Decía un antiguo maestro de periodismo que cuando se descubre un caso de corrupción basta rasgar un poco para que el excremento aflore. Salga a flote. Se evidencie.
Esto está pasando cuando se ha procedido a fiscalizar el uso de los fondos en la administración de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. Una rápida revista del tablero digital llamado Los expedientes de la corrupción, que aglutina las querellas presentadas ante el Ministerio Público (MP) por presuntos saqueos al erario, cometidos entre 2020 y 2024, permite establecer que nueve de los 14 ministerios de Estado están bajo sospecha de peculado.
Y no por un caso. No. Hay carteras que registran 30 o 39 pesquisas sobre las 169 acciones trasladadas al ente investigador, cuyos resultados son tan invisibles como los fiscales a cargo. Una cosa más, las denuncias aludidas solo incluyen las presentadas por el actual Gobierno, no las divulgadas por la prensa, diputados y líderes de organismos e instituciones que velan por la transparencia, las que tampoco muestran grandes avances en los procesos.
Lo que se le debe reconocer a las anteriores autoridades es que sistematizaron los saqueos. Hicieron del robo una política de Estado. Eso explica la diversidad de los asaltos. Los mil rostros de la corrupción. La voracidad con la que actuaron, sabiéndose impunes, intocables.
Los dos casos presentados ayer por el comisionado presidencial contra la Corrupción, Julio Flores, y las autoridades respectivas de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y Ministerio de Salud, muestran las intenciones que movían los nombramientos y lo desalmado de los crímenes.
Además, el llamado caso Red Q es el primero en el que se evidencia la plena participación de Giammattei, quien, pese a lo resuelto por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), dio su visto bueno para contratar, anómalamente, a Ernesto Quijivix, quien se aprovechó de sus cargos y conexiones para depredar las instituciones por las que pasó.
Hoy, también se confirma que este sistema de pillaje no tuvo escrúpulos. Sustrajo fondos públicos sin importar, como el caso del Hospital de Amatitlán, que ello implicara la bajeza de desabastecer de material médico-quirúrgico, fármacos e insumos a los guatemaltecos.
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