Pedro J. López C.
Subdirector Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y
Electrónico [email protected]
Una sociedad que adopta tecnologías avanzadas y las incorpora a sus procesos productivos, necesariamente atravesará la siguiente cuestión: ¿las nuevas tecnologías sustituirán la mano de obra? ¿La adopción de tecnologías creará desempleo? Para responder a este planteamiento primero debemos entender el concepto de productividad. En el sentido más simple, la productividad puede medirse por la cantidad de mercancías producidas, con determinada cantidad de insumos. Una sociedad será más productiva cuando aumente las mercancías generadas, usando la misma cantidad de insumos, y eso se logra con tecnificación de los procesos de producción. Las sociedades que añaden capital físico tecnológico a sus procesos productivos tendrán ventaja sobre aquellas que se resistan. El talento humano de la sociedad debe prepararse para usar el capital físico incorporado. ¿Te imaginas haciendo tu trabajo en una máquina de escribir? ¿Te imaginas utilizando un telegrama para comunicar información urgente? La tecnología no desplaza al talento humano, sino que lo fortalece, en la medida en que la sociedad la utiliza para ser productiva.
La tecnología no desplaza al talento humano, sino que lo fortalece, en la medida en que la sociedad la utiliza para ser productiva.
En ese contexto, la transformación digital del Gobierno es una necesidad. El aprovechamiento estratégico de las tecnologías se perfila como un vector decisivo para modernizar los servicios, disminuir los márgenes de corrupción, ampliar la transparencia y robustecer los mecanismos de democracia participativa. En el Plan Estratégico de Transformación Digital se marca la hoja de ruta que impulsa la modernización del Organismo Ejecutivo y fortalece la confianza pública. El Plan se fundamenta en ejes habilitadores y ejes centrales. Estos últimos se subdividen en Gobierno Digital, Economía Digital y Sociedad Digital. Los ejes sitúan la inclusión y la equidad en el centro, garantizando que todos los grupos sociales, en particular las poblaciones rurales y aquellas en situación de vulnerabilidad, accedan a servicios digitales pertinentes, de calidad y adecuados a sus contextos y necesidades.











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