EDITORIALES
Las llamas dañan la biodiversidad
Los 109 incendios forestales que se mantienen activos en la actualidad dañan la biodiversidad, toda vez que arrasan los entornos de las diferentes especies que habitan en las miles de hectáreas afectadas; especialmente, las áreas protegidas de Semuc Champey, en Alta Verapaz, y Laguna del Tigre, en Petén.
La fuerza de los siniestros rebasa por mucho los esfuerzos de bomberos, guardabosques, soldados, ambientalistas y comunitarios que hacen frente a las llamas en los distintos focos registrados, aun a costa de sus propias vidas. De hecho, en el parque ecológico El Ceibal, ubicado en Sayaxché, Petén, perdió la vida recientemente el ingeniero y bombero forestal Laureado Velásquez.
Y, aunque en la mayoría de los incendios se supone que es provocada por las actuales condiciones climáticas, asociada a los efectos de la sequía causada por el fenómeno El Niño, las autoridades no descartan que en varios de los casos registrados pueda existir mano criminal, con la única intención de achacar al Gobierno una pobre capacidad de respuesta. Sin embargo, aunque los encargados del tema han presentado denuncias en algunos incidentes sospechosos, las investigaciones en torno de estas no han registrado avances.
De acuerdo con los registros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en el transcurso del año se ha tenido un total de 2 mil 314 siniestros, de los cuales 1 mil 862 son clasificados como forestales y los restantes 452, no forestales, y en su conjunto han consumido un total de 40 mil 700 hectáreas de terreno.
Hasta el sábado pasado, Petén tenia 63 incendios activos, seguido por Alta Verapaz, con 28, e Izabal, con 12. Además, en Quiché se reportaban dos incendios, mientras que Zacapa,
Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango, uno en cada departamento.
Para combatir las llamas se han empleado al menos 225 mil 920 galones de agua y realizado 706 operaciones aéreas con el apoyo del Ejército. Las estadísticas reportan que 616 están totalmente liquidados.
El impacto en la biodiversidad es incalculable; sobre todo, al tomarse en cuenta el informe técnico elaborado por la Asociación Centroamericana Centro Humboldt, el cual revela que los fuegos se han duplicado en la actual temporada (1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024), comparado con la anterior. El documento revela que más del 12 por ciento del territorio nacional, equivalente a 1.3 millones de hectáreas se ha visto afectado por las llamas.
La concepción es uno de los ciclos más maravillosos de los seres humanos. Muy similar a la satisfacción que se siente cuando se cierra la carrera intermedia o la universitaria. Tan ilusionante como la consecución del primer trabajo o la compra de bienes muebles e inmuebles que evidencian el desarrollo y crecimiento propio o ajeno.
Sin embargo, la vida no siempre es justa. Nos dificulta cerrar etapas. A veces golpea con fuerza y nos pone en situaciones complicadas. En desventaja frente a nuestros contemporáneos. En ocasiones, se pierden los derechos y se obliga a adquirir compromisos que no se desean. Para los que no se está preparado.
El embarazo en niñas y adolescentes es uno de esos momentos difíciles, porque obligan a saltarse los procesos naturales de la vida. Complicado entender estas situaciones.
Aunque nos sean familiares. Pese a que podríamos haber sido o ser testigos de estos abusos. Porque hay que decirlo: la gestación de menores es una acción ilícita que debe perseguirse y castigarse. La impunidad torna imposible cerrar ese círculo perverso.
Pero intentemos ponernos en los pies de esas pequeñas y jóvenes de 10 a 17 años que resultan esperando bebé. De esas adolescentes a quienes se les detiene el derecho a realizarse como estudiantes y profesionales que, de repente, dejan de ser niñas y pasan a ser madres. Menores que no pudieron elegir su destino y se ven arrastradas a una convivencia que no quieren ni merecen.
Lamentablemente, Guatemala continúa llevando una carga muy pesada en este sentido. Los registros de embarazos en niñas y adolescentes siguen preocupando. El más reciente reporte del Observatorio de Salud Reproductiva, agosto 2024, consigna 38 mil 488 embarazos y nacimientos, de los cuales 1 mil 298 fueron concebidos por niñas de 10 a 14 años.
