Con la publicación ayer en el diario oficial del Decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, se pretende modernizar el modelo bajo el cual se planifican, diseñan, desarrollan, financian, construyen, mantienen, gestionan, operan, supervisan y usan las vías de comunicación.
El presidente Bernardo Arévalo sancionó el viernes pasado esta normativa con la que se busca mejorar las rutas más importantes, claves para la economía y comercio, comentó Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.
“Esta es una norma que crea los mecanismos que permitirán avanzar y facilitar la inversión pública para el desarrollo de carreteras y caminos, una de las prioridades para el país y el pueblo”, destacó el funcionario.
Asimismo, recordó que esta ley por años estuvo detenida y ahora es una realidad; como Gobierno, es considerada una herramienta útil y pertinente para atender
este tema.
Detalles legales
Las rutas centroamericanas tendrán prioridad por ser pasos de frontera a frontera y puerto a puerto, así como las periféricas, que tienden a facilitar la movilidad vehicular y liberar el traslado dentro del departamento de Guatemala.
Además, circunvalaciones 1 y 2 en el área metropolitana de Guatemala, y anillos metropolitanos en Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y Santa Rosa, así como
libramientos.
Se crea la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) como un órgano desconcentrado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con independencia funcional, económica, financiera, técnica y administrativa.
La entidad tendrá un directorio que será la máxima autoridad, entre cuyas funciones está la de aprobar, modificar o improbar los documentos relevantes para efectuar la licitación, adjudicación y ejecución de los proyectos.
Estará conformado, en forma ex oficio por los titulares del CIV, de Finanzas Públicas y el de Economía, el presidente del Colegio de Ingenieros y el del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional así como el gerente del DIPP, que es el jefe administrativo de la institución, quien participará con voz pero sin voto y fungirá como el secretario.
Cada uno tendrá un suplente, nombrado según lo establece la misma normativa.
Esta instancia contratará los trabajos mediante un procedimiento de licitación pública, competitiva y transparente.
Además, se crea el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip) que se encargará de administrar la ejecución de las obras y su respectiva supervisión.
Según el ejecutivo, esta instancia comenzará con una asignación de 10 millones de quetzales, y en 2026 ascenderá a 20 millones.
Las autoridades de las distintas carteras y dependencias que deban emitir resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias para el desarrollo de los proyectos estarán obligadas a responder en un máximo de 45 días hábiles y, en caso de no dar respuesta, se considerará un silencio administrativo positivo.
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