Existen algunos hechos de impacto en la región que deterioran su calificación en materia de derechos humanos, por ejemplo, el caso Ayotzinapa.
Según el reciente informe de Amnistía Internacional, en los últimos dos años, América Latina presenta una tendencia regresiva en derechos humanos; este retroceso se da a pesar de que la mayoría de países americanos han ratificado normas y tratados internacionales relacionados con la materia. Al respecto, el documento destaca aquellas áreas que han afectado la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En relación a la seguridad, ocho de los diez países más violentos del mundo se encuentran en Latinoamérica, siendo los más señalados Brasil, México, Colombia y Venezuela. A la inseguridad se suma que solo 20 de cada 100 homicidios han terminado en una sentencia condenatoria, lo que indica que el continente aún no presenta los cambios necesarios para erradicar la cultura de impunidad.
La conflictividad social es otro de los problemas generalizados en la región, específicamente la relacionada con los recursos estratégicos. La determinación de anteponer los intereses empresariales sobre el bien común, constituye una fuerte amenaza; siendo los territorios indígenas, campesinos y otras minorías étnicas los más afectados.
La migración desde México y Centroamérica, es alimentada por las condiciones económicas y de seguridad para la población; motivando a un gran número de personas, entre ellas menores no acompañados, a encontrar en otro país mejores condiciones de vida.
Existen algunos hechos de impacto en la región que deterioran su calificación, por ejemplo, el poco resultado que ha tenido la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Oficial de Ayotzinapa o como el desalojo habitacional que padecieron personas en Río de Janeiro, como consecuencia de la realización de infraestructura para los Juegos Olímpicos de este año, no habiendo recibido hasta el momento algún tipo de indemnización para saldar el daño.
No todo es negativo, el informe también presenta hechos importantes, como los avances en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC; el establecimiento de una comisión de investigación en Jamaica, que determina las violaciones de derechos humanos durante el estado de excepción de 2010; y el mecanismo nacional para la prevención de la tortura que ratificara Perú. La otra semana identificaremos el caso específico de Guatemala.
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