Los procesos judiciales contra los presos políticos se han construido de forma arbitraria, subordinados a los intereses de grandes proyectos empresariales.
No es lo mismo políticos presos, que presos políticos. Los primeros son en su mayoría integrantes de partidos políticos y/o funcionarios públicos que son señalados de, presuntamente, haber cometido delitos y por eso tienen persecuciones legales en su contra.
Los presos políticos son líderes comunitarios que a partir de que expresan su oposición a proyectos nacionales o extranjeros de carácter extractivos: hidroeléctricas, mineras, monocultivos y otras formas de expoliación y explotación de la naturaleza, son ciudadanos perseguidos judicialmente.
Según un comunicado de organizaciones sociales, estos procesos judiciales se han construido de forma arbitraria, subordinados a intereses de grandes proyectos empresariales.
Las organizaciones expresan, por medio de su comunicado, que informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de operadores de justicia, dan cuenta de irregularidades cometidas durante los procesos, tales como detenciones arbitrarias e incumplimiento de procedimientos legales establecidos. En el caso de las detenciones, utilización de figuras delictivas desproporcionadas para perseguir y acusarles, por ejemplo: los delitos de terrorismo y plagio o secuestro; prolongación excesiva de procesos penales; uso inapropiado de órdenes de detención que se mantienen pendientes de ejecutar durante años y resultan reactivadas en momentos estratégicos de movilización y protesta social.
La sentencia absolutoria de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez (octubre de 2015) y la resolución absolutoria, emitida por el Juez Miguel Ángel Gálvez en la fase intermedia de 2 procesos seguidos contra Rubén Herrera (mayo de 2013) ejemplifican la utilización del sistema de justicia para perseguir y debilitar a la oposición de las organizaciones sociales.
Este es el marco de los múltiples procesos judiciales contra dirigentes comunitarios, que ha implicado su encarcelamiento durante largos períodos, trayendo consigo una serie de efectos negativos, tristeza y pobreza para las esposas, hijas e hijos de los injustamente encarcelados, e imponiendo una situación de zozobra, gastos innecesarios, estigma social, precariedad y enfermedad para sus seres queridos en el entorno familiar.
La privación de libertad de Bernardo Ermitaño López Reyes, Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan, Mynor López, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, quienes son reconocidos como defensores del agua, la tierra y el territorio en el Norte de Huehuetenango, forma parte de la judicialización de la actividad política comunitaria y del tratamiento represivo.
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