La confiscación de 120 toneles con presunta fentanila, ejecutada por los organismos de seguridad, viene a consolidar una estrategia de combate a los cárteles de la droga que, en materia de resultados, no tiene precedentes en el país.

El hallazgo evidenció también la formidable coordinación que prima entre instituciones del Gobierno y las oficinas del Departamento de Estado. De hecho, el trabajo de inteligencia nacional e internacional realizado permitió anticipar lo que sería el primer ingreso de estos químicos a Guatemala, información que facilitó las incautaciones.

Lo cierto es que los resultados en esta lucha sin cuartel se demuestran con números. Para ejemplificar lo anterior baste decir que en 2022, el valor de los narcóticos despojados suma Q170.6 millones, mientras que los bienes privados a estos grupos equivalen a Q1.4 millardos.

Además, gracias al trabajo de las fuerzas civiles y militares de seguridad, con el apoyo de fiscales del Ministerio Público, se detuvo a 40 extraditables, 27 de ellos, supuestamente, ligados a esta actividad criminal. En la misma línea, esta semana se conoció que en 2023 han sido capturados 8 presuntos narcotraficantes, quienes son solicitados por los tribunales norteamericanos.

Lo cierto es que la fentanila decomisada, cuyo total aún se desconoce, representa un éxito en materia de seguridad, pero también en lo relativo a la salud de los guatemaltecos. De acuerdo con las autoridades, el fentanilo es un sintético 50 veces más fuerte que la heroína y hasta 100 más que la morfina.

Un dato espeluznante advierte que en 2021 fue la principal causa de que en Estados Unidos se registrara un récord de 107 mil muertes por sobredosis.

En fin, la lucha contra estas agrupaciones del mal requiere valentía y dominio del tema, pero sobre todo de funcionarios conscientes y dispuestos a construir un país libre de drogas.

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La decisión de la máxima autoridad del Ministerio de Gobernación (Mingob), de salir a supervisar los operativos que se implementaron ayer en varias zonas de la capital, generó una sensación de tranquilidad y confianza entre quienes presenciaron la labor que, en su beneficio, desarrollaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Estas acciones son parte del plan integral concebido y ejecutado por el Presidente de la República y el encargado de la cartera del Interior, el cual tiene como fin principal la construcción de una nación segura, donde se respeta el Estado de Derecho y se apuesta por la gobernabilidad.

La iniciativa también conlleva un mensaje claro y contundente para los criminales, quienes están sabidos de que no pueden delinquir libremente, porque el Gobierno no permitirá que sigan atropellando, intimidando y despojando de sus bienes a los guatemaltecos de bien, que son la inmensa mayoría que vive en este territorio.

Como se pudo observar, los puestos de control y registro disponían de personal altamente calificado y equipado, que contaba con el apoyo de helicóptero, en caso de que fuera necesaria una persecución. Sin embargo, y más allá de las capacidades y fortalezas que hoy muestran los policías, conviene reparar en las manifestaciones de apoyo y confianza que expresaron los vecinos.

En este sentido, vale resaltar la alianza silenciosa, pero firme que se ha empezado a gestar entre autoridades y ciudadanos. En los últimos días, según registros del Mingob, las denuncias sobre hechos delictivos empezaron a subir, lo que ha redundado en capturas y recuperación del patrimonio. Poco a poco, la gente cree y espera más de los agentes y empieza a tener conciencia sobre el papel fundamental que juega en la lucha contra la delincuencia común y organizada.

“Es satisfactorio oír la opinión de los comunitarios, que reconocen que estos operativos benefician a todos”, afirmó el ministro de Gobernación, quien sabe que los esfuerzos emprendidos empiezan a generar grandes resultados.

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La primera entrega del aporte económico a los veteranos del Ejército, que se enmarca en la Ley Temporal de Desarrollo Integral (Decreto 51-2022), es el último paso de un proceso que tiene como objetivo fundamental resarcir a miles de excombatientes que sirvieron en un momento clave de la historia nacional.

La aprobación y ejecución de la normativa, justa y apegada a derecho, involucró a los organismos Legislativo y Ejecutivo y, por lo tanto, implica un compromiso de Estado que debe honrarse, sin discusiones. Sin embargo, más allá del obligado acatamiento de la ley, hay que tomar en cuenta que los beneficiados asumirán otras obligaciones para acceder a los Q1 mil mensuales que recibirán durante los próximos 3 años.

Como vemos, no se trata, ni por asomo, de un regalo ni de un privilegio. El único favor que tendrán por haber servido a la patria es que la condición de veterano de guerra validará su registro, no así el trabajo que ofrecerán en proyectos medioambientales y de progreso de las comunidades.

Adicionalmente, es importante destacar que el referido decreto dejó establecidas las funciones que fueron asignadas a los tres ministerios de Gobierno que desarrollarán el programa, lo que garantizará el cruce de datos, la transparencia en la selección de quienes optarán a las entregas monetarias y la rendición de cuentas.

Para conocimiento de todos, la cartera de la Defensa elaborará los listados, mientras que los despachos de Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social velarán por el fiel cumplimiento de las labores citadas y las transferencias pecuniarias, respectivamente.

Alcanzar la reconciliación del país requiere de esfuerzos de todos los sectores sociales, pero, principalmente, exige compensar el sacrificio brindado, más allá de las posturas de quienes fueron partícipes de esta etapa.

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