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COLUMNAS

Les pintaron un chaleco

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Me imagino que fueron asustados los empresarios con el petate del muerto, ya que una pena de prisión de 4 a 12 años inconmutables, no son moco de pava.

Los empresarios que confesaron haber perpetrado el delito de financiamiento electoral ilícito no perpetraron delito alguno, puesto que no encajan en el primer supuesto que tipifica este delito y que implicaría que el dinero aportado tuviera su origen en el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito, lo que no es el caso, puesto que se trató de su propio dinero, dinero proveniente de sus actividades empresariales, todas lícitas. Ni Fraterno Vila, ni Herbert González, ni Felipe Bosch, ni ningún otro de los empresarios confesos, habrían hecho aporte alguno con recursos de tal procedencia y, en consecuencia, lo que hayan podido hacer no encaja en este primer supuesto. Tampoco encajan en el segundo supuesto y último del artículo que se refiere al financiamiento ilícito puesto que este segundo y último supuesto se refiere única y exclusivamente a quien RECIBA las contribuciones y no a quien las da, contribuciones que sin tener ninguna de las procedencias señaladas, se reciban anónimamente, es decir, sin saber su procedencia.

A los empresarios confesos, pues, les pintaron un chaleco puesto que les llevaron a confesar –como delito– DAR su propio dinero un hecho que no lo constituye. Para esclarecer debidamente el tema cabría preguntar a los empresarios lo siguiente: ¿Provenían los recursos aportados por ustedes del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado de dinero o de cualquier otra actividad que se encuentre calificada como delito? Pues bien, si no es así, ustedes no cometieron el delito de financiamiento ilícito que se encuentra tipificado en el primer párrafo del artículo que tipifica este delito y exonerados están de toda culpa en lo que se refiere a este supuesto.

La segunda pregunta a realizar a los confesos empresarios y que zanja el tema es la siguiente: ¿RECIBIERON ustedes alguna contribución anónima para financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales? Pues bien, si ustedes no recibieron sino que dieron contribuciones, ningún delito cometieron porque, en este segundo supuesto del financiamiento ilícito, el de las contribuciones anónimas, solo lo cometen quienes las reciben, no existiendo pena alguna contemplada para quien las dé, ni se tipifica delitoalguno por darlas: por contribuir con el propio dinero.

Exonerados, pues, están también de toda culpa en este segundo supuesto si lo que hicieron fue dar y no recibir, como –en efecto– fue.

Me imagino que fueron asustados los empresarios con el petate del muerto, ya que una pena de prisión de 4 a 12 años inconmutables, no son moco de pava y esta es la pena establecida por la ley en ambos supuestos. Confesar como delito, hechos que no lo constituyen, con el fin de evitar esas penas –aunque asusten– no me parece una decisión adecuada, ni justa, su prestigio manchado para siempre con tal de evitar penas que jamás se les hubieran impuesto, ya que no son constitutivos de delito los hechos confesados como tales: contribuir con dinero propio, proveniente de actividades lícitas, no constituye delito alguno.

El temor, en consecuencia (no me los puedo imaginar tomando en cuenta los recursos de que disponen y la excelencia profesional de que se pueden asistir, desconocedores del Derecho) no puede haber sido el temor de las penas –penas que jamás se les podrían imponer, inexistente el delito– sino el de la prisión preventiva, usada esta como se usa entre nosotros: en prisión preventiva un par de años, aunque jamás se les condene.

Por lo visto no solamente se les pintó un chaleco, sino que, además, se les sometió a chantaje: o confiesan como delito hechos que no lo constituyen o prisión preventiva, a nuestra usanza ¿Qué prefieren?

Si en el caso concreto no incurrieron en delito de financiamiento electoral ilícito los empresarios –no pueden incurrir en este delito aquellas personas que DAN dinero de procedencia lícita– tampoco las autoridades del partido de que se trata, puesto que las contribuciones no eran anónimas (¿acaso no existen estos empresarios?) ni había ninguna obligación de registrar en el libro contable de la organización política, lo no recibido.

