“Ley abrirá las puertas a más inversiones”

¿Qué alcances tendrá esta legislación para la modernización de la red vial?

Lo más importante es que los procesos serán más expeditos y ágiles, porque no tendrán que ir al Congreso para su aprobación. Creemos que en 2024 se podría iniciar con los primeros tramos carreteros. La ley abre puertas a más inversión nacional o extranjera, lo cual genera un efecto dominó porque, a su vez, se logran también más oportunidades de
trabajo.

En términos de rapidez, ¿Cómo se explica que pronto veremos esas obras en ejecución?

Lo que la normativa establece son contratos de pagos por indicadores de servicios, lo cual ayuda a llevar un mejor control de largo plazo. Es importantísimo el hecho de que ahora se licitarán contratos en un solo paquete. ¿A qué me refiero con esto? Que las compañías que ganen un concurso o licitación de cualquier obra se comprometen a la construcción, operación y mantenimiento de una sola vez. Es un solo paquete, lo que garantiza calidad y transparencia.

¿Qué implicará para el Estado y la población en general?

Para el Estado, lo que veremos es que se pagará un proyecto hasta que esté terminado. Es como que alguien compre una casa con financiamiento bancario. Uno la adquiere, ya es propietario de ese bien, pero la sigue pagando por abonos.
Las empresas constructoras tendrán que ir a una entidad financiera a solicitar un préstamo ya con la obra adjudicada. Para quien recibe el préstamo, hay certeza.

¿Los peajes quedaron fuera de la normativa?

Inicialmente, la propuesta incluía esa posibilidad, pero al final en el Congreso se acordó que no y se eliminó. Significa que para el guatemalteco común y corriente no le implicará pagar por el uso de esas rutas. En el artículo 87 se establecen las prioridades, que son las rutas centroamericanas, los anillos metropolitanos y regionales.

¿Con esas condiciones, será atractivo para los inversores?

Este es un modelo muy exitoso; ya se aplica en el sector eléctrico. Se hacen estudios y se fijan las bases de la licitación. El Estado ofrece los tramos que le interesan y las empresas nacionales o extranjeras compiten. Luego van a una institución financiera y dicen: “tengo este contrato por tantos años, quisiera un préstamo”. También se podrán financiar por medio de instrumentos como bonos, en los mercados bursátiles.

¿De dónde surge la idea este modelo?

Este es un modelo que ya funciona muy bien en países como Colombia, Chile y México. También se garantiza la calidad, pues esa empresa que obtenga los derechos de construcción y mantenimiento tendrá que lograr la ruta en excelente estado. La ley ya establece una dependencia que se encargará de supervisión. Eventualmente hay que seguir haciendo carreteras con peajes; el sistema actual de adjudicación de obras es muy lento.

Ahora lo que se hará son ampliaciones. Ojalá se pueda reformar la ley de la Anadie (Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura).

Por ahora, ya hay muchos estudios de lo que se quiere; el país ha dado un paso importante para mejorar su infraestructura vial, pues el actual modelo ya quedó obsoleto por diversas razones. En adelante habrá transparencia.