El cierre prolongado de oficinas del Organismo Judicial (OJ) impacta el avance de expedientes en todo el país, según especialistas en derecho que advierten un deterioro sostenido en la respuesta institucional. La suspensión parcial empezó el 3 de noviembre, cuando la mitad del personal inició su descanso anual y volvió hasta el 3 de diciembre. El segundo bloque se retiró el 8 de diciembre y retornará el 12 de enero de 2026, período que incluirá descansos de fin de año y extenderá la inactividad.
Expertos señalan que la reducción de personal limita audiencias, resoluciones y notificaciones. Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, afirmó que se está “viendo una actividad judicial exageradamente lenta” y subrayó que la dilación se extiende a expedientes de alto impacto, incluidos procesos dirigidos contra operadores de justicia y comunicadores.
"Ya no es solo un problema administrativo, es una violación directa al derecho constitucional de los ciudadanos a una justicia pronta y cumplida”.
Maynor Berganza
Abogado del IIJS
Impacto
El abogado Maynor Berganza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales (IIJS), resaltó que el problema supera lo administrativo y afirmó que “es una violación directa al derecho constitucional de los ciudadanos a una justicia pronta y cumplida”. Añadió que la mora acumulada y las cargas laborales ya generan plazos vencidos, por lo que la ausencia de sustitutos agrava el atraso e incluso prolonga estancias en prisión preventiva. Propuso contratar personal temporal y crear un registro de profesionales capacitados para cubrir funciones durante los recesos. Se consultó con Comunicación Social de este alto organismo para conocer su postura, pero al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
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