Los recursos de los empresarios se habrían canalizado directamente –sin partido de por medio– en cuanto a la recepción y manejo de los mismos a los cuidadores de las mesas electorales, tal y como que si los propios cuidadores se hubieran financiado a sí mismos, o con recursos de familiares o de amigos, siendo un asunto que cambie los hechos que hayan sido de terceros.

Las ocurrencias de los legisladores en materia electoral y del propio Tribunal Supremo Electoral han sido nefastas, incongruentes, invadiendo –incluso– lo penal y ¿saben una cosa?, con esas ocurrentes normas, persistente el monopolio de los partidos políticos para nominar candidatos, los distritos electorales inmensos y los listados, nos enfrentaremos a las próximas elecciones generales, cuya convocatoria se realizará en enero. (Como dirían las señoras y señores de “enantes”, que esas elecciones –aprisionados como estaremos en lo mismo– ¡nos agarren confesados!). La tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, segundo supuesto, tipificación dentro de la cual quisieron encajar los empresarios su conducta –no encaja– es de lo poco acertado, en cuanto a las nuevas normas electorales sancionadas penalmente: clara y tajantemente se refiere a quienes RECIBEN contribuciones y no a quienes las dan, de sus propios lícitos recursos.

La confesión de los empresarios arrastra necesariamente a sus entidades dada la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su responsabilidad civil solidaria, por lo que debe ser muy reflexivamente sopesada por los mismos: si no cometieron delito alguno ¿por qué confesar, como tal, hechos que no lo constituyen?

Y cierro, así:Aunque parezca mentira, antes pidieron perdón los empresarios por un financiamiento ilícito que no cometieron, que los asesinos de la insurgencia armada –y de la contrainsurgencia– por los crímenes y asesinatos que sí perpetraron.

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Respetemos las religiones

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Leonel Guerra Saravia
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Siddhartha Gautama, más conocido como Buda (563 – c. 483 a.C.), fue, según la leyenda, un príncipe hindú que renunció a su posición y riqueza, para buscar la iluminación de perfección espiritual y alcanzó su objetivo, al predicar su camino a otros, fundó el budismo en la India en los siglos VI-V a.C. Buda enseñó un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto, común en región de la India.

Su camino espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas y atención plena. El Buda también criticó las prácticas de los sacerdotes brahmanes, como el sacrificio de animales.

Murió en Kushinagar, alcanzando el paranirvana. Desde entonces ha sido venerado por numerosas religiones y comunidades a lo largo de Asia, fue un príncipe de Kapilavastu, meditador, ermitaño y maestro espiritual, vivió durante los siglos VI o V a. C. (según algunos expertos, específicamente en el año 563 a. C.) Sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo, y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado que enseñó un camino hacia el Nirvana, era desaparición o extinción, la liberación de la ignorancia, el apego, el renacimiento y el sufrimiento.

La práctica del budismo varía en todo el mundo desde la India, donde se originó, hasta China, Japón y el sudeste asiático.

Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos cuarenta años. Su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento.

Sin embargo, en un simposio que sobre este tema tuvo lugar en 1988, la mayoría de los que presentaron sus opiniones definitivas dieron como fechas un periodo que puede encontrarse en el 400
a. C., restando o sumando veinte años, como la fecha aproximada de la muerte del Buda.

No obstante, estas cronologías alternativas aún no han sido aceptadas por todos los historiadores. Buda es un nombre honorífico con contenido religioso que se aplica a quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual.

En el marco religioso indio en donde se desarrolla el budismo, este despertar implica un estado de tranquilidad mental.

El Mahajima Nikaya dice que el Buda tenía más poderes sobrenaturales incluidos ser capaz de caminar sobre el agua (anima), multiplicarse en un millón y volver a ser uno solo (pratkipa), viajar a través del continuo del espacio-tiempo (brahmana), hacerse grande como un gigante y pequeño como hormiga.

