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OPINIÓN

Las diferencias por el salario

Grande es el trecho entre las pláticas en mesas y las tareas en los puestos de trabajo.

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Grande es el trecho entre las pláticas en mesas y las tareas en los puestos de trabajo.

Muy simbólica es la fotografía de un viceministro de Trabajo rodeado, aplaudido y abrazado por dirigentes sindicales después de explicar por qué no firmó un acuerdo gubernativo.

Igual de llamativa es la rúbrica de un conocido asesor patronal que en calidad de autoridad suscribe la implantación de “salarios diferenciados” en 4 municipios, acción bien recibida en el ámbito empleador.

En ese marco, desde unos espacios de la sociedad se rechaza frontalmente la normativa, y en contraposición, desde otros se celebra lo suscitado en torno de Masagua, Escuintla; Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, y Estanzuela, Zacapa.

Quienes rebaten fijar en Q1,954.95 la remuneración en las circunscripciones aludidas, esgrimen, entre otros argumentos, que la cantidad está por debajo del salario mínimo que rige en todo el país.

De su lado, los que respaldan lo resuelto mencionan que es la puerta para inversiones y plazas en una zona débil en la generación de relaciones laborales formales.

Vale apuntar que la iniciativa nació hace año y medio a propuesta de los alcaldes respectivos; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional un salario que no cubría la canasta básica, situación que se corrigió y permitió que la semana pasada se publicara una escala modificada.

Pero como es usual, toda decisión en nuestro país toca intereses y divide o hasta polariza las opiniones, de manera que las actuaciones del Ministerio de Trabajo causaron un cortocircuito y encendieron las pasiones.

Ahora bien, es importante anotar que un salario jamás será justo, en especial un mínimo que en Guatemala ha equivalido a máximo, pero no puede obviarse que tener un ingreso es esencial; tampoco debemos ignorar que históricamente las remuneraciones en distintas esferas se han dado sin respetar las leyes.

Oportuno sería que a las voces críticas y a las expresiones favorables se antepusieran las de los vecinos de los 4 municipios, a fin de saber qué ganan y qué pierden con garantizar una retribución cercana a los Q2 mil, es decir, cómo están y cómo podrían estar.

Sin una “tomografía” del área, sus condiciones y perspectivas, fácil es asegurar que se violan derechos, se propician privilegios o estimula el desarrollo, planteamientos hasta cierto punto etéreos, los cuales ameritan de traducirse en situaciones concretas.

Y es que para poder hablar de si son Q700 menos respecto del salario mínimo nacional, de casi Q2 mil palpables o de Q2,700 que jamás se verán, es preciso conocer qué viene en realidad para esta región, qué brinda en recursos y mano de obra, y qué ofrecen los inversionistas más allá de aportar la nómina. Claro, también queda la vía de la CC cuya participación podría bajar el telón a las discusiones.

Héctor Salvatierra
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OPINIÓN

Gestión por resultados (II)

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Juan Francisco Leal

El objetivo de la Gestión por resultados en las instituciones públicas es lograr la creación de valor público. Los elementos fundamentales de la Gestión por resultados son: a) La generación de valor público; b) La noción de causalidad; c) Los pilares o componentes de Gestión por resultados; d) la medición de los resultados. El concepto de valor público, creado por Mark Moore en su libro Gestión Estratégica y Creación de Valor en el Sector Público, es especialmente dirigido a gerentes públicos dentro de las entidades estatales y busca promover enfoques más emprendedores o gestores, para que los gerentes públicos apliquen nuevas estrategias que generen valor público. 

El valor es una cualidad que se confiere a las cosas, hechos o personas con base en una apreciación, ya sea positiva o negativa, la cual está sustentada en el beneficio o utilidad que obtenemos de ellas.

Generalmente, el valor se encuentra en la conciencia o la subjetividad de las personas, pero se vuelve objetivo cuando todos o un grupo grande de personas tiene la misma apreciación de los beneficios que se logran obtener de un servicio o de un bien. El valor se convierte en público cuando es de carácter colectivo, es decir, cuando la percepción del beneficio o la utilidad es de todos o de un buen grupo de ciudadanos. Inicialmente, el concepto de valor público se origina en las empresas del sector privado, pues a través del trabajo gerencial se logra al vender productos que permiten obtener ganancias y, así, se está creando valor privado.

El valor se convierte en público cuando es de carácter colectivo, es decir, cuando la percepción del beneficio o la utilidad es de todos.

En el ámbito de la dirección estratégica de las empresas, se define a la creación de valor como el principal objetivo de las sociedades mercantiles y su razón de ser, pero actualmente algunas empresas utilizan el concepto de valor compartido.

La creación del valor compartido es una propuesta creada por el profesor de Harvard, Michael Porter, mediante la cual se propone al mundo empresarial renovar sus procesos y actividades de negocios, propone el valor compartido como la herramienta empresarial que permite la búsqueda constante de obtención de cuantía económica, que a su vez dé lugar al beneficio de otros agentes de la economía; en específico, se trata de un compromiso con la sociedad que lo rodea para alcanzar un crecimiento sostenido.

Colaborador DCA
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OPINIÓN

Guatemala en ruta hacia el desarrollo sostenible

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El Informe de ONU Guatemala 2020 superó expectativas, aun en medio de pandemia, contribuimos de forma importante al esfuerzo nacional de no dejar a nadie atrás.

