La entidad ha logrado descubrir diversas modalidades para evadir el pago de impuestos
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha identificado una serie de modalidades utilizadas por contribuyentes para evadir el pago de sus obligaciones fiscales.
El último caso fue presentado el pasado miércoles. Este corresponde a una estructura organizada que habría defraudado al erario por unos 300 millones de quetzales.
Al menos 410 empresas con similitudes que incluyen a un mismo representante legal y socio, residente en Belice. Además, estas compañías fueron constituidas por un notario. Su modus operandi era comprarse y venderse entre ellas mismas, según Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la SAT. El descubrimiento llevó meses, mediante la realización de 32 auditorías.
Entre 2021 y 2023 este grupo habría facturado unos 5 mil 730 millones. También se estableció que varias firmas le han vendido bienes y servicios al Estado por unos 4 mil 342 millones de quetzales.
Pero este es solo es uno de los casos que ahora la entidad ha podido descubrir, gracias una serie de mecanismo digitales que le permiten ser más efectiva en sus labores. Por ejemplo, ya tiene control sobre los negocios de alojamiento que operan con la aplicación Airbnb, luego de solicitar el listado a la casa matriz de esta compañía los nombres de las personas que tienen estos negocios en el país.
Ingenio sofisticado
Con nuevas herramientas tecnológicas, que incluyen ahora la factura electrónica, la Superintendencia ha descubierto, entre otras formas de evasión fiscal, lo siguiente: emitir facturas con número de identificación tributaria (NIT) de personas fallecidas, extender estos mismos documentos al consumidor final por valores superiores a los 2 mil 500 quetzales, anular documentos tributarios a medianoche o consignar direcciones falsas de los contribuyentes.
También ha detectado la clonación de datos de establecimientos comerciales, declaraciones con costos y crédito fiscal reportados por importaciones a nombre de terceros, transferencia del código de autorización a nombre de otro contribuyente y constancias de adquisición de insumos recibidas (servicios prestados transportistas).
“Hacemos un llamado a las instituciones del Estado, al sector privado, a la sociedad civil y demás actores productivos para que no se dejen engañar por estos grupos, en menoscabo del fisco, pero también participando de manera desleal en sus actividades de negocios”, expresó Díaz Reyes.
