Laberinto disfrazado de legalidad mantiene atrapada al alma mater

Al sistema cooptado y mafioso le faltaba resquebrajar uno de los mínimos y pocos bastiones del pensamiento crítico y de formación de conciencia social del país. Lo ha logrado desde dentro con la imposición de Walter Mazariegos en la rectoría de la Universidad de San Carlos (USAC) y la sumisión de un Consejo Superior Universitario (CSU) tan alejado de la academia como cercano al descrédito. Está claro que el pacto de corruptos ha convertido a la San Carlos en otro fortín de impunidad, en una máquina de poder político en detrimento del académico. A la dirigencia de la máxima casa de estudios de Guatemala ya no le interesa inculcar conocimientos, consolidar la democracia y el Estado de derecho. No, ahora desea, busca y procura poder, aunque ello implique acabar con casi 350 años de luchas y reivindicaciones sociales.

La rosca académica se enfrenta a una minoría opositora, valiente y activa, resistente a recibir órdenes de la dictadura judicial que procura entronizarse ilegítimamente y ser el Consejo que perdió lo superior y lo universitario. Estos cooptados integrantes saben que no están solos, que tienen al sistema podrido de su parte, a su lado. Ellos, como políticos, expresidentes y empresarios corruptos se mueven en la impunidad, bajo la tutela y protección de ciertos fiscales, jueces y magistrados. El actual CSU no solo persigue y castiga a la oposición; también desconoce la autoridad que sus críticos han ganado en las urnas. Manipula las reglas de juego y se aleja de un pueblo que ha puesto el pecho por su autonomía.

No es casual que la desobediencia a renovar el 73 % del CSU, como ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC), se haga con criterios poco claros, oscuros y vacíos, como argumentar que la toma de la casa de estudios, entre mayo de 2022 y junio de 2023, causó la pérdida de registros para convocar a procesos eleccionarios que saben perdidos. Es aquí donde cobra importancia la resolución que divulgó ayer la CC, que le ordena al juez que constate si el Consejo ha cumplido con renovar los cargos vencidos; caso contrario, lo conmina a apercibir y encausar a los responsables del incumplimiento, quienes, por cierto, no han necesitado balas ni secuestros para sembrar el terror en la comunidad estudiantil.