Dieciocho meses después de los “Panama Papers“, relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a develar los “Paradise Papers”.
La entidad se basó en la filtración de 13.5 millones de documentos financieros, provenientes fundamentalmente de un bufete internacional de abogados basado en las Bermudas, Appleby, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Documentos provenientes de Appleby revelaron que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, conservó participaciones en el capital de una empresa de transporte marítimo que tiene estrechos vínculos con un oligarca ruso sancionado por Estados Unidos y con un yerno del presidente Vladimir Putin, según el New York Times.
En el Reino Unido, unos 10 millones de libras esterlinas de la reina Isabel II fueron colocados en fondos en las islas Caimán y las Bermudas, según la BBC y The Guardian.
El magnate canadiense Stephen Bronfman colocó a su vez junto a su padrino Leo Kolber unos 60 millones de dólares en una empresa offshore en las Caimán, según informó el Toronto Star.
Este amigo del primer ministro Justin Trudeau y encargado de la campaña financiera del gobernante partido Liberal canadiense durante las elecciones de 2015, podría representar una carga para el jefe del Gobierno, electo en base a promesas de reducción de las desigualdades y de justicia fiscal.
Los circuitos a los cuales recurren los más ricos y las empresas multinacionales para colocar sus fondos en los paraísos fiscales no son ilegales. Gracias a vacíos de la reglamentación, permiten a sus beneficiarios pagar mucho menos impuestos.
El caso del secretario de Comercio estadounidense podría de todas maneras plantear problemas éticos, estimó Richard W. Painter, quien fuera director de la oficina de ética durante la presidencia del republicano George W. Bush.
Wilbur Ross, un reputado financista, redujo su participación personal en Navigator Holdings, la empresa incriminada, al tomar sus funciones en enero, pero todavía controla 31% de su capital a través de compañías offshore.
Uno de los principales clientes de Navigator Holdings es la compañía rusa de gas y productos petroquímicos Sibur, que aportó 26 millones de dólares a su volumen de negocios en 2016, escribe el cotidiano francés Le Monde.
Entre los propietarios de Sibur figuran Guennadi Timtchenko, un oligarca allegado al presidente ruso Vladimir Putin, sancionado por el Tesoro estadounidense tras la invasión de Crimea por Moscú, y Kiril Chamalov, casado con la hija más joven de Putin.
“El secretario Ross no participó en la decisión de Navigator de hacer negocios con Sibur”, que “en esa época no había sido sancionada, como tampoco lo ha sido ahora”, reaccionó el Departamento de Comercio en un comunicado enviado a la AFP.
El ministro no “se reunió jamás con los accionistas de Sibur mencionados”, agregó, y aseguró que Ross respeta las normas éticas del Gobierno.
Desde su inicio, la gestión del presidente Donald Trump se ve afectada por el “affaire ruso”, las sospechas de colusión de su equipo de campaña con Moscú.
Entre los otros clientes de Navigator Holding figura la petrolera estatal venezolana PDVSA, afectada por sanciones de Washington desde el último verano boreal.
Lo fondos de la reina Isabel II colocados en las islas Caimán y Bermudas fueron generados a través del ducado de Lancaster, dominio privado de la reina y fuente de sus ingresos.
“Todas nuestras inversiones son objeto de auditorías y son legítimas”, dijo a la AFP una vocera del Ducado de Lancaster.
Según ella, las inversiones en fondos en el extranjero representan apenas el 0,3 por ciento del valor total del ducado.
El jefe de la oposición laborista británica, Jeremy Corbyn, denunció en Twitter que existe “una regla para los súper ricos y otra para los demás cuando se trata de pagar impuestos”.
*Con información de AFP.
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