Karin Larissa
Herrera Aguilar Vicepresidenta de la República de Guatemala
[email protected]
En la lucha contra delitos complejos como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras economías ilícitas, la coordinación del Estado es indispensable.
Guatemala ha reconocido esta realidad y, desde hace más de una década, ha impulsado esfuerzos para articular a sus instituciones frente a estos desafíos.
En ese contexto surge la Copreclaft, la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Creada en 2010, ha funcionado como un espacio clave para que distintas entidades del Estado trabajen de manera conjunta, compartan información y definan estrategias orientadas a prevenir y combatir estos delitos.
Su aporte ha sido significativo. Ha permitido construir una visión común, fortalecer capacidades institucionales y responder con mayor eficacia a amenazas que impactan la seguridad, la economía y el bienestar de la población. Sin embargo, su carácter temporal plantea un reto evidente: la continuidad de estos esfuerzos no puede depender de prórrogas.
Hoy, Guatemala tiene la oportunidad de dar un paso adelante. La iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que propone la creación del Consejo Nacional de Coordinación (Conclaft) busca, precisamente, consolidar ese trabajo, dotándolo de permanencia, claridad en sus funciones, mayor certeza jurídica y la integración de un actor clave como es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). No se trata de empezar de cero, sino de fortalecer lo que ya ha demostrado resultados. Lo fundamental es asegurar que todos los actores clave del Estado permanezcan articulados en torno a un mismo propósito: proteger al país de los riesgos asociados a las finanzas ilícitas.
Este avance es también coherente con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomiendan a los países contar con mecanismos sólidos de coordinación nacional. Cumplir con estos lineamientos solo fortalece las instituciones y resguarda la reputación internacional de Guatemala y su estabilidad económica.
Aprobar esta ley es afirmar un Estado que coordina, previene y actúa con eficacia frente a las amenazas de las finanzas ilícitas. Es una decisión estratégica que protege a Guatemala, fortalece la confianza en sus instituciones y la posiciona, a nivel nacional e internacional, como un socio serio, confiable y comprometido con la transparencia y la legalidad.
Deja un comentario