El Informe de Resultados 2020 del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala recoge el apoyo brindado a través de sus diferentes agencias, fondos y programas, las cuales reorientaron sus acciones y movilizaron recursos para responder al Covid-19, en tres ámbitos: salud, asistencia humanitaria y recuperación socioeconómica.

En respuesta al Covid-19, el SNU brindó apoyo al Estado en el desarrollo e implementación de su Plan para la prevención, contención y respuesta a casos de Coronavirus (Covid-19) en Guatemala, se elaboró e implementó un Plan de Respuesta Humanitaria, movilizando recursos por US $18.6 millones en los sectores de seguridad alimentaria y nutrición, agua y saneamiento, salud, educación, y protección, beneficiando a un total de 3.5 millones de personas. Mediante cooperación las 5 áreas programáticas bajo el Undaf que finalizó en 2020, se contribuyeron a las prioridades nacionales de desarrollo, al mismo tiempo que se contribuyó al avance en los ODS, habiendo invertido US $105.7 millones.

Estamos listos para seguir acompañando a Guatemala en su ruta hacia el desarrollo sostenible.

En el área Desarrollo Inclusivo y Sostenible se implementaron iniciativas de desarrollo económico local, de conservación de recursos naturales y de resiliencia ante el cambio climático; se fortaleció la recuperación económica de las mujeres. En el área de Desarrollo Social se lograron avances en el acceso a servicios integrales de salud primaria y el equipamiento para mejorar los servicios de salud, incluyendo el Covid-19; se brindaron servicios nutricionales esenciales bajo la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición; se apoyó la continuidad del aprendizaje y el acceso a la alimentación escolar de 2.5 millones de estudiantes; se entregaron transferencias en efectivo para asistencia alimentaria a miles de hogares en 5 departamentos.

En el área Sociedad Segura y Libre de Violencia, sobresale la articulación entre sociedad civil e instituciones municipales para implementar estrategias de prevención de la violencia. En el área de Justicia para todas las Personas, se fortaleció el Ministerio de Público y sus capacidades técnicas e institucionales para investigación, persecución penal de casos y de graves violaciones de los derechos humanos, capacitación de jueces y fiscales para el combate de la violencia contra las mujeres.

Por último, en el área Sociedad Multicultural y Diversa se enfatizó en la protección de derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente pueblos indígenas, personas viviendo con VIH-Sida, personas LGBTIQ y personas con discapacidad. En 2020 se formalizó alianzas estratégicas con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) para el tema de movilidad humana, con la Contraloría General de Cuentas para temas de transparencia y rendición de cuentas, así como también con el sector privado como es el caso de Empresarios por la Educación.

La elaboración y suscripción de parte del Gobierno de Guatemala y de las Naciones Unidas del Marco Estratégico de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 (MC) fue un logro fundamental del 2020, gracias al trabajo conjunto que realizamos, liderado por Segeplan y la Oficina de la Coordinación Residente, se logró un alto nivel de participación y apropiación de parte de las instituciones gubernamentales, lo cual permitió el alineamiento de este Marco con el Planid y la Política General de Gobierno, identificando desafíos, áreas programáticas con sus objetivos y estrategias de intervención, junto con la identificación de las poblaciones prioritarias.

Como SNU estamos listos para seguir acompañando a Guatemala en su ruta hacia el desarrollo sostenible y lograr así una sociedad con igualdad, inclusión y dignidad para todos y todas. 

Rebeca Arias Flores
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El etiquetado de alimentos despierta polémica (y II)

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Paganini sostiene que estos cambios cuentan con el aval del Ministerio de Salud y que, aunque están dispuestos a reunirse con organizaciones médicas y con parlamentarios, para él “ya es un tema cerrado” y es momento de fiscalizar. Aunque más adelante habría más exigencias, de momento no está estipulado cuándo se volverían a analizar los niveles. Los cambios sorprendieron a los integrantes de la Comisión de Salud del Parlamento y, por ello, hubo un pedido a las autoridades para que asistan a explicar las razones.

Al respecto, la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch cuenta que no tenían ningún tipo de información y, lo que más le llamó la atención es que viniera desde el Ministerio de Industria, porque “tiene repercusión sobre la salud de la población”.

Uruguay tiene un problema grave.

Si bien coincide con el etiquetado, para la diputada -que además es licenciada en Nutrición- tiene que haber un “abordaje multifactorial” sobre la alimentación, para que la población esté más informada. En tanto, la diputada del FA Cristina Lustemberg enfatiza que este proceso empezó en 2016, para dar respuesta a “un problema grave” que tiene el país vinculado a la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, que representan “ el 80% de la morbimortalidad”. Lustemberg sostiene que Uruguay tiene un problema grave, que se ha trabajado con múltiples organizaciones sociales, médicas, ministerios e incluso con empresarios que ya mejoraron “de forma notable” sus productos. “Con esta nueva rotulación de este nuevo decreto, que encima se anuncia tres días antes de la implementación, también la industria va a tener que adecuarse. Entonces, ¿cuándo vamos a tener los ciudadanos garantías de que lo que consumimos está en un proceso de fiscalización?”, cuestiona.

Según la diputada, el etiquetado no es ir en contra de la industria, sino a favor de la salud pública, y por ello quiere tener las respuestas técnicas de estas variaciones. 

Colaborador DCA
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