¿Qué países adoran a Buda? La práctica del budismo varía en todo el mundo desde la India, donde se originó, hasta China, Japón y el sudeste asiático.

El budismo está de acuerdo con las enseñanzas morales de otras religiones, pero el budismo va más allá al proporcionar al practicante un propósito a largo plazo dentro de nuestra existencia con un sentido a la vida, a través de la sabiduría y la verdadera comprensión al prójimo y a las acciones cotidianas.

El budismo es la religión, la filosofía, y discutiblemente la psicología, desarrollada a partir de las enseñanzas difundidas en el norte de la India. Buda no es ni un dios, ni un mesías, ni un profeta, y el budismo no postula sobre un creador.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Intendencia de Seguros SIB

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Saulo De León Durán
Superintendente de Bancos
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En la actualidad, la Superintendencia de Bancos tiene a su cargo la supervisión y vigilancia de 27 compañías de seguros, siete de las cuales son, total o parcialmente, de propiedad extranjera.

La actividad de las compañías de seguros nutre una extensa red de intermediarios de seguros, constituidos por agentes de seguros dependientes e independientes y corredores de seguros.

Es decir, se trata de todo un sistema económico orientado a proteger a los agentes económicos contra diversos riesgos: los de seguro de vida y los seguros de daños, que incluyen los de accidente personales, de salud, de hospitalización y de caución.

En atención a la creciente importancia del sector asegurador y reconociendo que se trata de un modelo de negocios y exposición a riesgos diferente al de los bancos, y que también requiere personal capacitado y especializado, la Superintendencia de Bancos creó en el presente año la Intendencia de Supervisión de Seguros.

La Intendencia de Supervisión de Seguros tiene a su cargo la supervisión de las entidades de seguros sujetas a la vigilancia e inspección de la SIB conforme lo establece la Ley de Supervisión Financiera, la Ley de la Actividad Aseguradora, la normativa prudencial y demás disposiciones legales aplicables; y administrar los registros de la actividad aseguradora, así como proponer la normativa correspondiente aplicable a las entidades de seguros.

”La SIB tiene a su cargo la supervisión y vigilancia de 27 compañías de seguros.“

Para ello, la Intendencia está organizada en dos departamentos: el Departamento de Supervisión de Riesgos de Seguros y el Departamento de Registros y Normativa de Seguros.

El primero ejerce la supervisión de las entidades de seguros y del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), conforme a las facultades y funciones establecidas en la ley, en tanto que el segundo, administra los registros de la actividad aseguradora y realiza las investigaciones y análisis para desarrollar normativa prudencial relacionada con el sector.

En los últimos años, el sector asegurador de Guatemala ha registrado un importante crecimiento. Comentamos en una columna anterior que las primas netas, la medida convencional de los ingresos del sector, alcanzaron 11 mil 616 millones de quetzales en 2023, con lo que aumentaron 13.3 por ciento con respecto al año anterior.

El ramo más dinámico fue el de daños el cual creció 16.6 por ciento, seguido de vida que se expandió 13.5 por ciento. Por su parte, salud y hospitalización aumentó 10.7 por ciento, en tanto que caución disminuyó 6.4 por ciento.

Las primas netas en 2023 alcanzaron el 1.45 por ciento del producto interno bruto, un incremento importante con respecto al 1.39 por ciento observado en 2022 (10 mil 255 millones de quetzales de primas netas) y el 1.36 por ciento de la producción en 2021 (9 mil 047 millones de quetzales en primas netas).

Aun así, el grado de profundización de los seguros en Guatemala es relativamente bajo, de hecho, uno de los más bajos en Latinoamérica.

