NACIONALES
Ligan a 4 militares a proceso penal
Por su presunta participación y responsabilidad en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen, cuatro militares retirados fueron ligados a proceso penal por los delitos contra los deberes de humanidad, resolvió Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto del Ramo Penal.
Por su presunta participación y responsabilidad en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen, cuatro militares retirados fueron ligados a proceso penal por los delitos contra los deberes de humanidad, resolvió Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto del Ramo Penal.
La administradora de justicia consideró en su dictamen que existen los indicios suficientes de la presunta participación de los acusados en las faltas imputadas, por lo que ordenó la prisión preventiva y su ingreso a la Brigada Militar Mariscal Zavala. Además, otorgó un plazo de tres meses para que la Fiscalía pueda culminar las averiguaciones contra los sindicados y se presente la acusación formal y de manera escrita.
Detalle
Los acusados son: Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas; a estos dos últimos también enfrentan proceso por desaparición forzada.
El Ministerio Público (MP) recordó que el 27 de septiembre de 1981, durante el conflicto armado interno, en Santa Lucía Utatlán, Sololá, en un retén militar que se puso en el citado tramo carretero fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen, a quien le descubrieron material de discusión política.
El ente pesquisidor añadió que ella fue trasladada a la Zona Militar “GMLB”, en Quetzaltenango, donde fue torturada y violada por elementos del Ejército.
El 6 de octubre de ese mismo año, según se mencionó durante la diligencia, 3 elementos de la institución armada, con vestimenta civil, llegaron a la residencia de la familia Molina Theissen, en la 6a. avenida 2-35, zona 19, La Florida, de donde se llevaron al joven.
Foto: Francisco Jiménez
Dos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron aprehendidos ayer, por formar parte de un “caso gravísimo”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a través de su cuenta de X.
El jefe de la cartera del Interior explicó que un equipo antisecuestros desarrolló la captura de quienes señaló como “dos malos agentes”. “No puedo creer que a las autoridades anteriores les diera miedo entrarle a estos casos”, puntualizó el funcionario en el texto.
La decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo de reducir la condena del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a un tiempo menor al establecido en primera instancia, solo incrementa la percepción de un sistema cooptado, porque “se sigue un patrón sistemático, en el cual la justicia favorece a los implicados en casos de corrupción”, señaló Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
Según Marroquín, la reciente resolución “es una muestra más de cómo el sistema judicial parece operar en beneficio de las redes de corrupción”, y afirmó que la impunidad de los corruptos “es una batalla desgastante”.
Como se recordará, el proceso legal contra Benito por el caso de los 122 millones de quetzales localizados en una casa en La Antigua Guatemala ha sido una montaña rusa de decisiones, desde la declaración de culpabilidad del imputado en febrero pasado, luego un aumento de la pena por parte de la Sala de Apelaciones, y finalmente una nueva reducción de la condena y multa.
Ante el constante robo de transportes pesados con la utilización de tecnología, los empresarios han incrementado su seguridad y servicios de rastreo, aunque no descartan que las organizaciones criminales mejoren sus técnicas.
Las ciencias aplicadas se han convertido en un aliado de las bandas criminales, que a través de aparatos que bloquean la señal GPS atracan los furgones. Llamó la atención de la Asociación de Transportistas Internacionales que en uno de los últimos hechos delictivos se encontró un dispositivo profesional para entorpecer el sistema de posicionamiento.
“Por ello hemos tenido pérdidas millonarias durante mucho tiempo”, expresó uno de los afectados y miembro de la gremial, quien no quiso identificarse por temor.
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