La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció ayer que unos 80 contribuyentes han burlado el pago del impuesto al valor agregado (IVA) por más de 22 millones de quetzales al alterar datos en el Formulario y Declaración Única Centroamericana (Fyduca). Esta es una especie de factura electrónica utilizada hasta ahora para importar desde Honduras y próximamente de El Salvador.
Sin embargo, el jefe de la entidad, Marco Livio Díaz, dijo que el certificado se presta fácilmente para ser alterado y no coincidir con los productos que realmente se traen de Honduras.
Describió 14 tipologías de engaños descubiertos en 2024. Por ejemplo, algunos informaron que traían verduras, pero en realidad eran bebidas alcohólicas. Otros consignaron la mercadería que sí ingresa, pero adicionalmente ocultaron otras. En ese sentido, se detectó un caso en el cual el importador informó en el Fyduca que importaba 700 sacos de soya, pero en el contenedor traía maíz molido.
Elogian fiscalización
Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, reconoció el esfuerzo de las autoridades tributarias por el seguimiento que han dado a estas maniobras, las cuales, además de ocasionar pérdidas al erario, compiten de manera desleal con los productores nacionales. “Esto es contrabando técnico”, señaló.
“Hemos descubierto cosas tan burdas que, por ejemplo, manifiestan que han pagado en Honduras el equivalente a siete quetzales por quintal de maíz; es obvio que no puede ser ese valor”, expresó el ejecutivo empresarial. Según el encargado de la SAT, se ha dado seguimiento a las operaciones de riesgo. Este año fueron localizados 84 contribuyentes y otros 33 no localizados, quienes hicieron operaciones por 19.2 millones de quetzales. Por consiguiente, la entidad les suspendió la afiliación al régimen del IVA.
A la CC por caso B410
La SAT solicitó un amparo a la Corte de Constitucionalidad con el propósito de que se inmovilice el Número de Identificación Tributaria (NIT) de, al menos, 16 empresas implicadas en evasión fiscal por unos 300 millones de quetzales.
Estas son las del denominado caso B410, las cuales simulaban compras y ventas, incluso algunas son proveedoras del Estado. La Superintendencia les congeló el NIT, pero una sala judicial las amparó y la entidad tuvo que rehabilitarles este registro.
