Las tachas

Tiene que ser para cualquiera un gran honor y lo ha sido para mí, sin duda, que habiendo destinado más de 20 años de mi vida profesional al servicio público; juez, Delegado de Guatemala a diferentes períodos de sesiones de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público, Procurador General de la Nación, embajador y representante de Guatemala ante diversos Organismos Internacionales y más de 25 al servicio del sector privado en mi propia oficina, apoderado y mandatario de varias empresas –casi 50 años– expuesto como lo he estado ante la opinión pública, incluso con dos campañas presidenciales, ninguna tacha se me haya hecho por un mal manejo de recursos en el desempeño de los cargos, ni por mis sentencias y dictámenes.

Fueron tres, las únicas tachas que se me hicieron en el proceso de postulación al que decidí someterme para optar al cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. La primera tacha se trata más bien de un “impedimento” señalado por tres estimadas señoras que sostienen que lo constituye el ser padre del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, lo que no constituye tacha alguna. Los impedimentos los establece la ley, y así, no puede ser Ministro de Estado el pariente de otro ministro de Estado ni pueden serlo los parientes del Presidente o del vicepresidente de la República. No existe impedimento alguno, por el contrario, para que pueda ser fiscal general de la República el pariente de un ministro de Estado, como tampoco para que pueda serlo el presidente de la Corte Suprema de justicia, el presidente de la Corte de Constitucionalidad o que puedan serlo jueces, magistrados, Procurador de los Derechos Humanos, contralor general de Cuentas o procurador general de la Nación.

En mi mandato como procurador general de la Nación y jefe del Ministerio Público (1991) hubo quien quiso ver impedimento porque mi prima hermana era ministra de Educación Pública e incluso planteó acción de inconstitucionalidad en contra de mi nombramiento, pero la Corte de Constitucionalidad –pronunciada ya al respecto– la declaró sin lugar. Las mismas estimadas señoras, ya no como “impedimento”, sino como “observación”, señalaron su parecer en cuanto a que podría darse un conflicto de intereses ya que, según ellas, habría una investigación de la CICIG en torno suyo (investigación que, si la hubiera, nada tendría que ver con la función pública que ejerce sino con el manejo de su propio dinero) siendo lo cierto que lo que hay es una acusación que mi hijo ha hecho en contra de un colaborador ineficaz que habría mentido y engañado al Ministerio Público y CICIG, confesándoles uno de los delitos que había cometido, pero ocultándoles los otros e incurriendo en delito en la propia declaración prestada.

En un allanamiento –por cierto– no se busca necesariamente algo en contra del propietario del lugar que se allane. En todo caso, respondí la tacha señalada por las estimadas señoras en cuanto a posible conflicto de intereses de mi parte ilustrándoles con la existencia de la institución del fiscal Especial, institución contemplada en el artículo 11 numeral 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y a la que puede acudir el fiscal general en el caso de cualquier conflicto de intereses, designándose un fiscal especial, absolutamente independiente –para atender el caso– del fiscal general. Me permití ilustrarles, igualmente, en cuanto a que el presidente Kennedy, en los Estados Unidos de América, nombró como fiscal general, Attorney General, a su propio hermano, el abogado que más confianza le inspiraba como representativo de su mandato, el mandato puesto en sus manos por el pueblo y que la fiscal general Janet Reno, cuando se dio el caso Monica Lewinsky, caso que involucraba al presidente Clinton que la había designado, acudió al nombramiento de un fiscal especial, independiente.

La segunda tacha fue interpuesta por otro estimado señor, en su calidad de auditor social, auditoría social tan mal ejercitada que se sustentaba en la falsa información servida por Nomada, Sociedad anónima, propietaria de un medio digital, que confundió la entidad SIGMA CONSTRUCTORES, involucrada en un proceso penal y con la que jamás he tenido relación alguna con entidad no guatemalteca del mismo nombre y de la que orgullosamente fui mandatario hace diez años, líder en el mercado de cajas y empaques. Pobre “auditoría social” y pobre “periodismo” puestos al descubierto, pruebas en mano, en la refutación de la tacha. La tercera tacha, que fue presentada por ocho estimados señores y señoras y por un colega que, a mi requerimiento –y tras el debido proceso– fue condenado por el tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala por mentir, precisamente sobre este tema, se sustentaba en sentencias emitidas por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en procesos de los que no fui parte, con la pelegrina pretensión de que me pudiera vedar el derecho constitucional de acceder al cargo sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante tribunal competente y preestablecido, pretensión sustentada en una poco afortunada ocurrencia “legislativa” de la propia Comisión Postuladora.

Bochornoso caso en la historia, esta tacha, que señoras y señores defensores de derechos humanos los violen para hacerlo, algo así como aquellos que decidieron combatir el delito con delitos y se hicieron, igualmente, delincuentes. No fui parte de esos juicios y, si lo hubiese sido, no hubiera permitido, por ejemplo, que el Honorable Tribunal fuera sorprendido en su buena fe y permitiera que Jennifer Harbury, estadounidense que fingía ser esposa de Efraín Bámaca –jamás casado– se hiciera de millonaria indemnización, defraudando así al Estado de Guatemala (dinero que bien pudo servir para nuestros niños y enfermos), una defraudación que también intentó contra su propia patria, los Estados Unidos de América donde (no son allá, como nosotros, malinchistas) se rechazó de plano.

Destrozadas, pues las tres tachas, un honor, en verdad, que de mi cincuentenaria vida profesional –tan expuesta al público y a tantas vicisitudes–lirio en el pantano– tan solo estas tres, hayan podido presentarse. Para el futuro, si este sistema de Comisiones de Postulación persiste, sugiero que el lapso dado para tachas estuviera también abierto para reconocimientos positivos, superándose el negativismo que nos caracteriza y nuestro mal de la olla de cangrejos que en mi caso, al menos una de las señoras que señalaron impedimento, hubiera también reconocido con amplitud, salvo infamia –amor y aborrecimiento no quitan conocimiento– algunos de mis méritos, méritos a la hora de la verdad: a la hora, de rajar ocote.

Acisclo Valladares Molina