Estamos convencidos de que el fuerte crecimiento que ha experimentado este sector en los últimos años se mantendrá en el futuro, en parte por el interés y reconocimiento público acerca de la necesidad del seguro en el transporte público, el seguro médico escolar, la cobertura de los motoristas y demás vehículos que circulan en el país.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Acelerando la Agenda 2030: digitalización, innovación y la Gestión Pública Justa y Equitativa

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Giuseppe Mancinelli

El 2024 marcará un punto crucial para América Latina, con ocho países renovando democráticamente a sus autoridades ya sea a nivel federal o local. Los nuevos gobiernos, con mandatos que se extenderán hasta 2028 o 2030, se embarcarán en una carrera contra el tiempo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

El panorama actual es desafiante. Hemos pasado ya la mitad del camino hacia 2030, y el Informe de Progreso de los ODS revela que más del 50 por ciento del mundo se está quedando atrás.

Los avances en las metas de los ODS son insuficientes, y el 30 por ciento de ellas están estancadas o han retrocedido. El Secretario General de la ONU, António Guterres, advierte: “Si no actuamos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que podría haber sido”.

En Unops, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, identificamos dos áreas clave para la aceleración de la Agenda 2030.

La primera es un uso eficiente de los recursos públicos, mediante la Gestión Pública Justa y Equitativa (GPJE), que con base en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, pueda lograr un mayor valor por el dinero en las compras públicas.

Hemos pasado ya la mitad del camino hacia 2030, y el Informe de Progreso de los ODS revela que más de 50 por ciento del mundo se está quedando atrás.

Y la segunda que ha sido identificada por el Grupo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el documento las Seis Transiciones: Caminos de Inversión para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la transformación digital justa, a través de la conectividad digital, la innovación y la digitalización como puntos de entrada clave para la transformación planetaria que buscan los ODS.

La tecnología puede mejorar la eficiencia de la inversión pública, la provisión de servicios públicos y la transparencia.

En un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, la innovación, digitalización y la tecnología no pueden quedar relegadas de los nuevos programas de gobierno. Es fundamental modernizar las regulaciones y fomentar la educación tecnológica para asegurar que la digitalización beneficie a todos los ciudadanos.

Por otro lado, el mundo de la Gestión de Proyectos está evolucionando hacia una Transformation Management Office (TMO), reemplazando la visión tradicional de Project Management Office (PMO).

La TMO impulsa la transformación completa de las instituciones públicas y privadas, utilizando la tecnología como eje de cambio.

Este enfoque representa un compromiso con la innovación, la eficiencia y la transparencia, preparando a las instituciones para enfrentar los desafíos futuros y alinearse con los objetivos globales de desarrollo.
Otro cambio en temas de infraestructura es la incorporación de la metodología del Modelado de Información en la Construcción (BIM, por sus siglas en inglés).

La incorporación de BIM en la infraestructura mejora la planificación, diseño y gestión de proyectos, facilitando la colaboración entre stakeholders y optimizando recursos.

Este cambio marca un avance hacia la construcción inteligente, enfatizando la importancia de adaptarse a metodologías innovadoras para el futuro de la infraestructura.

La ONU ha experimentado cambios significativos internamente a nivel mundial, como la iniciativa ONU 2.0, promovida por el Secretario General para avanzar en la Agenda 2030.

Esta iniciativa busca modernizar el sistema de las Naciones Unidas, rejuvenecer su cultura hacia el futuro y equiparlo con habilidades de vanguardia adecuadas para el siglo XXI.

Esto implica desarrollar una especialización digital para transicionar hacia soluciones digitales que mejoren la conectividad, los servicios, la colaboración y la toma de decisiones.

El 2024 representa un punto de inflexión. Es hora de que los gobiernos de América Latina, en colaboración con el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, adopten un enfoque innovador,digital y transformador para alcanzar los ODS.

La tecnología, utilizada de manera responsable, ética y transparente, puede ser un aliado invaluable en este camino hacia un futuro más próspero y sostenible para la región.

Colaborador DCA
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