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La Organización de los Estados Americanos (OEA) canceló ayer la presentación del informe en el que debía dar recomendaciones para superar la crisis política de Perú, después de la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un golpe de Estado.

Una misión de alto nivel del organismo había visitado, a finales de noviembre, el país suramericano para analizar la crisis peruana a petición del mismo Castillo, quien había denunciado que se estaba preparando un golpe de Estado en su contra.

La delegación de la OEA hizo entonces un llamado al diálogo en Perú y ayer debía presentar ante el consejo permanente del organismo su informe preliminar, pero la reunión fue cancelada. “La sesión extraordinaria del consejo permanente programada para este jueves para considerar el informe preliminar del Grupo de Alto Nivel que visitó Perú ha sido cancelada”, declaró la OEA en un breve comunicado.

“Creo que la asunción de la Presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país.” Dina Boluarte Presidenta de Perú

La OEA tomó esta decisión después de que la situación en Perú cambió por completo en la víspera con la destitución y arresto de Castillo, de modo que su informe quedó obsoleto.

Castillo anunció el miércoles la disolución del Congreso y la formación de un gobierno de excepción para sortear un juicio político en su contra, pero la mayoría de su Ejecutivo y las Fuerzas Armadas le dieron la espalda, el Congreso lo destituyó y la Fiscalía lo arrestó por intento de golpe de Estado.

El Parlamento nombró como nueva presidenta a Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta de Castillo, y quien se opuso al plan de su predecesor.

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El martes pasado, Honduras puso en marcha un Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión, acordado hace dos semanas por el Gobierno, que estará a cargo de la Policía Nacional con otros entes del Estado, que incluye un estado de excepción en 162 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, que regirá ininterrumpidamente hasta el 6 de enero de 2023.

La titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Isabel Albaladejo, subrayó que Honduras, “sin duda, tiene un gran problema; todo el fenómeno de la extorsión”, flagelo que en los últimos años ha dejado centenares de muertos y miles de micros, pequeños y medianos empresarios en la ruina, con alta incidencia en el transporte interurbano y servicio de taxis.

“Cuando hablamos de las mal llamadas políticas de mano dura, es importante asegurar un firme y férreo control y combate a la criminalidad y la violencia, pero a partir de medidas que fortalezcan la capacidad de prevención y de investigación de los hechos”, agregó.

Por lo anterior, “es importante que Honduras se aleje de esas políticas de mano dura, que lamentablemente se han dado en países cercanos en la región, traducidos en graves violaciones de derechos humanos y completamente ineficaces en el control y en el combate a la criminalidad y la violencia”, concluyó.

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, envió su “solidaridad con las familias de las víctimas” y aseguró que estas “tendrán un acompañamiento integral por parte del Gobierno Nacional”, luego de que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) informó que han sido localizados 33 cadáveres por el deslizamiento de tierra ocurrido el domingo pasado en el departamento de Risaralda.

De acuerdo con las autoridades, el alud sepultó un autobús, y las labores de rescate prosiguen y podrían encontrarse nuevos cuerpos, informó el Gobierno del país sudamericano.

“Hemos identificado ya a 33 víctimas fatales; entre ellas, 3 menores de edad;  asimismo, hemos rescatado con vida otras 9; 4 de ellas, en estado crítico que ya son atendidas”, declaró en una rueda de prensa Alfonso Prada, portavoz oficial. Prada, ministro del Interior, lamentó la situación y según el último boletín de la UNGRD, habían conseguido identificar 7 cuerpos y había también 5 personas heridas que recibían atención en el Hospital de Pueblo Rico y San Jorge, en Pereira.

La tragedia se produjo el 4 de diciembre, cuando parte de la montaña se desprendió y se llevó por delante un trozo de la carretera que comunica los departamentos de Risaralda y Chocó, en el sector de La Cabaña, Pueblo Rico.

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