Sebastián Toledo
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Los organismos internacionales vinculados a la gestión de riesgos de desastres han venido impulsando en distintas acciones la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos de prevención, mitigación y recuperación. Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha formulado una estrategia de apoyo denominada Metodología para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Gestión Integral de Riesgos de Desastres en Hospitales (Ingrid-H), que empieza a impulsarse en Guatemala.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis) dictaron una capacitación sobre esta metodología a personal de seis hospitales. El objetivo es dejar la capacidad instalada en personas con discapacidad, técnicos y profesionales, para que se constituyan en formadores del recurso humano del sistema nacional de salud.
La metodología consiste en la implementación de medidas de accesibilidad en los centros hospitalarios, de tal manera que se garantice la participación y seguridad de los trabajadores y usuarios con discapacidad. Esta acción debe ejecutarse con los recursos que se tengan al alcance y con la intervención de todos los actores relacionados; es decir, que los costos y trabajos son mínimos.
A través de la implementación de la Ingrid-H, se plantea toda una estrategia de país.
En un informe alternativo elaborado por organizaciones de personas con discapacidad en 2021, en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Guatemala, se concluye que los centros de salud son inaccesibles. Tal preocupación también ha sido planteada en el contexto de la pandemia del Covid-19, por lo que este esfuerzo vendría a contribuir con la reducción de las dificultades.
La invisibilidad que han afrontado las personas con discapacidad durante la historia ha derivado en que las construcciones de infraestructura y fabricación de productos no las tomen en consideración.
De aquí las marcadas restricciones en los espacios de participación social en general; en este caso, como laborantes o usuarios de los centros hospitalarios. A través de la implementación de la Ingrid-H, se plantea toda una estrategia de país para garantizar la atención de este sector en los riesgos de desastres y emergencias en salud.