Números oficialmente registrados, que reflejan tiempos que hay que revertir. Como lo expresó la presidenta en funciones, Karin Herrera, en su visita a Huehuetenango, el departamento con el segundo mayor índice en este tipo de casos. Este es un compromiso de todos, un problema intolerable. Que obliga a actuar. A tomar acciones urgentes.
La justicia prevalece y permite avanzar en la lucha contra la corrupción. El presidente Bernardo Arévalo ganó la batalla. La Corte de Constitucionalidad (CC) cede y termina dándole la razón, no sin que antes tres de sus magistrados suplentes perdieran el derecho de ingreso a Estados Unidos. El máximo tribunal acepta que el mandatario y su equipo legal estaban en lo cierto.
La resolución de la CC tiene implicaciones que trascienden lo legal. Abarca lo moral y ético. Es, en dos platos, un paso más en el largo y espinoso camino por limpiar las instituciones públicas. Otro avance en la cruzada contra la corrupción impulsada por Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.
Recordemos esta historia. El 8 de febrero pasado, el Gobierno decide remover al presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal Chew, y a su suplente, Luis Suárez Roldán, señalados de vínculos con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Contra el primero se presentaron pruebas de que había mentido cuando presentó documentos que, supuestamente, justificaban que tenía 10 años de experiencia en el sistema bancario, un requisito indispensable para optar al cargo.
Dieciocho días después, la CC ampara a Mondal y a Suárez y ordena su regreso al Bantrab. El 22 de mayo, el Gobierno vuelve a destituirlos, pero el 11 de julio tres magistrados suplentes de la CC los reinstalan.
En el ínterin, el 22 de agosto, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, anuncia el retiro de la visa a una persona del sector financiero local. El 3 de septiembre de 2024, la administración de Joe Biden cancela los permisos de ingreso a esa nación de tres magistrados suplentes de la Corte.
Aunque en ningún momento las autoridades norteamericanas citan nombres. Basta sumar. Lo que sí quedó claro es la razón de las sanciones: “Socavar la democracia y el Estado de derecho de Guatemala”.
Los nuevos nombramientos en el banco aumentan la esperanza por un futuro prometedor. Muestran que se va por el camino correcto. Pero, también, abren la puerta para descubrir la podredumbre que se gestó en esa institución bancaria. La razón para obstaculizar esta batalla contra el latrocinio.
En su primer discurso como Presidente ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bernardo Arévalo habló claro y directo. Valoró el surgimiento de esta nación joven. Creativa. Alegre e inquieta.
Aplaudió a los pueblos mayas, mestizo, garífuna y xinka que no se callan ante las injusticias. Que rechazan y evidencian a los corruptos. Elogió el papel asumido por la ciudadanía, que detuvo el intento de las mafias de irrespetar la voluntad popular manifestada en las urnas.
Durante su intervención, el dignatario alabó los cambios sociales que empiezan a surgir en el país. En especial, después de la batalla emprendida contra el saqueo de fondos públicos. Un sistema perfeccionado por la administración anterior para cooptar al Estado y hundir a Guatemala.
Recordó ese pasado autoritario, represivo, del cual esta nación se está liberando. Un pasado reciente promovido por delincuentes que siguen libres, porque permanecen protegidos por un sistema de justicia tomado, que cuida a los malhechores, pese a las múltiples denuncias que se han presentado. Querellas que señalan nombres, cargos y hasta montos presuntamente hurtados.
El gobernante guatemalteco también renovó sus convicciones sobre migración y medioambiente. La primera relacionada con la protección de los connacionales en el extranjero, pero también de quienes pasan o permanecen en el país. Defendió el derecho de todos a una migración inclusiva. Digna, que prioriza el respeto de sus derechos humanos.
En cuanto al ambiente, vale resumir su creencia de que es el principal desafío global, porque pone en riesgo las presentes y futuras generaciones. Sus pedidos a no olvidar e ignorar los conflictos internacionales también llamaron a la reflexión, en especial, porque afectan la paz y la seguridad mundial.
La disposición del Ejecutivo de resolver, pacíficamente, el diferendo territorial con Belice es otra evidencia del nuevo enfoque de gobernar que impera en el país. Una visión juiciosa, paciente, que suma, que el mundo escucha y respeta.
