La estafeta llegó al jurista colombiano Iván Velásquez, tercero de los comisionados, y quien ejerce el cargo desde septiembre de 2013, encontrándose en el cuarto año de su ejercicio.
(4) Mi apoyo personal y el de mi Gobierno han sido irrestrictos para la labor de la CICIG y el consecuente éxito de lo convenido con la Organización y, así, como Jefe de Estado, dentro del ámbito de las funciones constitucionales que me corresponden y que también me atribuyen otras leyes, convine con la Organización de las Naciones Unidas la prórroga de su mandato hasta septiembre de 2019, anticipándome, incluso, al momento en que debía decidirse y me he permitido poner a disposición del esfuerzo realizado, –de forma irrestricta– al Ministerio de Gobernación y sus cuerpos policiales, dotando al Ministerio Público de suficiente presupuesto y proporcionándoselo con puntualidad poco menos que absoluta y de igual forma; así como ha sido irrestricto mi apoyo como Jefe de Estado, también lo ha sido, quizá más importante aún, en lo que constituye mi personal ejemplo de sujeción a la ley, respetuoso de la administración de justicia y de la acusación penal, sufridas nada menos que en mi propia carne: mi familia.
(5) Es mi ferviente propósito y mi compromiso que la CICIG alcance los objetivos que nos propusimos al momento de establecerla con la la Organización de las Naciones Unidas, esfuerzo en el que deseo que se produzca en estos dos años, a partir del próximo septiembre, la más estrecha comunión entre quien dirige la Comisión y el Jefe del Estado, cada cual en el ámbito que le corresponde, pero obligados ambos a la optimización de los esfuerzos y, siendo así, quisiera de la Organización cuanta decisión sea precisa para que el trabajo de la Comisión fructifique sin tropiezos, imposible si persisten errores que se dieron en esta tercera administración, que al igual que las anteriores –humano es– tiene sus luces y sus sombras.
(6) Mi deseo, pues –tal la razón de ser de mi viaje y de la reunión que sostenemos– es el mejoramiento de la Comisión, fortalecida en esta prórroga que me permití convenir anticipadamente con la Organización de las Naciones Unidas –septiembre de 2017, septiembre de 2019–, para que alcance los objetivos que nos llevaron a convenirla y prorrogarla, transmitidas sus capacidades a las instituciones ordinarias, aspiración que implica, necesariamente, la más granítica unidad en el esfuerzo
(7) Conocidas las luces de la Comisión y de quien es su tercer Comisionado, las que ya hemos compartido por lo que no es preciso reiterar, sin ser exhaustivo debo señalar algunas de las sombras de la administración tercera de esta Comisión que establecimos: (a)La Comisión fue arrastrada a inmiscuirse en asuntos políticos que por mandato constitucional expreso corresponden con exclusividad a los guatemaltecos, desarrollando activismo de su parte, en la persona que la dirige, para que se aprobaran reformas constitucionales, trascendiendo de la recomendación al activismo de la recomendación, a la petición en materia política, reformas recomendadas y presentadas tal y como se recomendaron y que se evidenciaron, a la postre, ya sujetas a la crítica, carentes de excelencia y de sustento y, en ese afán político, por encima de sus funciones, vino incluso a sembrar división entre los guatemaltecos, pretendiendo introducir lo que la Constitución Política de la República ya contempla, pero en una forma tal que se apartaba de los consensos nacionales –asunto en todo caso– ajeno a su mandato y que la llevó al terreno de lo político, arrastrada la Comisión a las pasiones y entredichos de esta actividad, quienes a favor de la misma y quienes en contra suya; correligionarios, unos, adversarios, otros…
(b) Se abstuvo y aún se sostiene abstenida de apoyar la persecución penal –como se debe– sin transigir con el delito en el caso conocido como el de la Terminal de Contenedores del Puerto Quetzal, caso en el que se debió de perseguir el comiso de todos los instrumentos del delito como pena accesoria –de todos– sin excepción alguna, lo que incluye las coimas habidas para lograr el contrato, así como toda inversión realizada, encaminado el evidente concurso de delitos perpetrado a la defraudación del patrimonio del Estado, desposeído de un bien público por veinticinco años para beneficio de quienes delinquieron para conseguirlo, amenazantes, desde ya, las altas tarifas y sus graves consecuencias: el encarecimiento de cuanto exportemos e importemos.
Poco se sabe en Guatemala de los entretelones de este caso, pero el hecho es que tanto la Comisión –la Comisión que establecimos– como nuestro Ministerio Público señalaron una ruta distinta a la de la persecución penal –impropia para manejarlo– la ruta seudo jurídica-política habiendo, sido estos quienes propusieron al interventor del cuerpo del delito y quienes señalaron la errada ruta a seguir y seguida por otro órgano del Estado –la Procuraduría General de la Nación– institución que representa al Estado y aconseja y asesora a los órganos que lo integran, habiendo sido también los gestores de la equivocada ruta de la extinción de dominio, errada porque el tema a discutir no es la de la ilegitimidad de la procedencia del dinero que se haya dado en coimas o invertido, sino los delitos perpetrados y las penas a imponerse.
Continuará…
