El objetivo principal de la creación de un observatorio del delito es que se convierta en una herramienta para la formulación de políticas públicas.
Hace veinticinco años, comenzó en América Latina el interés por conocer a profundidad el fenómeno del delito y para ello fue necesario que se crearan espacios que permitieran la observación del mismo desde un punto de vista epidemiológico, cultural y desde la criminalística.
Uno de los objetivos principales de la creación de observatorios del delito es que se convierta en una herramienta de orientación para formular políticas públicas, sin embargo, en la mayoría de países los pasos se han dado de forma contraria, es decir, primero se crean las políticas de seguridad y después se instalan los observatorios.
El primer país en la región en dar el paso fue Colombia en los años noventa, quienes utilizaron dos enfoques conceptuales para su instauración: el interinstitucional, al coordinar esfuerzos entre diferentes organizaciones para que el observatorio fuera una realidad; y el multidisciplinario, considerando que la definición de seguridad va más allá de las amenazas en contra del Estado. Se considera que un 60 por ciento de los observatorios se concentran entre México, Brasil, Perú y Colombia, de forma coincidente, los cuatro países tienen problemas de seguridad similares, especialmente los delitos relativos a la narcoactividad.
Estas naciones, por tener mayor experiencia en la temática, son requeridos en apoyo por naciones que están interesadas en instalar su propio observatorio del delito.
El Banco Interamericano de Desarrollo realizó una encuesta para conocer la finalidad de 66 observatorios en la región. La mayoría aduce que es para la formulación de políticas públicas, seguido de analizar información, veeduría y recolección de información y monitoreo; resulta desconcertante que en penúltimo lugar se encuentre la prevención del delito.
El seguimiento, evaluación y continuidad de algunos observatorios se ha visto afectado por la falta de recursos económicos y de gestión para sostenerlos, como el caso del Observatorio e índice de Seguridad Democrática del SICA (Obsica) que cerró actividades en 2014.
Guatemala cuenta con un observatorio del delito en el Ministerio de Gobernación, denominado 24-0, el mismo se considera un avance porque es parte de la tecnificación de la seguridad y porque podría convertirse en un elemento útil para la prevención del delito, es vital que la presente administración le dé continuidad.
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