EN EL PAÍS
Líder de estructura criminal es condenado a 80 años de prisión
El líder de una estructura criminal dedicada al sicariato y al cobro de extorsiones fue condenado este jueves a 80 años de prisión por fallo del Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.
El líder de una estructura criminal dedicada al sicariato y al cobro de extorsiones fue condenado este jueves a 80 años de prisión por fallo del Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.
El sentenciado es Damián Andrés Ramos Hernández, quien según el Ministerio Público (MP), fue capturado el año pasado junto a otros 11 integrantes de la agrupación delictiva.
Ramos Hernández fue sentenciado por los asesinatos de Luis Enrique Girón Mazariegos y Juan Carlos Salguero de León. Se le fijó una pena de 35 años de cárcel por cada caso, para sumar un total de 70.
Además, se dictaron otros 10 años de cárcel en su contra por el delito de obstrucción extorsiva del tránsito, debido a que estuvo involucrado en el cobro de extorsiones contra un grupo de taxistas que circulan en la lotificación San Isidro de ese municipio.
La Fiscalía Distrital de Coatepeque inició las investigaciones en contra de la banda liderada por Ramos Hernández, luego de que se registrara la muerte de un taxista y sus compañeros denunciaran que estaban siendo víctimas de extorsión.
Las otras personas que fueron detenidas ya fueron sentenciadas y cumplen penas de hasta 50 años de prisión por diferentes delitos.
Ramos Hernández también fue condenado el 27 de mayo de 2016 por el Tribunal de Sentencia de San Marcos a 25 años de cárcel por el delito de asesinato.
Una reunión con vecinos que rechazan la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, ofreció ayer el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez.
El anuncio lo hizo Jiménez luego de asistir al Congreso
para la continuidad de su interpelación, la cual se canceló por falta de cuórum en el Hemiciclo parlamentario.
A ese organismo del Estado llegó un grupo de personas que viven en los alrededores de donde se edificará el centro de privación de libertad a manifestar su descontento por el mencionado proyecto.
De hecho, dieron una conferencia de prensa en el área conocida como Los Pasos Perdidos, para comunicar su inconformidad con dicha obra, en compañía de la legisladora Sandra Jovel, quien lleva a cabo el juicio político.
Invitación
“Agradezco a la diputada Sandra Jovel por coordinar, organizar y traer al Congreso a algunos vecinos de Masagua”, afirmó el funcionario en su cuenta en X.
Luego, enfatizó: “Escuchar sus voces es fundamental. Están invitados el próximo lunes 30 de septiembre, a las 16 horas, en el Ministerio de Gobernación para intercambiar criterios y unir esfuerzos”.
Eliú Beltrán, quien es uno de los líderes del citado municipio que asistió el Legislativo, fue consultado respecto a la reunión anunciada por el titular de la cartera del Interior.
“Si es así, vamos a estar presentes. Eso es lo que necesitamos, sentarnos a una mesa de diálogo y solicitar que no se construya la cárcel”, respondió el entrevistado.
Una campaña de sensibilización para instar a la población a celebrar las fiestas tradicionales que se avecinan, evitando la contaminación de desechos sólidos, fue presentado por autoridades de Gobierno y entidades privadas ambientalistas.
La gobernación del departamento de Guatemala ha manifestado su compromiso de convocar a los representantes de las 17 comunas para que se unan a la iniciativa a fin de evitar, por ejemplo, que durante la quema del diablo, el 7 de diciembre, se dejen de producir unas 80 toneladas de residuos.
Rodolfo Girón, de Ecoquimsa, indicó que durante la Navidad y Año Nuevo, la calidad del aire alcanza niveles perjudiciales. Según mediciones de 2021, hubo momentos del día que el índice superó los 250, cuando el valor de alerta comienza en 101.
Foto: EFE
Derivado del olvido al que fueron aorillados por los gobiernos anteriores que obviaron llevar a cabo la reparación digna a las supervivientes de la violencia sexual durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996, un grupo de mujeres pidió en la Organización de las Naciones Unidas poner fin a este tipo de impunidad, según un cable de la agencia EFE fechado en Ginebra.
Conocidas como “las abuelas de Sepur Zarco”, estas damas han roto 30 años de silencio e hicieron historia en 2011 al presentar en un tribunal nacional el primer caso de delitos de este tipo en el marco de la disputa bélica.
No fue sino hasta durante el octavo aniversario de esta sentencia, específicamente la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, que se reconoció la valentía de este grupo poblacional y giraron instrucciones a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos que se cumpla con las medidas de reparación de este y otros casos.
