abordados por Julio Flores, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), durante una entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). Dicha instancia cumplirá dos años de creación el 14 de febrero. 

¿Cuáles han sido los principales avances en estos dos años?

Uno de los más relevantes ha sido la creación de más de 65 oficinas de asuntos de probidad dentro del Ejecutivo, dedicadas a promover la transparencia y prevenir la corrupción. A partir de esta red se construyó la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción 2025–2032, se emitió el Código de Ética, se capacitó a más de 80 mil servidores públicos y se realizaron seminarios en el país sobre el impacto del saqueo de los recursos públicos en los derechos de la ciudadanía.

¿Cómo impacta la lucha contra la corrupción en la vida cotidiana de la población?

Aunque los conceptos de integridad pueden parecer abstractos, la instrucción presidencial es que el combate a este flagelo debe traducirse en servicios públicos eficientes y funcionales. Ejemplos concretos incluyen la modernización y funcionamiento de bancos de leche, que antes existían solo en papel, así como el fortalecimiento de la infraestructura educativa mediante más de 22 mil remozamientos de escuelas, con un portal de rendición de cuentas que detalla inversiones y resultados.

¿Qué importancia tiene el clima de confianza internacional generado por estos avances en transparencia?

La lucha contra la corrupción tiene un impacto transversal en el Estado y ha sido evaluada positivamente por organismos internacionales que coinciden en que se logró detener más de una década de deterioro institucional y comenzar una recuperación. Índices como el de Transparencia Internacional, Variedades Democráticas y evaluaciones de IDEA Internacional, así como calificadoras como Standard & Poor’s y Fitch Ratings, han valorado estos esfuerzos, acercando a Guatemala al grado de inversión y generando mayor certeza jurídica, inversión y empleo.