EN EL PAÍS
Las cinco claves para entender la controversial elección de magistrados de la CSJ
La elección de magistrados para las altas cortes en Guatemala se ha tornado controversial en medio de actores tachados de corrupción que buscan ingresar al Supremo, así como una ola de exiliados o presos por casos políticos.
Estas son las cinco claves del polémico proceso para elegir a los próximos integrantes de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones para el periodo 2024-2029 y que se ha convertido en una batalla por rescatar o mantener cooptado al Organismo Judicial de Guatemala.
1. El proceso de elección
El proceso de elección de magistrados del Supremo es responsabilidad de una comisión, que está integrada por cinco magistrados actuales, los decanos de derecho de las universidades acreditadas en el país, así como por representantes del Colegio de Abogados de Guatemala (Cang).
Esta comisión recibe los expedientes de quienes se postulan para los cargos, los califica según sus capacidades e idoneidad para conformar una lista de 26 candidatos de los cuales 13 serán nombrados como magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia por los diputados del Congreso. Además, la comisión debe nominar a 315 abogados para los más de 200 puestos disponibles para ser uno de los magistrados de salas de Apelaciones.
Este fin de semana, los comisionados deben terminar de calificar a los aspirantes para poder conformar la lista de candidatos, entregarla al Congreso y poder elegir a los nuevos magistrados antes del 16 de octubre, día en el que vence el periodo de las actuales autoridades del Organismo Judicial.
2. Una historia de amaños
En 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusó penalmente a una serie de magistrados, jueces y operadores políticos externos de crear un mecanismo de sobornos y estrategias políticas para amañar el proceso y así interferir en la lista de candidatos que sería enviada al Congreso.
La investigación identificó al abogado y empresario Roberto López Villatoro como el operador político encargado de hacer funcionar la estructura paralela que decidía la elección de magistrados.
Debido a esta situación, la elección de cortes se congeló en el Congreso durante cuatro años, dejando en un limbo la renovación del Sistema Judicial y permitiendo a magistrados señalados de actos de corrupción mantenerse en sus cargos.
3. Candidatos cuestionables
Esta semana, las organizaciones sociales que monitorean el proceso de elección denunciaron que la comisión de postulación está otorgando puntajes altos a actores señalados de corrupción, abriendo la posibilidad de que ocupen un puesto en las cortes.
El fiscal Rafael Curruchiche del Ministerio Público, señalado internacionalmente de haber intentado anular los resultados electorales en 2023, recibió una puntuación de 78 qué le permitirá entrar a la lista final para un puesto en salas de Apelaciones.
Además, una serie de jueces sancionados por Estados Unidos por fallos parcializados contra periodistas y fiscales anticorrupción recibieron notas altas y también podrán ser electos como magistrados.
4. Observación internacional
Una misión de la OEA que ha permanecido observando el proceso volvió a Guatemala para presentar este miércoles un informe preliminar sobre las incidencias de la elección.
Rossana Celorio, Rodolfo Piza y Luís Marrey son los enviados por OEA para presenciar este sábado próximo la votación definitiva de las comisiones de postulación.
5. Exilio y persecución
Bajo el actual funcionamiento de las cortes, decenas de periodistas, jueces y fiscales que llevaban casos de alto impacto han sido procesados, algunos enviados a prisión y otros obligados a exiliarse.
El periodista José Rubén Zamora fue apresado en julio de 2022 luego de lanzar fuertes críticas contra el entonces presidente, Alejandro Giammattei, y ahora el juez Jimmy Bremer, acusado de retardar el proceso contra Zamora, busca ser electo como magistrado de sala.
El pasado martes, el presidente Bernardo Arévalo pidió a las Comisiones de Postulación actuar con transparencia y aseguró que el país está en un “momento crítico” y el resultado de esta elección será determinante.
“Guatemala está con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela merece un futuro libre de violencia y persecución.
La democracia es la única vía”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, donde informó que sostuvo una llamada telefónica con Edmundo González y María Corina Machado, principales opositores de Nicolás Maduro.
Además, habló con sus homólogos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente.
Foto: @olenazelenska_official
Actuar urgentemente en la protección de la niñez pidió Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernardo Arévalo, durante su participación en la Cuarta Cumbre de Primeras Damas y Caballeros, en Kiev, Ucrania.
Peinado pidió unidad y utilizar esfuerzos conjuntos, con el fin de actuar por la seguridad, protección y bienestar de los menores, especialmente de los ucranianos. “Mi expectativa y contribución es que aumentemos la visibilidad y el sentido de urgencia, actuar ahora por la protección y bienestar de la niñez”, expresó.
Foto: PNC
En seguimiento al caso de dos ejecuciones extrajudiciales en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) reportaron la captura de tres personas.
Las detenciones se registraron ayer como parte de las investigaciones por la muerte del canadiense Milton Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, vecino del citado municipio, presuntamente a manos de agentes de la PNC de ese distrito, el pasado18 de abril.
Los aprehendidos son Jorge Alexánder Callejas Guerra y Josué Francisco Buch Cúmez, a quienes se les sindica de obstaculización a la acción penal, y Ángel Mario Roquel Sajbochol, por ejecución extrajudicial.
“Estos arrestos representan un avance significativo en la investigación, que tiene como objetivo no solo capturar a todos los implicados, sino esclarecer las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los crímenes”, detalla un informe de la PNC.
El incidente que desencadenó en esta investigación ocurrió en la citada fecha, cuando la Inspectoría General de la PNC detuvo a cuatro agentes, quienes fueron señalados por la supuesta comisión de actos de violencia que terminaron con la vida de las víctimas y dañaron la imagen de la Policía.
La intervención se realizó en la subestación 74-15 de San Andrés Itzapa, tras el reporte de un incidente en el interior del recinto.
Por el hecho, también está en prisión el inspector policial Edy Leonel Vásquez Rabanales, quien fue deportado el pasado 5 de agosto de Estados Unidos, a donde había huido luego del hecho contra el canadiense y el vecino de San Andrés Itzapa.
