Karla Alejandra Chavajay Aguirre
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En Guatemala existen dos grandes herramientas que ayudan a que el Estado sea considerado un Estado abierto, transparente, que lucha contra la corrupción y rinde cuentas a los ciudadanos. Una de estas herramientas es la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que tiene por objetivo garantizar a todas las personas el acceso a la información que se encuentre en posesión de las autoridades o los sujetos obligados.
La LAIP, dentro de su marco legal regula como transparencia activa a la Información Pública de Oficio, la cual debe estar actualizada y disponible a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado, aspectos que se encuentran detallados en los artículos 10, 11, 12 y 13 de la misma.
La segunda herramienta es la Política Nacional de Datos Abiertos 2018-2022 (la Política), la cual tiene como objetivo principal que la información se encuentre en formato abierto para que se pueda analizar libremente, se conozcan los gastos e inversiones de las instituciones públicas, se promueva la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública y se tomen decisiones acertadas basadas en información.
La aplicación de los datos abiertos en la información pública de oficio es fundamental para garantizar el acceso a la información, la auditoría social y un Estado transparente.
La Política dentro de su marco regulatorio en su Eje I tiene como meta que la información pública de oficio para el año 2022 se encuentre en formato PDF, formato editable y formato abierto, llegando a la clasificación de tres o cuatro estrellas según el esquema de desarrollo de 5 estrellas de Tim Berners-Lee; aspecto que, gracias a los esfuerzos institucionales, se encuentra en gran avance.
La aplicación de los datos abiertos en la información pública de oficio es fundamental para garantizar el acceso a la información, la auditoría social y un Estado transparente, debido a que la información que publica cada uno de los sujetos activos debe estar actualizada, debe ser accesible, reutilizable, para mejorar la gobernanza, la participación ciudadana, el flujo de información, la rendición de cuentas, la transparencia y el combate contra la corrupción, dando cumplimiento a lo regulado por la LAIP y la Política.
Para dar continuidad con el uso de los datos abiertos, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico con el apoyo de Sociedad Civil y diferentes instituciones del Estado, dentro del 5º Plan Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023, compromiso 1 “Acciones Institucionales para el Fortalecimiento de Publicación en Datos Abiertos”, Hito 5 se realizará un proceso de cocreación para la Política Nacional de Datos Abiertos 2022-2025 con participación ciudadana, aprendizajes y buenas prácticas internacionales.
El Estado de Guatemala, a través de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, impulsa el gobierno abierto y electrónico para contribuir a una cultura de transparencia en donde la Sociedad Civil pueda ser parte de la toma de decisiones mediante la información que se publica en datos abiertos.
